Sin cheques en blanco

Un incidente en la Auditoría General de la Nación (AGN) pasó casi desapercibido por los medios y la opinión pública, pero hizo foco en uno de los aspectos centrales para la transparencia del Estado: el control de los millonarios gastos que, en forma discrecional, están realizando tanto el gobierno central como las provincias en medio de la emergencia por el coronavirus.

El encontronazo fue en la reunión de fines de junio en la AGN, organismo contralor estatal, donde representantes de Juntos por el Cambio se hicieron eco de un informe realizado por la ONG Poder Ciudadano, que tiene un Observatorio de Compras estatales y reclamó una auditoría sobre las millonarias contrataciones públicas efectuadas en los últimos meses. El radical Jesús Rodríguez, titular de la AGN, respaldó la iniciativa, mientras el representante del peronismo señaló la falta de competencia del organismo, acusó a la ONG de estar ligada a intereses británicos y opositores. El debate fue postergado hasta la asunción del rionegrino Miguel Pichetto, nombrado en el organismo por el Congreso.

El informe de Poder Ciudadano detalla que el 72,3% de las contrataciones en esta pandemia se hizo de forma directa y un 19% bajo el régimen de emergencia. Solo el 5% se realizó a través de licitación pública, el mecanismo regular. “No se encuentran garantizados los estándares mínimos de transparencia y rendición de cuentas” en los gastos, destacó. El relevamiento cotejó información desperdigada en 61 portales oficiales, donde cada ministerio hace sus compras y la cantidad y calidad de información brindada varía enormemente.

No es un tema menor: por esta vía se adjudicaron más de 3.000 millones de pesos de más de 300 contrataciones hechas a poco más de 200 oferentes (empresas o uniones transitorias de empresas, entre otros) solo a nivel federal. Apenas un 20% de los expedientes están publicados en los portales oficiales, lo que complica más su seguimiento.

La investigación señaló que el sistema permite un amplio margen de discrecionalidad, ya que las adquisiciones se pueden hacer por el sistema Compr.ar o por afuera; ambigüedades en cómo se invitaba a los oferentes a participar, permitiendo direccionamientos y manipulaciones; ausencia de actos formales de apertura de ofertas, impugnaciones y dictámenes de evaluación de proveedores; adjudicaciones ante ofertas únicas; la tardía publicación de contrataciones, que impide su control.

También la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que investiga los sobreprecios en una reciente compra de alimentos por el ministerio de Desarrollo Social, advirtió las dificultades ante “la desorganización reinante en cuanto a la poca transparencia, visibilidad e ineficiencia de gestión de la actividad estatal en materia de información pública”. No ocurre solo en Nación. También hubo escándalo por la compra directa de miles de barbijos con presuntos sobreprecios por parte de la Ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires exigió hace poco la devolución de 124 millones de pesos pagados por unos 200 respiradores adjudicados en forma directa a una firma y que resultaron defectuosos, inadecuados o no llegaron.

El obsoleto sector de compras del Estado es señalado por los expertos como el más vulnerable a la corrupción. Se basa en la Ley de Obras Públicas de 1947, casi sin actualizaciones. Hay infinidad de regímenes y se aprovechan los vacíos legales en entes públicos, empresas estatales, universidades o fideicomisos para eludir controles.

Sin dudas se impone un nuevo sistema unificado de compras públicas, que estimule la competencia, elimine los regímenes extraordinarios y la discrecionalidad y permita la publicidad y control en cada etapa del proceso, incluso en situaciones excepcionales. El Estado debe poder cumplir su rol en forma eficiente y transparente incluso en una pandemia. La urgencia no puede ser un cheque en blanco que financie arbitrariedades, avivadas y estafas que afectan a los más vulnerables y pueden tener graves consecuencias en la salud y vidas humanas.