UPCN arremete contra la Ley de la Función Pública que le abrió la puerta a ATE

La seccional Río Negro de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) denunció ante la Justicia lo que consideró una “reforma ilegal” de la Ley de la Función Pública, y que permitió el ingreso de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) al Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).

El reclamo judicial fue plasmado con la presentación de un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) solicitando la inconstitucionalidad de la nueva Ley de la Función Pública, que es la Reforma de la Ley 3052 y sus anexos (el Estatuto General y Básico para el Personal de la Administración Pública; el Escalafón Provincial General y la Ley K 4294 de conformación del IPAP).

A criterio del gremio, el Estado provincial, como empleador, no puede intervenir en las controversias de encuadramiento sindical y hacerlo es una práctica desleal, y en ese marco, la UPCN considera que la nueva Ley de la Función Pública es “inconstitucional y fue sancionada sin respetar las leyes nacionales, violando los poderes cedidos al Congreso de la Nación”.

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Sostiene que “cuando existe una cuestión sindical, ésta no puede ser resuelta por el Poder Ejecutivo provincial ni el Poder Legislativo provincial, sino que es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el que “sin duda alguna, debe encargarse e intervenir”.

Además, profundiza los argumentos poniendo de manifiesto que la legislación dice que, tales cuestiones son facultad exclusiva y excluyente del Congreso de la Nación y, por consiguiente, es de aplicación la Ley Nacional de Asociaciones Sindicales.

La inconstitucionalidad denunciada violenta -a criterio de la UPCN- la condición básica de la representación y cuestiona al Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro que se instala como ‘representante de ATE’, cuando está vedado al empleador inmiscuirse en una situación de litigio de representatividad de los trabajadores de cualquier asociación sindical, promoviendo una reforma que no se encuadra en la Constitución Nacional, ley madre de toda la legislación y regulación del Estado de Derecho.