Satisfacción y aflicción

RÍO NEGRO

ADRIÁN PECOLLO adrianpecollo@rionegro.com.ar

No hubo espacio para un júbilo pleno. Los acuerdos con Unter y UCPN propiciaron un válido goce oficial, pero el juez Favio Igoldi truncó ese regocijo cuando imputó a varios funcionarios por el presunto delito de “pagos indebidos” del seguro de vida del gobernador Carlos Soria. Unter y UCPN acordaron aumentos con el gobierno y garantizaron placidez sindical para los próximos meses. El trato con el gremio docente fue dilatado y escalonado, mientras que UPCN reapareció cuando ATE no pudo o no quiso cerrar su propio acuerdo. Esta organización experimentó un innegable crecimiento, pero su frenesí callejero se transformó en vacilación cuando debía resolver el entendimiento. Inexperto en ese campo, volvió a su tradicional lucha en las calles. En cambio, la negociación es el terreno de Juan Carlos Scalesi y aprovechó el vacío ante la huida de ATE. Gobierno y UPCN volvían a necesitarse. Weretilneck quería cerrar esta etapa y el gremialista tenía otra ocasión para su arreglo, orientado a la elección de su organización, el 29 de mayo. Su esquema de sumas fijas responde a esa demanda. Favorecerá mayormente a los salarios menores, más de la mitad del padrón de UPCN y vital soporte del poder de Scalesi. Los sueldos superiores pertenecen a técnicos y profesionales de hospitales. Problema ajeno. La incógnita reside en el definitivo impacto financiero para el Estado. El gobierno sólo estima la primera parte de los acuerdos, que sería de un 11 al 12% en la masa salarial de marzo. Los sindicalistas proyectan alzas finales y medias por encima del 30%. El STJ advirtió que el tope del 25% del Ejecutivo se corrió y entonces acrecentó sus subas. Los incrementos acordados por el gobierno no son remunerativos y así sus desembolsos serán menores, pero su regularización se prevé en el segundo semestre. Para eso, el gobernador adelantó dos conceptos por aplicar: la restitución de la antigüedad y la incorporación del pago por presentismo. Esta derivación tendrá resistencia gremial. Pero, en todo caso, es un capítulo por venir. El andar de Río Negro será más cómodo si, rápidamente, se concreta la renegociación petrolera y comienzan los aportes. Petrobras cerró en 100 millones de dólares –con una inyección inmediata de 50 millones– y 1.200 millones de inversión. Su firma está postergada. La ansiedad genera turbaciones, pues no hay precisiones de la nueva fecha. Ese contrato marcaría parámetros para las otras negociaciones. Resoluciones y expectativas positivas. Pero el juez Igoldi empañó este favorable final de marzo y, posiblemente, surjan más disgustos en abril y mayo. Weretilneck ya debería registrar como mayúsculo yerro su acusatoria reacción a las críticas de Martín Soria. El zamarreo al intendente de Roca con cargos de “negociados” y “prácticas corruptas” fue la génesis del presente proceso. El gobernador logró que Soria quedara en el epicentro de las sospechas pero, en lo judicial, Igoldi imputó ya a una docena de funcionarios y directivos de su gobierno. Un repaso de lo ocurrido. La fiscal Paula Rodríguez Frandsen abrió una investigación tras los dichos de Weretilneck. El juez le requirió certezas al mandatario, pero su contestación fue ambigua y general. Detalló tres proposiciones: la liquidación del seguro de vida de Carlos Soria, un contrato con Lotería y un proyecto de asentar en Roca una destilería. Todo se narró en grado de tentativa, buscando aventar culpas penales de Weretilneck y sus funcionarios. No fue así. Era previsible que Igoldi no se ajustara a esa insulsa traza política. Se sumergió en la lista narrada y, en especial, en la liquidación del seguro. Retiró la documentación de Horizonte y rápidamente encontró varios interrogantes. Los cheques a sus cuatros hijos –que sumaron 1.240.000 pesos– equivalen a dos pólizas: una del IAPS por el seguro obligatorio, que automáticamente tiene todo estatal, y la otra de Horizonte, que corresponde a una cobertura voluntaria. Frente a las citaciones, Igoldi convalidó la desconfianza de la fiscal en referencia a ambos pagos. Las indagatorias llegan a todos los que firmaron. El celo de la pesquisa estaría en el monto abonado. Un 10% pertenece al IAPS y el resto equivale al desembolso de Horizonte por el seguro facultativo. Esta póliza exige el expreso pedido del asegurado. Esa conformidad –con la enumeración de sus hijos como beneficiarios, excluyendo a su esposa, Susana Freydoz, condenada por su asesinato– figuraría en la documentación. Así, según ese papeleo, Soria habría cumplido con esa formalidad en los 20 días al frente del Ejecutivo. Las suspicacias estarían en la precariedad de la documentación y en la fórmula usada en la liquidación. En su defensa, los partícipes podrán aportar elementos. Por ahora, el aludido Martín Soria no aparece, más allá de su inclusión como beneficiario, con sus hermanos. En esos tiempos, en el 2012, la injerencia del roquense en los despachos de Viedma era evidente y sostenía fuertes canales con los firmantes del trámite, llamados a indagatorias, como el ministro Alejandro Palmieri, el fiscal de Estado Pablo Bergonzi y gran parte de la conducción de Horizonte-IAPS. ¿Alguien de los citados aportará revelaciones de cómo se generaron esos expedientes? ¿Si existió gestión puntual? Y, eventualmente, ¿de quién o quiénes? Si no hay respuestas, el resto persistirá en el amplio plano de las especulaciones. Mientras tanto, en lo judicial, un ministro, el fiscal de Estado, un secretario (Emmanuel Tobares), un subsecretario (Nelson Cides) y varios directores del gobierno de Weretilneck están imputados de un grave delito. Todo se inscribe en la primera gran causa por presunta corrupción y, curiosamente, todo forjado por el conflicto interno del oficialismo. Sólo siete meses bastaron para que Igoldi expusiera su valentía. Llegó al juzgado con el apoyo de los consejeros oficialistas. Los reclamos internos recaen en sus promotores, el presidente del bloque, Pedro Pesatti, y el titular de la Policía, Fabián Gatti. A poco de asumir, el juez evidenció plena autonomía al procesar al expresidente del STJ, Víctor Sodero Nievas, y el exgobernador Miguel Saiz. Viejos conocidos suyos. El primero fue su impulsor como juez sustituto en su inicial paso judicial y el segundo lo designó como titular del Servicio Penitenciario. Tampoco dudó en irse de ambos lugares cuando lo creyó conveniente. Ahora, frente a las críticas, el magistrado reivindica su convicción, aun cuando por eso peligrara su cargo. Sí, está en claro que ninguna relación pesa en él. Precario, pero Gatti es su único interlocutor gubernamental. Ese trato tiene su origen cuando Igoldi era asesor del entonces legislador. “Nunca voy a decir nada. Sólo te voy a escuchar”, le aclaró cuando el jefe policial fue a hablarle por un expediente. Incluso, recientemente, Gatti concurrió al juzgado como testigo por una causa de la protesta policial en Viedma, que derivó en el llamado a indagatorias de unos 40 uniformados por la indebida utilización de bienes en esa movilización. La relación entre Igoldi y oficialismo recién comienza. Por caso, ese juzgado tiene la denuncia por la presunta comisión de delito en el nombramiento de Haroldo Lebed como ministro (por su falta de domicilio en Río Negro). La acusación recae en los firmantes del decreto, entre ellos, el gobernador. Esta presentación de la titular de la UCR, María Inés García, se formalizó en Roca pero, por competencia, recayó en el juez viedmense. Además, el STJ rechazó una elevación del magistrado y le ordenó ocuparse de un amparo por la situación hospitalaria del Zatti. Para Weretilneck, marzo finiquita con su meritorio aplacamiento gremial. Y, en contrapartida, la Justicia pone en aprietos a funcionarios suyos por sus arrebatos. Son los extremos entre satisfacción y aflicción.