Toma Mosconi en Roca: 52 imputados por usurpación

Se realizó la audiencia de formulación de cargos por la toma en barrio Mosconi. Foto gentileza.

Se realizó la audiencia de formulación de cargos por la toma en barrio Mosconi. Foto gentileza.

El municipio de General Roca junto con la fiscalía solicitó que se suspenda el desalojo de las familias que ocupan terrenos fiscales al oeste del barrio Mosconi.

Se realizó este jueves la audiencia de formulación de cargos y fueron imputadas 52 personas de usurpación de un terreno municipal.

Según la acusación “los hechos se iniciaron el 27 de enero último, cuando estas personas comenzaron a ingresar con palas y rastrillos, de forma preacordada y oculta. Se ocuparon primero de desmalezar los terrenos e instalaron casillas precarias de madera y nylon con la “intención evidente de despojar del mismo a quienes tienen la legitimidad de la posesión, tal es el Municipio de Roca y un ciudadano particular”.

La secretaria de Gobierno Andrea Cornejo señaló que el Ejecutivo “tomó contacto con la totalidad del grupo porque en las semanas anteriores se los había citado y no todos se habían presentado en las entrevistas dadas”.
La orden de desalojo fue solicitada días atrás por el Ministerio Público sin embargo la funcionaria explicó que se pidió que se suspenda por 15 días y en ese tiempo realizar un informe de cada vecino que está en la toma para evaluar si puede o no acceder a un lote social.

”Tenemos registro de 12 familias, del resto no teníamos conocimiento hasta en la audiencia”, señaló.

De estas personas Cornejo aseguró que algunas tienen el puntaje para acceder a un terreno sin embargo aclaró que el municipio no tiene disponibles espacios en ese barrio.

“Tenemos en Chacra Monte, Alta Barda, Carlos Soria y otros puntos de la ciudad”, dijo la funcionaria.

“En caso de cumplidos los 15 días los ocupantes no se retiren será la misma fiscal que pedirá el desalojo”, informó.

Además tanto la fiscalía como la querella representada por Cornejo y el abogado Santiago Silva pidieron que se mantengan las medidas de seguridad. “Va a continuar la presencia de la policía para que no ingresan más personas al lugar y materiales de construcción”, plantearon.

Los vecinos fueron representados por la defensora pública penal Flavia Rojas y Estela Aroca Álvarez. La audiencia fue presidida el juez de Garantías Gustavo Quelín y estuvo la fiscal jefe Graciela Echegaray junto al fiscal del caso Gastón Britos Rubiolo.

Las familias en comunicación con “Río Negro”, señalaron que la mayoría realizó los trámites en el Banco Municipal de Tierras pero nunca tuvieron respuestas favorables.


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