Sumarios en Salud por un aborto que no se realizó

El ministerio de Salud de la provincia inició una investigación administrativa para determinar responsabilidades en el caso de la joven que fue violada y no pudo acceder a un aborto no punible. Informaron que se pidió la historia clínica de la paciente e informes a los dos hospitales que intervinieron en el caso.

“Queremos saber qué pasó, donde estuvo el fallo. Esto no puede volver a suceder”, explicaron desde el área legal de la cartera de Salud.

En tanto, la presidenta de la comisión de Sociales de la Legislatura rionegrina, Marta Milessi, informó que hoy se presentará en los hospitales de Fernández Oro y de Cipolletti para solicitar las actuaciones y analizar porqué no se cumplió con la ley 4796, que regula el procedimiento en el caso de los abortos no punibles.

La situación se desencadenó cuando una joven de 20 años denunció que quedó embarazada por una violación y que a pesar de que pidió la interrupción no logró que le realicen la práctica médica. Ante la falta de respuesta del sistema de salud, la chica le pidió a la Justicia que ordene la realización del aborto. La jueza Marissa Palacios desestimó la acción porque los abortos no punibles “no son materia judiciable” pero ordenó que se analicen las posibles responsabilidades del personal de salud que no actuó a tiempo. La joven cursa hoy el tercer trimestre del embarazo.

El ministro de Salud, Fabián Zgaib, informó que la cartera a su cargo tomó intervención en la situación hace unos 10 días y reconoció que la joven ya estaba en un estado de gestación muy avanzado.

Agregó que el miércoles pasado tomaron conocimiento del fallo y que el jueves se iniciaron todas las actuaciones administrativas para deslindar responsabilidades. “Queremos saber por escrito qué se hizo y por qué se dejó de actuar”, especificó.

Además aseguró que se dispuso el acompañamiento de la joven que está en una situación muy vulnerable ante la situación que le está tocando atravesar.

La titular del área de Asuntos Legales, Silvana Pesado, agregó que “el sistema de salud en el caso de los abortos no punibles está funcionando bien. Este es un caso muy puntual por lo que queremos hacer todas las investigaciones. Los sumarios están en curso”, aseguró.

La ley 4796 establece que en el caso de un embarazo por violación la mujer puede solicitar la interrupción de la gestación. No es necesario que previamente exista una denuncia penal. Sólo debe firmar el consentimiento informado y una declaración jurada.

El Estado, a través del sistema de salud público y privado, debe garantizar que se cumpla con la legislación.

En su fallo, Palacios pidió a la fiscalía que “analice las posibles responsabilidades de los operadores de

salud intervinientes

en el caso”.