Triple salto hacia el 2015

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

En pocos meses, la provincia vivirá tres instancias electorales que nos brindarán pistas acerca de cuál será el futuro de la gobernación rionegrina en el 2015. • La primera prueba, en la cual están puestos hoy todos los ojos, son las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del 11 de agosto para definir candidaturas para las parlamentarias de octubre. • Poco después, el 1 de setiembre, Bariloche elegirá al intendente que complete el mandato del destituido Omar Goye. Allí, el Frente para la Victoria impulsa a la intendenta interina María Eugenia Martini, aunque –en la práctica– esa alianza no se constituyó tampoco ahora, ya que el Frente Grande lleva su propio aspirante: el concejal Carlos Valeri. Gustavo Gennuso aspira al cargo por el partido Pueblo en alianza con el socialismo y el CC-ARI; Adolfo Fourés por el vecinalista Sur; Hugo Castañón por la UCR; y Claudio Lueiro por el Partido Provincial Rionegrino en alianza con PRO-Recrear y el Peronismo Federal. • El 27 de octubre, la provincia participará de las elecciones para cubrir tres bancas de representantes rionegrinos en el Senado y dos en Diputados. Serán quienes reemplacen en la cámara alta a los frentistas Miguel Pichetto y María José Bongiorno y al radical Pablo Verani. En la cámara baja cesan Oscar Albrieu (FpV) y Hugo Castañón (UCR). Es la primera vez que la gestión provincial que conduce Alberto Weretilneck enfrenta un desafío electoral de esta envergadura. La elección de intendente de Viedma –si bien concentró expectativas– significaba cubrir un cargo que estaba en manos ajenas. Si bien ningún cargo provincial se pone en juego en esta seguidilla de comicios, el gobernador es quien más arriesga porque, sin duda, constituirán un testeo de la opinión que provoca su gestión. Esto sucederá incluso en Bariloche, donde cada hacer y cada omisión es leída bajo la óptica provincial. Esta semana Weretilneck rendirá otro examen: el Consejo “grande” de la Magistratura elegirá mañana tres jueces que completarán el Superior Tribunal de Justicia. Y se sabrá si logra o no incorporar a la candidata que propuso: la actual procuradora, Liliana Piccinini. Desde su asunción, el gobernador ha demostrado su obsesión por construir poder, puesto que tal era la principal falencia de su figura. En esa finalidad encuentran explicación muchas de sus acciones, de sus palabras y de sus silencios. Es probable que en ese particular estilo, que excluye la participación de equipos técnicos de referencia obligada, radique el ignoto motivo por el cual propuso para el STJ a una funcionaria ligada a una tradición judicial que no le resulta propia por afinidad partidaria ni por un proyecto judicial explícito. No es el único dato que incrementa la expectativa frente a la reunión. En Río Negro, el método de elección de los jueces del STJ es el resultado de una pretendida democratización que, en rigor, no ha pasado de crear un marco de negociación entre corporaciones y sectores políticos. Condimentado, con escasa lógica, por un discurso de quienes aspiran a los cargos en juego. En este caso son 16 abogados para tres escaños. Esta audiencia pública, tal como está planteada, es virtualmente decorativa. Nadie ignora que, al momento de que los candidatos pronuncien su propuesta de gestión, la suerte ya habrá sido echada. Para que resultara un paso útil, debería producirse al menos con varios días de antelación. Este fin de semana los sectores con influencia en el Consejo de la Magistratura anudan sus acuerdos y diferencias y definen en la intimidad el voto que formalizarán, sin necesidad de fundarlo, en la cita prevista. En primer lugar se votará la vacante creada por la renuncia de Víctor Sodero Nievas. Y, enseguida, a quienes ocupen los dos nuevos escaños en el STJ, surgidos de su reciente ampliación por ley. Será por mayoría simple de los 25 miembros del Consejo, en el que están representados tres bloques legislativos –el FpV, la UCR y la CC-ARI–, los cuatro Colegios de Abogados y el Ejecutivo. Habrá más jueces en el STJ, pero ¿habrá mejor Justicia? Si bien se pregona su independencia, es fácil advertir que el ánimo de jueces y fiscales se mueve según los rumbos –explícitos o implícitos– del Ejecutivo provincial. Y, en tal sentido, Justicia y Seguridad han marcado en la gestión Weretilneck un zigzag preocupante. El gobierno no ha hecho nada por agilizar las causas de corrupción que tramitan desde hace años y sólo a instancias de funcionarios puntuales se han sumado dos o tres en esta gestión. Además, la presión del poder político a jueces y fiscales ha llegado a ser explícita, por decisión o torpeza. Y la única directriz visible parece ser tratar de quedar bien con todos y seguir el humor de los sectores. La situación ha mostrado especial gravedad en relación con los siete policías procesados por la desaparición y presunto asesinato del trabajador rural salteño Daniel Solano, en el Valle Medio. Con procesamiento firme, la jueza Costanzo ordenó el traslado de los uniformados a Viedma. Pero el poder político cedió a la presión policial y accionó sobre la magistrada que –por alguna razón– dio marcha atrás. El traslado a Lamarque de los acusados, en una combi con sus familiares, fue vivido por cierto sector de la Policía como una fiesta. Y el Ejecutivo –que se jacta de haber designado un civil al frente de la fuerza– dejó que se avasallara toda noción de autoridad, de sujeción a las normas y de disciplina. El juez subrogante Víctor Soto planteó luego un proceso de dos pasos: intentar un diálogo con los procesados “para persuadirlos de que depongan la resistencia” a que se los aloje divididos en tres centros de detención. Y, en caso de que sigan desobedeciendo la orden judicial, “se haga uso de la fuerza” para trasladarlos. Hace doce días de eso, pero el subjefe de la Policía, Eladio Infante, ha planteado que no hay plazos. Y el propio juez Soto ha relativizado la naturaleza de su resolución. En definitiva: • En palabras, Weretilneck ha planteado una política de seguridad progresista, con una Policía profesional, eficiente y subordinada al gobierno civil. • En la práctica, la designación de funcionarios provenientes del esquema nacional no se tradujo en mejorar la calidad de la Policía y es preocupante la falta de sanción de actos de insubordinación. • Puede haber un STJ de cien miembros, pero así no tendremos jueces que se animen a firmar un fallo controversial. Durante años, la agenda pública en Río Negro giró en torno al eje de la hegemonía y la falta de alternancia partidaria. Se ubicaba en ellos la responsabilidad por la falta de eficiencia en Educación, desarrollo económico, Salud y Seguridad, verdaderos ejes de la misión del Estado. En el último año y medio, esa piedra se corrió de delante del zapato de la Provincia. Hubo alternancia formal. No obstante, esos puntos de la agenda tienen falencias notoriamente similares. Fragmentado bajo la línea de flotación el gobierno subsiste, sabiendo que difícilmente el PJ acepte el liderazgo de Weretilneck con miras al 2015. Resulta obvio que la agenda de los políticos es ganar elecciones. La agenda de la ciudadanía, lamentablemente, sigue siendo que la prioridad, alguna vez, la alcance.