Avanza contra los octógonos: por qué el Gobierno busca eliminar el etiquetado frontal
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal y justificó la medida en presuntas fallas técnicas, costos para las pymes y distorsiones en la información al consumidor. La iniciativa elimina los octógonos negros.
Javier Milei impulsa la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal. Foto: NA
El Gobierno nacional avanzó con un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal y expuso una serie de argumentos técnicos, económicos y regulatorios con los que busca justificar la eliminación de una de las normas sanitarias más debatidas de los últimos años.
Por qué el Gobierno quiere eliminar el etiquetado frontal
La iniciativa, enviada al Senado y firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones, propone derogar por completo la Ley 27.642, incluyendo los octógonos negros de advertencia y las restricciones sobre publicidad y entornos escolares.
El eje central de la postura oficial es que el sistema actual, basado en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud, genera distorsiones y no refleja adecuadamente la calidad nutricional de los alimentos.
Según el Ejecutivo, la normativa aplica criterios homogéneos sobre productos muy diferentes, sin contemplar aspectos como las porciones reales de consumo o la densidad nutricional. De acuerdo con esa mirada, esto derivó en que alimentos considerados tradicionales o incluso saludables recibieran advertencias similares a las de productos ultraprocesados, algo que —sostienen— termina confundiendo al consumidor en lugar de ofrecerle información más precisa.
Otro de los argumentos del Gobierno apunta a la estructura “binaria” del etiquetado frontal. La Casa Rosada considera que el esquema actual no reconoce los cambios graduales que puedan realizar las empresas para mejorar la composición de sus productos.
En otras palabras, un alimento sigue llevando el sello de advertencia aunque reduzca parcialmente sus niveles de azúcar, sodio o grasas, por lo que el sistema no generaría incentivos suficientes para que la industria reformule sus productos de manera progresiva.
El proyecto también hace hincapié en el impacto económico y comercial de la ley. El Ejecutivo advierte que la falta de armonización del etiquetado dentro del Mercosur obliga a las empresas a producir envases diferenciados para el mercado argentino, lo que incrementa costos operativos y burocráticos.
Según el texto oficial, esa situación golpea especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que tienen menos capacidad para absorber gastos adicionales y podrían quedar en desventaja frente a grandes compañías del sector alimenticio.
En la argumentación oficial aparece además una crítica a la “rigidez normativa” de la ley. El Gobierno sostiene que muchos criterios técnicos quedaron fijados directamente en el texto legislativo, lo que dificulta actualizar el sistema frente a nuevos consensos científicos internacionales o cambios en las Guías Alimentarias para la Población Argentina. Bajo esa lógica, el etiquetado frontal habría perdido capacidad de adaptación y flexibilidad regulatoria.
La iniciativa aclara, sin embargo, que la derogación no implicaría eliminar la información nutricional de los envases. El Ejecutivo remarcó que continuarán vigentes las obligaciones establecidas en el Código Alimentario Argentino y las normas del Mercosur, que exigen informar contenido energético, azúcares, grasas y sodio.
De esa manera, el Gobierno busca transmitir que la eliminación de los octógonos no supone una desregulación total, sino un cambio de enfoque hacia un sistema que considera “más uniforme, adaptable y técnicamente consistente”.
Con el envío del proyecto al Congreso, la administración de Milei abrió un nuevo frente de debate entre el Gobierno, organizaciones de salud pública, consumidores y la industria alimenticia.
Con información de NA
El Gobierno nacional avanzó con un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal y expuso una serie de argumentos técnicos, económicos y regulatorios con los que busca justificar la eliminación de una de las normas sanitarias más debatidas de los últimos años.
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