Senado: crisis de legitimidad

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El lunes 2 de octubre, previo al cambio de gabinete y a la renuncia a la vicepresidencia de «Chacho» Alvarez, escribí el siguiente artículo:

«La crisis política por la que está atravesando el país hoy reclama urgentes respuestas políticas. El gobierno nacional no puede continuar en este estado de sopor que bloquea las perspec- tivas de reactivación de la economía y la generación de fuentes de trabajo para más de dos millones de desocupados argentinos que esperan soluciones.

La política incide sobre la economía. Sin duda que es imprescindible que la sociedad cambie de humor, pero no lo hará a través de una terapia grupal o colectiva, sino a partir de cambios profundos en quienes tienen el mandato de gobernar.

La reactivación se demorará si los que tienen posibilidades de consumir prefie-ren no gastar ahora porque no saben qué pasará en el futuro, o si quienes tienen capacidad para invertir prefieren demorar sus decisiones de inversión o marcharse a otros países más seguros.

El escándalo de los presuntos sobor-nos en el Senado de la Nación abonó en favor de la pérdida de credibilidad de la ciudadanía. Se ahondó el abismo entre la clase política y la ciudadanía. ¿Puede ser creíble el ministro Flamarique en un área donde el reclamo popular por trabajo golpea a toda hora? ¿Puede ser creíble el actual Senado de la Nación, cuando la ciudadanía observa la obscenidad de denuncias diarias de situaciones de corrupción? ¿Qué ley que dicte hoy esta cámara legislativa estará fuera de sospecha?

No se trata de culpar de la actual situación sólo a algunos, tampoco se trata de buscar «chivos expiatorios» para que todo siga igual. Lo que entró en crisis es un sistema político que sustituyó la negociación democrática por el intercambio de favores, que reemplazó la competencia electoral de ideas y proyectos por el clientelismo electoral: votos a cambio de alimentos, chapas, colchones o cemento.

El escándalo del Senado es sólo la gota que rebasó un vaso. El pretender acotar la solución de esta crisis a la actuación de la Justicia y sus tiempos es desconocer que también el Poder Judicial es poco creíble; es no comprender que el mero paso del tiempo no juega en favor de la recuperación de la credibilidad pública. Esta se recuperará a partir de señales políticas, que al mismo tiempo que sean respetuosas del estado de derecho, contribuyan a un cambio en las expectativas de la sociedad civil.

Lamentablemente, aunque deban pagar justos por pecadores, todos los senadores deberían renunciar: denunciados, denunciantes, todos. No obstante ello, seguramente algunos senadores nacionales tendrán la oportunidad de retornar a sus bancas en las próximas elecciones, porque los avala una trayectoria respetada. Si la renovación inmediata del Senado es por medio de los senadores suplentes o por designación de las legislaturas provinciales o mediante el adelantamiento de las elecciones directas previstas para el año próximo, es hoy un problema secundario, de ningún modo el principal. En mi opinión, deberían asumir los senadores suplentes y en el supuesto de que éstos también renuncien, correspondería la designación a las legislaturas provinciales.

En síntesis, el Senado ha perdido legitimidad política y todo su accionar está sospechado. En definitiva, no puede ejercer legítimamente su tarea constitucional de legislar, por lo cual está herido de muerte uno de los poderes de la República y la democracia, el Poder Legislativo. Al mismo tiempo, el presidente De la Rúa deberá hacer una profunda e inmediata reorganización de su gabinete, que signifique como mínimo la separación de los ministros sospechados, como Flamarique y De Santibañes.

Es muy probable que la conducta del vicepresidente de la Nación derive de una desmedida vocación de poder; pero la solución no es callar a uno de los denunciantes de un sistema político que todos tenemos la obligación de enterrar definitivamente. Tampoco se trata de darle al vicepresidente y al partido político que conduce la propiedad de las banderas éticas. Pero callar, con el argumento de la ingobernabilidad, las voces de denuncia que inició el senador Antonio Cafiero significaría un retroceso. Esta postura expresaría un pacto de la corporación política del viejo sistema que se abroquela para mantener el statu quo, eventualmente con algunos cambios cosméticos.

La evidente crisis de gobernabilidad se resuelve asumiendo el desafío de producir cambios profundos, tales como una inmediata reforma política que tome como eje el financiamiento de los partidos y las campañas políticas, la simultaneidad de las elecciones internas abiertas, la minimización del tiempo de duración de las campañas, el tope a los gastos publicitarios y otros, la regulación de las encuestas electorales, la publicidad del uso y asignación de recursos de los partidos democráticos, la severa penalización del tráfico de votos y el uso de recursos de los estados nacional y provinciales en beneficio de los partidos gobernantes.

Estas acciones, no excluyentes de otras en el plano político, deberán estar acompañadas por una decidida acción de gobierno en materia económica y social. No hay más espacio para el piloto automático, ni para nuevos ajustes que sólo conducirían a cumplir la expectativa del ultimo reporte del FMI, de que al final del gobierno de De la Rúa la Argentina ten-drá, en el mejor de los casos, 12,5% de desocupación y recién entonces una tasa anual de crecimiento económico similar al del período 1991/96. En ese escenario, el sistema democrático no resistirá y la rebelión popular estará en las calles.

La crisis de legitimidad de la representación política y de gobernabilidad se resolverá haciendo de ella una oportunidad para avanzar hacia una nueva forma de hacer política, que permita construir una Nación organizada sobre instituciones democráticas sólidas y dirigentes honrados. Para recuperar la confianza en las instituciones y en los hombres que las integran, debemos reconstruir el vínculo entre la ciudadanía y los políticos. Como termina un proyecto de solicitada nacio-nal que respaldo: «Se ha encendido una luz del otro lado del túnel, vale la pena salir a su encuentro alzando nuestras voces».»

El presidente no supo o no quiso escuchar la abrumadora opinión ciudadana de hacer cambios en favor de las demandas generalizadas de transparencia. Agudizó la crisis de gobernabilidad al premiar a los sospechados de corrupción en el nuevo gabinete. Su actitud fracturó la coalición de partidos que lo llevó al poder y provocó la renuncia del vicepresidente. Todo ello potencia los problemas preexistentes que obstaculizan la reactivación de la economía y la generación de fuentes de trabajo. Muy acertadamente, el editorial de «Río Negro» del 7/10 sintetizó las decisiones presidenciales como «Victoria a lo Pirro». Hoy más que nunca: el Senado debe renunciar en pleno, el presidente debe gobernar en línea con las promesas electorales y la oposición política debe acompañar a la gente en sus reclamos de trabajo y transparencia.