Cesanteados en dictadura: el gobierno tendrá que explicar por qué no paga

La ministra de Educación, Mónica Silva, y su secretario de Derechos Humanos, Duilio Minieri; serán citados por la Comisión Legislativa de Derechos Humanos para que brinden precisiones sobre la demora en el pago de las indemnizaciones a cesanteados durante la dictadura.

Así lo estableció ese cuerpo especial que volvió a sesionar luego de casi un año de inactividad, aunque restan precisiones sobre la fecha exacta de comparencia de los funcionarios. La presidenta Silvia Paz (JSRN) reveló a “Río Negro” que podría concretarse luego del receso invernal.

Paz y el resto de los legisladores no tienen certeza sobre el motivo por cual existe incumplimiento con los damnificados dentro de la Ley N° 5.042. Esta norma aprobó en 2015 una indemnización, que será objeto de una segunda reglamentación por parte del Ministerio de Economía. Esto último estaría relacionado con que existen potenciales beneficiarios que no se encuadran en la norma por haber sido reincorporados.

Te puede interesar: Reclaman el pago a cesanteados de la última dictadura cívico-militar

Antes de tomar la decisión de convocar a Silva, el legislador Marcelo Mango (FpV) le pidió a Paz una respuesta bajo la amenaza de “iniciar acciones legales” por la demora, a lo que la legisladora oficialista, le respondió: “haga lo que quiera”.

El encuentro en el cuarto piso de la Legislatura rionegrina estuvo marcado por otros contrapuntos, ya que también Mango advirtió sobre las consecuencias que trae aparejado la inactividad de esa comisión.

Puso como ejemplo que días atrás fue violentada la vivienda de la dirigente de los derechos humanos, Noemí Labrune, y el expediente nunca fue tratado y si sigue atrasando un repudio de la Legislatura “el tratamiento pasará a ser una formalidad” frente a la tardanza.

Mango y Rodolfo Cufré (JSRN) cruzaron interpretaciones en torno al repudio por el asesinato del joven Rafael Nahuel en Bariloche. Antes de que sea enviado al recinto para formular la comunicación al Poder Ejecutivo Nacional, el legislador oficialista pidió que se cambie el verbo potencial de que “habría” sido perpetrado por personal de la Prefectura Naval en virtud de que el caso no cuenta con sentencia judicial firme.

Unos 300 cesanteados podrían cobrar y los expedientes más avanzados serían 62. A cada beneficiario le corresponderían unos 300.000 pesos.

La demora es esencialmente injustificada. Las respectivas Leyes de Presupuesto de Recursos y Gastos de los años 2017 y 2018 tenían prevista la partida correspondiente para las erogaciones que demandaran los resarcimientos establecidos en la Ley 5042”.

Legisladores del FpV sobre los atrasos del gobierno para cumplir con los cesanteados.