Reparó una ruta y Vialidad Nacional lo intimó a deshacer la obra: la denuncia de un empresario que causó polémica

Un inusual conflicto se desató en la provincia de Santa Fe. Néstor Rozín, director del Hotel Sol de Funes (actualmente regenteado bajo la denominación Radisson RED Funes), denunció públicamente que Vialidad Nacional lo intimó a destruir las mejoras que él mismo financió para reparar el ingreso a su establecimiento sobre la colectora de la autopista Rosario-Córdoba. El organismo nacional salió al cruce, desmintió que se trate de un simple arreglo de bacheo y argumentó que el empresario abrió accesos de manera ilegal.

La problemática comenzó a gestarse meses atrás, cuando el estado de la colectora a la altura del kilómetro 307,5 comenzó a afectar la operatividad del complejo.

---

La versión del empresario sobre la denuncia de Vialidad

---

En declaraciones a RTS Medios, el CEO del hotel explicó que tomó la decisión de intervenir el camino ante la falta de respuestas oficiales. «Estábamos padeciendo el problema de la calle, del camino de tierra. El año pasado, por un par de eventos que teníamos de cantidad de gente y además por la importancia y relevamiento de la gente que venía, ya no aguantaba más», relató Rozín.

Según la versión del empresario, el reclamo de mantenimiento llevaba tiempo sin ser atendido. El hotelero sostuvo que venían pidiendo tanto a Vialidad Nacional como a la empresa contratista encargada del cobro de peajes que repararan el sector.

Ante la urgencia de tener eventos masivos programados, incluyendo la visita de unas cinco mil personas y actividades con funcionarios nacionales, decidió actuar por cuenta propia.

Para ello, recurrió a operarios que trabajaban en las cercanías y a contactos que le proveyeron materiales. «Lo que hicimos es incorporar las piedras para tapar los pozos, lo reparamos y nos quisieron clausurar. Después nos dieron el consentimiento para continuar con la obra«, aseguró el empresario.

---

La respuesta de Vialidad Nacional: conexiones clandestinas y riesgo vial

---

Frente a la repercusión de la denuncia, Vialidad Nacional emitió un documento oficial donde expuso una versión de los hechos opuesta a la del empresario, respaldando la intimación que le exige restituir el tramo a su estado original en un plazo de diez días.

Para el organismo, no se trató de un simple arreglo para tapar pozos, sino de una obra clandestina. En su informe, las autoridades advirtieron que «se identificaron subidas y bajadas ejecutadas de manera irregular entre la autopista y el acceso a un predio privado».

Desde la dependencia estatal argumentaron a Infobae que estas obras improvisadas representan un peligro inminente para quienes circulan por el corredor vial.

Las autoridades afirmaron que estas conexiones «constituyen una grave infracción a las normas de seguridad vial, ya que fueron ejecutadas sin ningún tipo de autorización, evaluación técnica ni medidas de seguridad exigidas por Vialidad Nacional para una autopista de circulación rápida».

Además, advirtieron sobre las consecuencias directas en el tránsito y detallaron que «una subida o bajada irregular que no cuenta con señalización preventiva, carriles de aceleración o desaceleración adecuados, iluminación ni diseño vial aprobado obliga a los conductores a realizar maniobras repentinas e imprevistas», incrementando de forma significativa el riesgo de colisiones.

---

El reclamo por el mantenimiento y el futuro de la obra

---

A pesar del contundente dictamen técnico, Rozín anunció que busca revertir la medida por la necesidad de garantizar la accesibilidad a su emprendimiento comercial.

El empresario expresó su frustración ante lo que considera un doble estándar de las administraciones públicas. «Por más bien que lo hayamos hecho, con la lluvia, como está la situación actual, los camiones, las máquinas, se va deteriorando el camino. La municipalidad es la que me exige que tenga libre accesibilidad y, por otro lado, Vialidad me prohíbe que lo reparemos», reclamó.

El debate de fondo que plantea el sector privado gira en torno a las obligaciones de las empresas concesionarias. El responsable del hotel cuestionó duramente a las firmas que explotan la traza, preguntándose por qué no realizan el mantenimiento correspondiente si son ellas quienes cobran el peaje.

«Se está diciendo que el privado tiene que invertir y tiene que hacer. Cuando un privado invierte, ahora lo persiguen, me parece, porque la colectora no es mía, es del Estado», remató Rozín.

Mientras tanto, el empresario señaló que confía en que Vialidad Nacional «va a recapacitar» y analiza antecedentes judiciales de casos similares para respaldar su accionar frente a una eventual disputa en los tribunales.