Rito estival

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Ya que estamos en vísperas de las vacaciones de verano, las que conforme a los pronósticos beneficiarán mucho al turismo nacional debido a que para los más será imposible costear un viaje al exterior, las autoridades impositivas de distintas provincias se han puesto a difundir anuncios presuntamente amenazadores sobre su próxima gran ofensiva contra la evasión que, insinúan, será incomparablemente más severa que las emprendidas en el pasado. Como es tradicional, los bonaerenses, seguidos por la DGI nacional, concentrarán sus esfuerzos en los centros turísticos de la costa atlántica por suponer que los comerciantes, dueños de restoranes y hoteleros de dicha zona son los más proclives a aprovechar las circunstancias para eludir sus obligaciones fiscales, pero es de prever que sus equivalentes organicen incursiones en otras partes del país, sobre todo en Bariloche y sus alrededores.

Pues bien: aunque ninguna persona honesta puede estar en favor de la evasión impositiva que, además de ser un flagelo que ha contribuido enormemente al colapso de las finanzas nacionales, es un síntoma evidente de la anomia social que es una de las características más llamativas de la Argentina contemporánea, es legítimo cuestionar el valor de estas campañas anuales. Es que lo mismo que aquellos operativos contra el hambre que sirven para que ciertos políticos se ufanen frente a las cámaras de televisión de su propia solidaridad pero que no producen cambios permanentes, hasta ahora las ofensivas contra la evasión no parecen haber logrado modificar nuestra «cultura impositiva». Por el contrario, al contribuir a brindar la impresión de que la severidad fiscal será un fenómeno pasajero y que una vez concluida la temporada los sobrevivientes podrán disfrutar de por lo menos nueve meses de tranquilidad, ayudan a consolidar la idea de que abonar los impuestos es algo que convendría hacer sólo en ocasiones muy especiales, no en tiempos normales. A pesar del aporte presuntamente mayúsculo de la informática que permite a las autoridades enterarse de los pormenores de las cuentas bancarias y hacer todos los cálculos correspondientes en un par de segundos, la Argentina sigue siendo un país en el que la evasión es, como dijo en una oportunidad el entonces presidente Carlos Menem, el «deporte nacional».

Si bien en todas partes del mundo los resueltos a atrapar a los evasores se ven constreñidos a seleccionar a los blancos de las investigaciones realmente exhaustivas, en los países mejor organizados la inmensa mayoría de los contribuyentes entiende que intentar evadir los impuestos es una opción decididamente peligrosa, porque muchos que lo han hecho han terminado entre rejas. En nuestro país, en cambio, es tan poco frecuente que una persona sea juzgada por evasión impositiva que el destino de los integrantes de este puñado de acusados suele merecer la atención de los medios de comunicación nacionales. Por lo tanto, los condenados por evasión tienen pleno derecho a considerarse víctimas de una campaña de persecución: al fin y al cabo, la posibilidad de ir preso por no pagar impuestos es menor que la de sacar el boleto ganador de una lotería multimillonaria.

La sensación de arbitrariedad así supuesta puede atribuirse a la notoria ineficacia de un sector público que ha sido colonizado por los partidos políticos y que en demasiadas oportunidades se revela más interesado en promover los intereses de los relacionados con «el poder» que en obrar por el bien común. De resultas de esta situación, es habitual que los gobernantes de turno organicen «operativos» o «campañas» – los que a menudo son designados con nombres que hacen recordar a los empleados en tiempos de guerra-, con el propósito apenas disimulado de convencer a la ciudadanía de que por fin, a diferencia de sus antecesores, toman muy en serio lo que desde hace muchas décadas es considerado uno de los problemas «estructurales» del país. Puede que de cuando en cuando tales «operativos» produzcan resultados positivos, pero aun así la modalidad es desmoralizadora por basarse en la suposición, que en el caso del pago de los impuestos está compartida por los funcionarios y los evasores en potencia, de que lo que debería ser rutinario es excepcional y en consecuencia no podrá mantenerse en el tiempo.