Servicio amenazado

NEUQUÉN

Héctor mauriño vasco@rionegro.com.ar

La crisis de CALF, iniciada con el desplazamiento manu militari de la antigua conducción ejercida por Marcos Silva y profundizada con la sorpresiva eyección del nuevo presidente, Fernando Garayo, y su reemplazo por el exjefe de la Policía Juan Carlos Lepén, no debiera sino traer preocupación a los vecinos de Neuquén, en buena parte socios de la cooperativa, sobre el futuro de un servicio esencial para la ciudad. En diciembre pasado las listas Roja de Garayo y Azul de Lepén se asociaron para imponerse a la Verde de Silva, pero no contentos con ello apelaron a un mecanismo cuanto menos poco usual para destituir a los doce miembros del consejo de administración y colocar a Garayo en la presidencia. Los recién llegados negaron que se tratara de “un golpe institucional” y, aunque lo ocurrido tenía todos los visos de serlo, aseguraron que se querían resolver “faltas graves” de la anterior conducción, entre ellas la ausencia de “un plan” para frenar el déficit, que cifraron en un millón de pesos mensuales. Pero a poco menos de 60 días de la turbulenta elección, Garayo renunció y fue reemplazado por Lepén. Trascendió que se habría opuesto a las propuestas del sector que ahora conduce de tomar un crédito por 12 millones de pesos, abrir “nuevas unidades de negocios” y ampliar la planta de personal (desde entonces se habrían sumado 44 puestos de trabajo). Los hechos referidos se produjeron en el contexto de lo que las cooperativas caracterizan como una ofensiva del EPEN y el ministro de Energía, Guillermo Coco, para quedarse con la distribución en las ciudades más grandes hoy en manos del cooperativismo. Le atribuyen al funcionario haber influido de manera decisiva tanto en el armado electoral de CALF como en el áspero planteo de cortar la luz a Plottier ante la deuda de 160 millones de pesos que la cooperativa de esa ciudad mantiene con el EPEN. Coco ha dejado saber que, desde su punto de vista, las cooperativas se han convertido en “cotos de política y negocios” que acumulan ineficiencia y deudas, y ha admitido que las quiere desplazar aunque por métodos democráticos. En CALF y en el municipio coinciden en que a Garayo “lo puso Coco”. Afirman que éste también bendijo la alianza original con Lepén y un grupo de vecinalistas para desplazar a Silva. Y que el presidente renunciado “consultaba cada paso” con el ministro, de forma tal que se había constituido en un obstáculo para los planes del sector que lo reemplazó. Por lo que puede verse, Lepén ha tomado distancia de las posturas del gobierno provincial para cerrar filas con los cooperativistas, al punto de auspiciar un acuerdo con la entidad de Plottier para suministrarle energía en caso de que el EPEN deje efectivamente de hacerlo. El tema, tanto como la presunta intención de las actuales autoridades de CALF de poner una farmacia y reflotar la venta de electrodomésticos –algo que en su momento se demostró catastrófico para las finanzas de la entidad–, ha merecido el contundente rechazo del intendente Quiroga. Desde el municipio, que ostenta el poder concedente, no cabe ninguna duda: “La cooperativa se ha convertido en el campo de batalla de una interna del MPN”. Un funcionario municipal aseguró que el avance sobre la cooperativa es un fenómeno que evidencia “el desborde” del clientelismo que alienta el partido gobernante. “Son punteros que están anarquizados, ya no responden a nadie”, apuntó. Y subrayó la gravedad de que esté en juego la distribución de energía en la ciudad que, en última instancia, es responsabilidad municipal. CALF tiene entre 85.000 y 90.000 asociados, es una de las mayores empresas provinciales y con seguridad la cooperativa eléctrica más grande del país, y tal vez de Sudamérica. En la provincia las cooperativas manejan el 75% del negocio de la distribución, porque están en las ciudades más grandes, y el EPEN apenas el 25%, porque está en las más pequeñas. Es lógico, en este contexto, que los cooperativistas se perciban como un bocado apetecible. Además, hay una puja entre el gremio de Luz y Fuerza, cuyos afiliados son en un 80% trabajadores de cooperativas, y ATE, que agrupa a los empleados del ente estatal neuquino. Si las cooperativas pasaran a manos del EPEN, sus afiliados dejarían LyF para pasar a ATE. No es casual que unos y otros hagan causa común con sus respectivas patronales. Tampoco, que los trabajadores de las cooperativas defiendan el actual estado de cosas, porque gracias al convenio de LyF cobran sueldos espléndidos. Se atribuye a CALF un déficit de 60 millones de pesos y una deuda de 20 millones con la municipalidad en concepto de alumbrado público (tasa de la que es agente de retención). CALF es la única de las cooperativas locales que puede comprar energía en el mercado mayorista, las demás lo hacen al EPEN, y es un lugar común entre los dirigentes de estas últimas que el ente “las asfixia con sus tarifas”. También que la Provincia nunca distribuyó los millonarios recursos que recibe del Fondo Especial para el Desarrollo Eléctrico del Interior. Pero también es vox populi que muchos cooperativistas se han apartado de los principios que dieron origen al movimiento para lucrar con prebendas extraordinarias, convirtiendo a sus entidades en verdaderos bolsones de corrupción y discrecionalidad al servicio eventual de cualquier aparato político. Para algunos observadores, en este cuadro de situación las cooperativas, lejos de conservar sus objetivos solidarios, han terminado por reunir “lo peor de lo público y lo privado”. El 10 de abril se hará en CALF una nueva asamblea extraordinaria para reemplazar a los síndicos renunciantes y el tema ha dado pie a especulaciones sobre la posibilidad de que, apelando a la misma medicina que en diciembre, los ‘rojos’ y los ‘verdes’ le devuelvan la jugada a Lepén reponiendo a Garayo. Difícil saber si tal eventualidad, de materializarse, podría mejorar las cosas o sería más de lo mismo. Pero una cosa es segura, la falta de participación de los vecinos en la cooperativa de la que son en última instancia dueños contribuye a mantener en un cono de sombra la discrecionalidad de grupos que se ocupan de sus propios intereses por encima del bien común.