El Gobierno denunciará a la jueza Karina Andrade por liberar a 114 detenidos en la marcha de jubilados
"La decisión no fue judicial, fue política", afirmó el director de legales del ministerio de Patricia Bullrich.
“A medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa”, fundamentó la jueza Karina Andrade. Foto: gentileza.
El pasado miércoles se llevó a cabo una manifestación frente al Congreso, convocada por jubilados y barrabravas, exigiendo mejoras en los haberes previsionales. Durante la protesta, periodistas y trabajadores de medios denunciaron golpes y represión por parte de la Policía porteña, Federal y Gendarmería. Al menos 46 personas resultaron heridas, incluidos 26 policías, y 124 fueron detenidas. El Gobierno denunciará penalmente a la jueza que liberó a 114 manifestantes detenidos en la marcha.
Según afirmó La Nación el Gobierno presentará el próximo lunes 16 de marzo una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade. Previamente había sido cuestionada por el Ministerio de Seguridad, luego de haber liberado, a pocas horas de concluida la marcha de jubilados, a 114 manifestantes detenidos.
En cuanto a los detalles que brindaron, desde la cartera que conduce Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional la acusación contra la magistrada no solo será por el «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y «prevaricato», sino que además por haber sido «deliberadamente funcional al delito de sedición y atentado al orden público».
Periodistas, camarógrafos y fotógrafos de distintos medios a nivel nacional denunciaron golpes y la represión de la Policía porteña, Federal y Gendarmería este miércoles en las afueras del Congreso, en medio de la marcha por los jubilados junto a hinchas de fútbol.
Una de las postales de la manifestación de este miércoles por la tarde fue la de la agresión policial contra Pablo Grillo (24), el fotorreportero que se encontraba cubriendo los incidentes que se registraron en la zona de Plaza de Mayo.
La acusación contra la jueza Karina Andrade se dio luego de que el Gobierno pidiera apartarla de la causa y tras la denuncia que presentó este viernes el Ministerio de Seguridad contra “grupos organizados de barrabravas” de más de una veintena de clubes de fútbol por los delitos de sedición, atentado al orden público y asociación ilícita agravada.
El Ministerio de Seguridad evaluó la presentación de una denuncia penal contra Andrade, por «no haber aplicado la ley»
En aquella demanda, el Ministerio de Seguridad había anticipado lo que haría, tras aclarar que se encontraba evaluando la presentación de una denuncia penal contra Andrade, por los delitos de prevaricato y violación de los deberes de funcionario público y que pediría investigar el caso en el Consejo de la Magistratura. Le endilgaron a la jueza a cargo del penal del Juzgado N° 15 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Capital, «no haber aplicado la Ley», cuando decidió liberar a las 114 personas que fueron detenidas durante la marcha de jubilados.
“La decisión no fue judicial, fue política», sostuvo el director de legales del ministerio de Bullrich, el abogado Fernando Soto
El cuestionamiento a Andrade es por haber emitido un fallo de madrugada en el que liberaba “en menos de ocho horas” a 114 detenidos por la Policía de la Ciudad y las fuerzas federales, “sin haber controlado la prueba y verificado la existencia de antecedentes penales”.
“La decisión no fue judicial, fue política. Fue deliberadamente funcional para que se sostengan todos los hechos ocurridos. Es una juez que no miró la Ley. No solo es negligente, sino deliberadamente funcional a la sedición y al delito del atentado al orden constitucional», apuntó a La Nación el director de legales del ministerio de Bullrich, el abogado Fernando Soto.
Qué dijo la jueza Karina Andrade respecto a su decisión de liberar a 114 manifestantes detenidos en la marcha de jubilados, y qué argumentos utilizó
Por su parte, Karina Andrade argumentó su decisión por la falta de información aportada por las autoridades sobre los motivos de arrestos y el derecho constitucional.
“A medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa”, fundamentó la jueza en la resolución. “Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención», afirmó.
De igual modo, aseveró que «tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después”, apuntó.
«Ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos», aseveró la magistrada
“A partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos”, añadió.
Mas tarde, con el correr de las horas, agregó otra razón que no incluyó en el fallo emitido en la madrugada. “Algo que no puse en la resolución, porque la escribí a las dos de la mañana, a las cuatro de la mañana la firmé, más allá de que lo decidí a las 12 de la noche, que los jueces de la Ciudad lo sabemos muy bien, tiene que ver con el problema de alojamiento de personas detenidas».
«¿Dónde iban a quedar alojadas esas personas? Eso tampoco estaba siendo informado. Son datos básicos que como jueza a cargo del control de la detención tengo que tener de forma inmediata”, señaló este sábado en diálogo con Radio 10.
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