“Triunfó la ilegalidad, preadjudicaron las viviendas tomadas del IPPV-Viarse”
Es incomprensible creer que el gobierno provincial avale una usurpación de viviendas. Sin embargo, es así: el gobierno de Río Negro preadjudicó las viviendas usurpadas en el 2012 por un grupo de personas que ni siquiera superan al 15% del total de las familias estafadas por House Vial. Con su accionar está avalando la ilegalidad. Recordemos que el plan de 167 viviendas del convenio IPPV-Viarse (House Vial) comenzó a venderse en el 2006. Los compradores de ese año y el siguiente, con comprobantes de pago total del terrero y reuniendo los requisitos del IPPV, se quedaron esperando la adjudicación de las casas durante siete y ocho años respectivamente, efectuando siempre reclamos pacíficos a Viarse y al IPPV. Nunca recibieron respuesta oficial que solucione el problema, sólo falsas promesas que nunca se cumplieron y que resultaron contrarias a todas las declaraciones que realizaron los distintos funcionarios del gobierno provincial que intervinieron en el tema. Recordemos una de ellas. El ministro de Gobierno, Dr. Luis Di Giacomo, en el 2013, en el marco de una reunión con damnificados y a su vez ocupantes, dejó en claro que “una situación ilegal como es la usurpación no da derechos, y por eso toda solución tiene como requisito desocupar las unidades”. A su vez alertó sobre que “la respuesta del Estado debe contemplar el total de aproximadamente 600 estafados por la empresa formada por el Sindicato de Trabajadores Viales, ya que de lo contrario no sólo se cometería una segunda injusticia si sólo se atiende a quienes ocuparon las viviendas, sino que además se estaría avalando la metodología de la usurpación ilegal”. De esta reunión participaron, además, el extitular del Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda (IPPV), Luis Bardeggia, así como asesores del organismo de viviendas provincial y de la Fiscalía de Estado. En pocas palabras, engañaron a todas las familias que pacíficamente llevaron sus reclamos por las vías de la Justicia y por los canales que corresponden. Traicionaron su creencia en el gobierno provincial y, por sobre todas las cosas, apoyaron a los que actuaron fuera de la ley. Beneficiaron a todos aquellos que decidieron por la vía de la ilegalidad apropiarse de algo que no les pertenecía y les otorgaron la preadjudicación de las viviendas. Realmente una vergüenza. Oportunamente desde el Movimiento de Apertura Democrática –MAD– nos pronunciamos duramente sobre este accionar, repudiando la usurpación de las 87 viviendas; detallando de manera minuciosa cómo se fueron dando los hechos desde el 2006 hasta la fecha. También por iniciativa de nuestra concejal Celia Graffigna, del Concejo Deliberante de nuestra ciudad, con el voto de todos los ediles, reclamaron al IPPV la adjudicación de las primeras 87 viviendas por orden de mérito, respetando los requisitos del IPPV y la no participación en la toma de las viviendas. Hoy nos volvemos a preguntar, al igual que el resto de los damnificados: ¿a partir de cuándo de un delito nace un derecho?, ¿cuál fue el motivo que llevó al gobierno provincial a avalar una usurpación?, ¿se habrán regido por la idea del gobernador Alberto Weretilneck cuando manifestó que, “a veces, no necesariamente hay que apegarse tanto a la ley, sino que hay que tener más sentido común”? Creemos sumamente necesario que el Estado provincial dé una respuesta urgente. Los ciudadanos de Río Negro se la merecen y mucho más todas las familias que, respetando los canales de la Justicia, se manifestaron pacíficamente. Indudablemente el gobierno provincial cedió a todo lo que dijeron que no iban a ceder. Justamente se hizo todo lo contrario a lo dicho. Una consigna permanente de este gobierno. Mesa General Roca Movimiento de Apertura Democrática
Mesa General Roca Movimiento de Apertura Democrática
Es incomprensible creer que el gobierno provincial avale una usurpación de viviendas. Sin embargo, es así: el gobierno de Río Negro preadjudicó las viviendas usurpadas en el 2012 por un grupo de personas que ni siquiera superan al 15% del total de las familias estafadas por House Vial. Con su accionar está avalando la ilegalidad. Recordemos que el plan de 167 viviendas del convenio IPPV-Viarse (House Vial) comenzó a venderse en el 2006. Los compradores de ese año y el siguiente, con comprobantes de pago total del terrero y reuniendo los requisitos del IPPV, se quedaron esperando la adjudicación de las casas durante siete y ocho años respectivamente, efectuando siempre reclamos pacíficos a Viarse y al IPPV. Nunca recibieron respuesta oficial que solucione el problema, sólo falsas promesas que nunca se cumplieron y que resultaron contrarias a todas las declaraciones que realizaron los distintos funcionarios del gobierno provincial que intervinieron en el tema. Recordemos una de ellas. El ministro de Gobierno, Dr. Luis Di Giacomo, en el 2013, en el marco de una reunión con damnificados y a su vez ocupantes, dejó en claro que “una situación ilegal como es la usurpación no da derechos, y por eso toda solución tiene como requisito desocupar las unidades”. A su vez alertó sobre que “la respuesta del Estado debe contemplar el total de aproximadamente 600 estafados por la empresa formada por el Sindicato de Trabajadores Viales, ya que de lo contrario no sólo se cometería una segunda injusticia si sólo se atiende a quienes ocuparon las viviendas, sino que además se estaría avalando la metodología de la usurpación ilegal”. De esta reunión participaron, además, el extitular del Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda (IPPV), Luis Bardeggia, así como asesores del organismo de viviendas provincial y de la Fiscalía de Estado. En pocas palabras, engañaron a todas las familias que pacíficamente llevaron sus reclamos por las vías de la Justicia y por los canales que corresponden. Traicionaron su creencia en el gobierno provincial y, por sobre todas las cosas, apoyaron a los que actuaron fuera de la ley. Beneficiaron a todos aquellos que decidieron por la vía de la ilegalidad apropiarse de algo que no les pertenecía y les otorgaron la preadjudicación de las viviendas. Realmente una vergüenza. Oportunamente desde el Movimiento de Apertura Democrática –MAD– nos pronunciamos duramente sobre este accionar, repudiando la usurpación de las 87 viviendas; detallando de manera minuciosa cómo se fueron dando los hechos desde el 2006 hasta la fecha. También por iniciativa de nuestra concejal Celia Graffigna, del Concejo Deliberante de nuestra ciudad, con el voto de todos los ediles, reclamaron al IPPV la adjudicación de las primeras 87 viviendas por orden de mérito, respetando los requisitos del IPPV y la no participación en la toma de las viviendas. Hoy nos volvemos a preguntar, al igual que el resto de los damnificados: ¿a partir de cuándo de un delito nace un derecho?, ¿cuál fue el motivo que llevó al gobierno provincial a avalar una usurpación?, ¿se habrán regido por la idea del gobernador Alberto Weretilneck cuando manifestó que, “a veces, no necesariamente hay que apegarse tanto a la ley, sino que hay que tener más sentido común”? Creemos sumamente necesario que el Estado provincial dé una respuesta urgente. Los ciudadanos de Río Negro se la merecen y mucho más todas las familias que, respetando los canales de la Justicia, se manifestaron pacíficamente. Indudablemente el gobierno provincial cedió a todo lo que dijeron que no iban a ceder. Justamente se hizo todo lo contrario a lo dicho. Una consigna permanente de este gobierno. Mesa General Roca Movimiento de Apertura Democrática
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