Río Negro desarticula el plan de tarjetas para los estatales
Río Negro Compras replanteó sus funciones y realizará servicios internos. Creada hace dos años, abandona su objetivo. Prevé casi 20 millones para el 2021, más los 17 millones ya erogados.
Noviembre del 2018, la Legislatura creaba Río Negro Compras y las tarjetas para estatales. Foto: Marcelo Ochoa.
La empresa rionegrina de tarjetas para estatales -Río Negro Compras- resolvió un “replanteo” de sus funciones y así el gobierno provincial desarticula su promocionado plan del financiamiento para los agentes públicos.
A dos años de su creación, el proyecto se diluye, sin ninguna concreción.
El trayecto exigió un costo del Estado de unos 17 millones de pesos entre el 2019 y el 2020 mientras la previsión para el 2021 está en casi 20 millones.
Para el nuevo año, Río Negro Compras tiene otro objetivo: “brindar servicios de soporte y/o asesoramiento a otras áreas provinciales, en materia administrativa, financiera y comercial.” Serán “convenios ad honorem”.
Esta sociedad se crea por la ley 5323, sancionada el 1 de noviembre del 2018, destinada a “un sistema de tarjetas de compra y/o crédito” para estatales.
El gobernador Alberto Weretilneck impulsó esa iniciativa, diseñada por el ministro Agustín Domingo. Era el inicio de la disputa con UPCN, que dispone de un sólido y estratégico sistema de compras y créditos.
En el 2019, Economía inició su armado aunque el desafío -según su presupuesto- estaba en el 2020. Pero, el gobierno de Arabela Carreras no compartía esa prioridad y, además, al poco tiempo, Domingo fue apartado del gabinete y el proyecto quedó huérfano totalmente.
El presupuesto 2021 de la empresa Río Negro Compras es escueto y bien general. Los formales apartados del presupuesto en relación a la “rentabilidad”, los “precios y tarifas”, y la “producción de bienes y servicios” son categóricos.
Esos párrafos plantean que “en base al contexto socio económico de la provincia, la empresa se ha visto expuesta a un replanteo de sus actividades para el año entrante”. Agrega que “por tratarse de servicios ofrecidos a dependencias del Estado provincial, accionista de Río Negro Compras SAU, los mismos estarán enmarcados en convenios de colaboración ad honorem”.
Luego se explica que la “estructura de gastos se reducirá a la mínima expresión” y se “mantendrá la dotación actual de personal” mientras “las funciones de asesoramiento legal, informática, limpieza y comunicaciones” serán tercerizadas.
Así, se prevé una planta de cinco personas, con un costo anual de casi 11 millones de pesos, y se consignan tres contratos de servicios, con una estimación de 3,3 millones de pesos.
El financiamiento se dará con “transferencias del Estado provincial, hasta tanto se define el rumbo comercial de la empresa”, concluye el presupuesto 2021, aprobado por la resolución de Economía N° 489, con la firma del ministro Luis Vaisberg.
En algún momento, el gobierno analizó destinar el pensado sistema a la operatividad de las actuales tarjetas sociales. Eso tampoco prosperó y la Provincia sigue contratando a Cabal para cumplir con ese servicio de carga y asignación de ayudas.
Inicio ya discutido
La creación de la empresa y el sistema de tarjetas tuvo un inicio discutido, no ajeno al proceso electoral del 2019.
La aprobación legislativa tuvo la resistencia de parte de la oposición, esencialmente por el entonces FpV.
Alejandro Palmieri, entonces presidente del bloque oficial, cerró la defensa, vaticinando que sería una “herramienta ágil” del Estado para “aportar otra alternativa financiera a los estatales”.
Las críticas partieron de Mario Sabbatella, de FN y P, habló de un proyecto “ vago”. Alejandro Marinao, que presidía el bloque de FpV, afirmó que la provincia “está ahogando a los estatales”, pues no existe límites en las retenciones. Ricardo Arroyo, del CFK Argentina, aludía que era una medida para castigar a UPCN.
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