Tarjeta estatal: el gobierno irrumpe en un negocio de 60 millones por mes

Los plásticos servirán para compras y crédito. Estarían disponibles desde febrero o marzo, luego de la creación de una sociedad anónima en la Legislatura. El instrumento apunta a controlar la mayor parte del sistema de financiación para los agentes públicos, actualmente en manos del gremio UPCN.

El gobierno provincial lanzará una tarjeta de compra y crédito para los estatales. Este instrumento pretende quedarse con prácticas similares de gremios y financieras, que actualmente representan unos 60 millones de pesos mensuales en operaciones de agentes públicos, después descontados de sus salarios.

Mañana, la Legislatura cumplirá con el primer paso con la aprobación de una sociedad anónima destinada a la puesta en marcha de la tarjeta Río Negro Compras, cuya efectivo funcionamiento se prevé para febrero a marzo.

En los fundamentos, el proyecto -que hoy se analizará en el Plenario de Comisiones- explica que el Estado pretende, en esta “coyuntura económica”, “participar en el mercado de tarjetas con sistema propio” para permitir a los empleados el “acceso al crédito en condiciones más favorables”. Remarcó que las “entidades financieras o comercios ofrecen” esta posibilidad con “tasas de interés que no se condicen con el escaso o nulo riesgo” ya que dispone de “códigos de descuento” que retienen sus acreencias directamente de los salarios públicos.

Más información | Weretilneck creará una tarjeta de crédito para los estatales

Recientemente, la Función Pública detalló un centenar de códigos de descuentos, en respuesta a un pedido de informe legislativo. Una veintena están “bloqueados” mientras los restantes se dividen entre retenciones por cuotas gremiales, sociales o servicios de aquellas que responden a créditos por compras o directamente préstamos de dinero.

Una inicial estimación arroja unos de 60 millones mensuales de retenciones en las remuneraciones estatales por compras o créditos. UPCN concentra gran parte del sistema, por lo cual la propuesta del gobernador Alberto Weretilneck se direcciona también a recortar ese poder de la organización con la que actualmente está enfrentado.

Oficialmente, el gobierno rionegrino aseguró que “la tarjeta no implica un gasto para el Estado. Su función -se agregó- sólo será administrar el sistema para permitir mayor acceso y ampliar las posibilidades de adhesión de los comercios rionegrinos” y permita “formar parte de la red para generar descuentos y promociones”. El sistema se financiará “por sí mismo, a través de los comercios y prestadores de servicios”.

UPCN: “Parece un manotazo de precampaña”

ATE: “Puede terminar con condiciones usurarias”

“Hoy entre bancos, financieras y algunos sindicalistas sin escrúpulos se disputan todos los días el bolsillo de los empleados públicos en la provincia”.

Rodolfo Aguiar, ATE

“Desde el momento en que el gobierno tomó la decisión de ir contra la UPCN, nosotros crecimos exponencialmente en cantidad de afiliados”.

Mesa directiva de UPCN

Las claves del proyecto

Se destinará a empleados públicos provinciales y de municipios adheridos, beneficiarios sociales y pasivos provinciales.

La cobertura posible sería de 65.000 a 70.000 asalariados.

Serviría para comprar alimentos, electrodomésticos, indumentarias y materiales de construcción.

La tarjeta de compra tiene un tope y el total se descuenta del salario. La tarjeta de crédito tiene un tope, pero se paga parte y el resto se financia.

La Tarjeta Río Negro Compras no tendrá inicialmente financiación. Se podría sumar cuando la sociedad estatal logre fondeo.

Falta la red de comercios adheridos, con una comisión del 2% a 3% (a definir). La posibilidad de cuotas quedará supeditada al ofrecimiento del vendedor.

Datos

El gremio UPCN opinó que el gobierno “busca ahora compensar con créditos los pésimos salarios que son consecuencia de la peor negociación salarial en democracia”. El sindicato lamentó que el gobernador “haya tardado tanto en sacar un beneficio de estas características, siendo que le queda un año de gobierno”. Por eso dijeron que “parece más bien un manotazo de precampaña”.
“Pensamos que ésta hubiese sido una buena política a implementar cuando asumió su cargo, en el 2011, en vez de aprobar la ley de prescindibilidad”, insistieron.
Finalmente, plantearon que “una iniciativa de este tenor se ve más bien como parte de un plan político tendiente a consolidar poder con estrategias, alianzas y circos de marketing que disfrazan la realidad y siguen fomentando el hundimiento económico y productivo de nuestra provincia”.
ATE señaló que la nueva tarjeta “puede servir para terminar con las condiciones usurarias a las que son expuestos todos los empleados públicos”.
“Estamos evaluando el proyecto, pero si hay alguien que chilla es porque siente que le están cortando un negocio millonario”, apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general.
“Hoy entre bancos, financieras y algunos sindicalistas sin escrúpulos se disputan todos los días el bolsillo de los empleados públicos en la provincia”.
“Desde el momento en que el gobierno tomó la decisión de ir contra la UPCN, nosotros crecimos exponencialmente en cantidad de afiliados”.

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