Se acerca el vencimiento del decreto que congeló los alquileres y crece la incertidumbre

El próximo 31 de enero vence el decreto nacional emitido al comienzo de la pandemia que congeló el valor de los alquileres, prorrogó los contratos vencidos y suspendió los desalojos; y las organizaciones que agrupan a los inquilinos esperan con ansiedad que el gobierno emita una prórroga, porque de otro modo “son miles las familias que quedarían en la calle”. 

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El presidente de la Asociación de Inquilinos de Río Negro, Roberto Díaz, dijo este miércoles que esperan obtener un corrimiento de la fecha límite por lo menos hasta el 31 de marzo, como ocurrió ya con otras medidas enmarcadas en la emergencia, entre ellas la suspensión de cortes de luz, gas y otros servicios. 

Afirmó que si el 1 de febrero quedan habilitados los desalojos “sería un desastre”, porque el 62% de los inquilinos de la provincia arrastran incumplimientos acumulados durante la pandemia y la deuda promedio es de 150 mil pesos. 

Señaló que si el gobierno no prorroga el decreto muchísimas personas se verían empujados a dejar sus viviendas sin posibilidad de encontrar otra con sus actuales ingresos, y también se iniciarían de inmediato miles de juicios contra los locatarios y contra sus garantes. 

Durante la crisis económica del covid los alquileres en todo el país quedaron entrampados en un atolladero del que -según Díaz- no podrán salir sin auxilio estatal. 

Las organizaciones de inquilinos presentaron ya varios pedidos formales al presidente Alberto Fernández y al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi para que habiliten una prórroga y están en contacto permanente con sus asesores, pero hasta hoy no tuvieron respuesta alguna.

Díaz admitió que están “en la cuenta regresiva” y hay muchos inquilinos preocupados, pero está convencido de que “algo van a tener que hacer, porque el problema es muy grande y no pueden precipitar una catarata de desalojos. Incluso sería contraproducente desde el punto de vista sanitario tener tanta gente movilizada por alquileres truncos y miles de mudanzas”. 

Entre las medidas solicitadas por las organizaciones está la extensión de los contratos sin indexación y sin desalojos, y también la creación de un “fondo nacional de inquilinos” para brindar ayuda económica a quienes han contraído deudas abultadas durante la pandemia. 

Díaz dijo que el costo para el Estado sería “un tercio de lo gastado hasta ahora en IFE y ATP” y la situación lo amerita porque “hay un conflicto enorme, que tal vez no todos lo ven” y que está enmarcado en la dificultad histórica de acceso a la vivienda. 

Si se implementa el plan los inquilinos recibirían ayuda con dineros públicos luego de inscribirse con su contrato de alquiler, si está en blanco, o con una declaración jurada del compromiso informal que tengan suscripto.

Díaz dijo que “a los locadores también les tiene que interesar, porque de otro modo se les va a hacer muy difícil cobrar la deuda”. En Bariloche, según dijo el dirigente, un 21 de la población que vive en inmuebles alquilados.

Al comienzo de la cuarentena un 44% acumuló atraso en los pagos mensuales y ese índice llegó a ser del 62% cuando el gobierno nacional eliminó el IFE. 

La deuda global por alquileres impagos, según el cálculo que lleva la asociación de inquilinos, solo en Bariloche superaría los 1.000 millones de pesos.

Díaz dijo que el gobierno nacional está al tanto de la demanda y de la cantidad de gente involucrada “pero hasta ahora no existe una respuesta clara”.

Dijo que hay intendentes que trabajan en el tema y Concejos Deliberantes, como el de Viedma hace pocos días, que emitieron declaraciones en las que solicitan la prórroga. “Estamos ejerciendo toda la presión posible -afirmó Díaz-. Esperamos que sean razonables. Se trata nada menos que de sostener y garantizar la vivienda”.