Este jueves se define la formulación de cargos contra el intendente libertario de Allen: «Hoy está claro que no hay ninguna prueba»

La formulación de cargos por administración fraudulenta y peculado contra el intendente de Allen, Marcelo Román, y el empresario local de medios, Sebastián Ocampo (en el primero de los delitos), tendrá una definición este jueves cuando la jueza de Garantías, Natalia González.

Durante este miércoles se cumplió la segunda parte de esta etapa judicial donde la audiencia giró en torno a quién dio la orden de compra de un celular de alta gama para ser entregado al empresario Ocampo, quien oficiaba de asesor del intendente ad honorem, pero que también ha sido señalado como un rol clave en las decisiones de la intendencia.

La fiscal jefa Graciela Echegaray contestó a los defensores de Ocampo, Federico Diorio, y de Román, Matías Rubio y Fernando Ramoa, quienes cuestionaban que el origen de la denuncia son las palabras de una exsecretaria de Hacienda, Griselda Morell, quien afirmó que Roman le ordenó comprar el celular para dárselo a Ocampo.

Los abogados plantearon que no hay ninguna prueba concreta de que esto haya sido así y que sí hay testimonios que afirman que fue la exfuncionaria la que ordenó la compra. En este aspecto afirmaron los letrados que Morell podría ser acusada también de participar en el hecho ilícito que plantea la fiscalía, y que el Ministerio Público no le advirtió esta posibilidad.

La fiscal desestimó el planteo de los defensores y pidió que se den por formulados los cargos. En sentido contrario se manifestaron los abogados defensores.

Las palabras de Román

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Antes de cerrar la audiencia, Román pidió hacer uso de la palabra.

«Rechazo todos los cargos que se me puedan llegar a formular. Siempre estuvo a disposición de la Justicia, nunca fue mi intención esconder nada. Me deja mucha tranquilidad después de que se dijeran tantas cosas, hoy está claro que no hay ninguna prueba», señaló. Román cuestionó que las denuncias de Morell y Benjamín Marín, exsecretario de Gobierno, las hicieron recién después de dejar el cargo.

Los argumentos de la fiscalía

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Según la acusación de las fiscales que se realizó en la primera audiencia de la formulación de cargos, el 8 de junio pasado, “entre marzo de 2024 y julio de 2025, el intendente habría sustraído de la esfera de la administración pública fondos del erario municipal para autorizar la compra de un celular por 479.999 pesos, bajo la modalidad de servicio corporativo, con un abono mensual a nombre de la Municipalidad, por un monto total de $596.812,38”.

“Además, el imputado apartó y extrajo dicho bien de la actividad patrimonial del municipio y se lo dio a una persona que no es agente municipal ni posee vínculo contractual que legitime la tenencia de bienes del Estado”, explicó la fiscalía en aquella ocasión.

“Con esta entrega, el imputado quebrantó la esfera de custodia legal que debía preservar sobre el patrimonio público, permitiendo que un tercero ajeno disponga del recurso como si fuera propio, ocasionando un perjuicio al erario público municipal”, agregó.

“El delito de partícipe necesario del segundo imputado se configura porque este hombre habría prestado colaboración indispensable para la consumación del ilícito. Puntualmente porque tenía pleno conocimiento de no ser agente público ni poseía designación oficial alguna, y aún así recibió el bien del Estado y lo usó”, describió la fiscal.

Seguidamente, señaló que “dicha participación se materializó tanto en la recepción del dispositivo, como en un uso activo, interviniendo en la estructura jerárquica municipal”.

“Este imputado habría utilizado el teléfono para impartir órdenes y directivas de manera indirecta a los empleados de la Municipalidad, arrogándose facultades de gestión que reforzaron el apartamiento del bien de sus fines legales y consolidaron la disposición privada del recurso estatal”, concluyó la fiscalía.

La calificación legal por la que fiscalía y querella solicitaron que se tuvieran por formulados los cargos para el intendente es la de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado todo en concurso ideal”, según los Artículos 173, inciso 7 en función del 174 inc. 5, 261 primer párrafo, articulo 45 y 54 del Código Penal.

Mientras que para el otro imputado es la de partícipe necesario de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, según los Artículos 173, inciso 7 en función del 174 inc. 5, 45 del Código Penal.