“O tratan muy bien la naturaleza o hay impunidad ambiental”

Gustavo Gómez, fiscal federal especializado en delitos ambientales estuvo en la región y se sorprendió por la poca cantidad de causas penales por contaminación en la región.

El fiscal federal especializado en delitos ambientales, Antonio Gustavo Gómez, estuvo en Neuquén y Río Negro, donde reclamó al Ejecutivo que cumpla con la defensa de los recursos naturales y no se persiga a las organizaciones que denuncian, al tiempo que cuestionó la escasa acción judicial. “Sorprende la poca cantidad de causas penales por contaminación”, dice.


Antonio Gustavo Gómez es fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, con jurisdicción en Catamarca y Santiago del Estero. Es especialista en derecho ambiental. Llegó a la región invitado por la Confederación de organizaciones Mapuche y la APDH y comenzó su gira en Loncopué, recordando el décimo aniversario del plebiscito contra la megaminería. Sostuvo reuniones con legisladores neuquinos, con el defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén, Ricardo Riva, y luego ofreció charlas abiertas en en el Salón Azul de la Universidad Nacional del Comahue de Neuquén y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Roca sobre delitos ambientales. Recomendó sancionar una ley “anti slapp”, una práctica de empresas que buscan penalizar a las organizaciones y periodistas que denuncian crímenes ambientales. Participó del Toxic-Tour, una visita por las zonas contaminadas por la explotación petrolera.

–P: El motivo de su visita a Roca es para hablar sobre delitos ambientales, un tema que ud. asegura se ve poco en las universidades nacionales.
–R: Es verdad, los crímenes ambientales no se enseñan regularmente en las universidades. Estuve viendo los programas y el plan de estudio de la Facultad de Derecho y en la materia de Derecho Ambiental, que tiene una carga horaria importante, no hay una sola palabra sobre crímenes ambientales, el derecho procesal penal ambiental.

–P: En su recorrida por la región estuvo en Loncopué, en Allen, en el toxi-tour por las zonas petroleras. ¿Qué impresión se lleva de la situación en el norte de la Patagonia?
–R: Sí, fue muy grato, yo estuve hace una década en el referéndum de Loncopué y es grato ver avances. Por otro lado, me llevo una impresión: o en la Patagonia no existen delitos ambientales y la gente trata muy bien a la naturaleza, o hay un gran nivel de impunidad que me preocupa. Vengo de Allen y en el recorrido he tomado imágenes preocupantes: caños encubiertos llevando líquidos contaminantes crudos a un cauce que desemboca en el Río Negro, cerca de un barrio muy humilde de Allen, en la calle ciega 10, a simple vista eso es un delito federal, porque se pone en peligro al río Negro, un río nacional.

–P: ¿Hay poca acción de los fiscales?
–R: Los fiscales actúan en función del impulso social, el interés que le ponga la gente y aquí a menudo hay confusión; las personas no tienen claro cuándo hay delito ambiental, se sienten víctimas pero denuncian poco. En Neuquén no hay causa penales por los derrames al río Neuquén, al menos no he sabido que se haya condenado a nadie por este tema.

–P: A menudo este tipo de delitos se saldan con el pago de multas, o remediación…
–R: La ley penal no prevé multas, prevé penas de prisión. En Tucumán hemos condenado a un intendente a tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida por el delito ambiental de tener un basurero a cielo abierto. El CEO de La Alumbrera está procesado y por ir a juicio oral y público por la contaminación de su empresa. Hay directivos de los ingenios tucumanos procesados y por ir a juicio por contaminar ríos.

–P: ¿Los delitos ambientales son siempre federales?. A veces hay problemas de competencia con las justicias provinciales.
–R: La ley 24.051 dice que los delitos ambientales son competencia federal. La excusa para que intervengan justicias provinciales está en algún fallo de la Corte Suprema. Pero la Cámara de Casación penal lo ha definido de manera muy clara: son competencia federal. Aún en el supuesto que actúe justicia provincial no se justifica semejante nivel de impunidad.

–P: ¿Cuáles son los delitos ambientales más frecuentes en Argentina?
–R: El agua es la principal víctima de las agresiones al medioambiente. Todos los grandes ríos sufren por el vertido de líquidos cloacales sin tratar, de las empresas mineras, de las empresas petroleras y también de agrotóxicos en el agua. En el aire se ven elevados niveles de polución en muchos lados, por ejemplo lo he notado acá en Neuquén, con gases que contaminan, el venteo de gas no sólo es delito ambiental sino que tiene un grave impacto en el calentamiento global. También las explosiones en minas a cielo abierto…

–P: ¿Qué vacíos detecta en nuestra legislación ambiental?
–R: Necesitamos un código de delitos ambientales y una ley procesal de delitos ambientales, porque se trata de delitos específicos y complejos, como el narcotráfico. La ley de narcotráfico es una de las que más se aplica en el ámbito federal, muchos dicen vamos a incorporar un capítulo ambiental en la reforma penal, pero nuestro código penal ya tiene demasiados parches. Y el proceso procesal ambiental debería tener una manera distinta de trabajar que un proceso penal común.


–P: ¿Hay dificultades para probar delitos ambientales? muchas veces se necesitan pericias costosas, no hay laboratorios especializados, peritos…
–R: Yo estoy en contra de esto. En realidad la mayoría de los delitos ambientales son tan alevosos y burdos que no se necesitan pericias tan complejas. Si yo tengo una filmación de un caño tirando petróleo al agua, no necesito demasiado más. Yo puedo tomar declaraciones a las personas del sector y seguro encuentro afectaciones en la salud. Si hay gran cantidad de peces muertos, no son fenómenos naturales. Pero además las propias empresas presentan informes de impacto ambiental, la mayoría presenta niveles superiores a lo que permite la ley. A confesión de parte relevo de pruebas ¿Para qué necesito una pericia si los propios informes empresarios a menudo revelan el daño, o el delito?

El rol de las universidades

Las universidades deben tomar postura. Hay ejemplos lamentables: el rector de la Universidad de Tucumán va a ser sometido a juicio oral por el manejo irregular de fondos enviados por la minera La Alumbrera. Una complicidad lamentable. La regla general en las universidades argentinas es que el derecho penal ambiental y los delitos penales no se enseñan. Sí en otros países, como en la de Curitiba, Brasil, que tienen materias de derecho penal ambiental y procesal ambiental. Quienes hacen especializaciones en derecho ambiental o materias de este tipo, no mencionan los delitos ambientales.


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