Río Negro: luego de 17 años hay 600 jubilaciones a la deriva

LA REGIÓN

VIEDMA (AV).- Río Negro evalúa unos 600 trámites jubilatorios, y mientras tanto, sus beneficiarios no cuentan con un salario definitivo pese a cumplirse 17 años desde que se transfirió la Caja de Previsión Social a la Nación.

“Estamos haciendo revisionismo histórico permanente” para otorgar las justas prestaciones, admite el secretario de Hacienda e interventor de la Unidad de Control Previsional (UCP), Emmanuel Tobares.

La continuidad del análisis responde a que todavía se deben atender pedidos de rectificaciones. Hay retirados que consideran que no perciben lo que les corresponde, y temen que si el expediente definitivo sale de la Provincia, entran en riesgo de percibir menos dinero.

Paralelamente, los trámites destinados a verificar que desarrollaron tareas no reconocidas -en el haber de pasivos- se hacen engorrosos para los seis empleados que quedaron en la órbita de ese organismo dependiente del Ministerio de Economía de la Provincia.

Las razones para mantener con vida a la UCP son las causales de funcionamiento ante el atraso en expedientes, y que marcan la necesidad de convertir en definitivos los beneficios otorgados oportunamente como anticipos salariales jubilatorios.

Esa dependencia residual fue creada luego de que la administración Verani traspasara al Estado nacional -acuerdo mediante- su sistema de previsión social, con excepción del régimen jubilatorios policial, que todavía rige por la legislación provincial.

Las obligaciones de pago están a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) quedando de esta manera derogada toda la legislación previsional provincial.

El objeto del convenio con la Nación consistió en la delegación de la Provincia en favor de la Nación sobre la facultad de legislar en materia de retiros y el compromiso de abstenerse de dictar normativas de cualquier rango que admitan la organización de nuevos sistemas previsionales, generales o especiales, en el territorio provincial.

La Anses adeuda una buena punta de registros jubilatorios en estado de anticipo, que sometidos a visados de ley, están siendo resueltos por la UCP. Los beneficios previsionales en trámite son considerados como “pasivo eventual” y objeto de una auditoría específica que realiza la Anses.

Las gestiones apuntan a brindar seguridad jurídica, en razón de que una adecuada política de seguridad social sea asimilable a la política de bienestar que lleva a cabo el actual gobierno.

En la UCP han recibido planteos de antigua data, como el caso de un trabajador que inició su carrera en la administración pública en 1964 mediante contrato de locación.

A veces, para constatar las liquidaciones salariales sometidas a deducciones jubilatorias se debe recurrir al Archivo Histórico provincial. Allí se encuentran los contratos originales, lo cual “se transforma en un verdadero trabajo de hormiga”, reconocen. Con las sucesivas administraciones emigraron los especialistas, quedando por lo tanto, un puñado de empleados que conocen en profundidad la historia laboral de cada régimen, como puede ser docentes, legislativo o los administrativos enrolados en la Ley N° 1.844.