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El gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner logró que una abrumadora mayoría de los países de la ONU apoyara una moción a favor de “un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana” que serviría para “darle previsibilidad al sistema financiero” pero, por desgracia, sólo se trata de una victoria simbólica, ya que es poco probable que la votación tenga consecuencias concretas que nos aporten algunos beneficios. En cuanto a “la ley de Pago Soberano” que, para júbilo del oficialismo, aprobaron los diputados luego de un debate maratónico, su eventual utilidad dependerá de los acreedores. Es por lo menos posible que algunos opten por cobrar en Buenos Aires o París, fuera del alcance de la Justicia de Estados Unidos, pero otros preferirán pasar por alto la oportunidad brindada por el gobierno porque no les convendría correr el riesgo que les supondría motivar el interés hostil de las implacables autoridades financieras norteamericanas. Asimismo, ciertos analistas prevén que, por ser tan mala la situación económica del país, le será difícil encontrar el dinero que necesitaría para pagarles a todos los bonistas en el caso de que aceptaran el cambio de sede, ya que hasta nuevo aviso la Argentina se verá excluida de los mercados de crédito internacionales. Para minimizar los costos políticos del aislamiento financiero y, a causa de la escasez de divisas para saldar deudas con socios como la filial brasileña de General Motors, comercial, los kirchneristas seguirán atribuyendo la evolución nada promisoria de la economía nacional a la malignidad de los fondos buitre y la terquedad legalista del juez Thomas Griesa pero, conforme a las encuestas de opinión, la estrategia así supuesta, sintetizada en la consigna “patria o buitres”, está perdiendo su eficacia inicial al difundirse la convicción de que es debido exclusivamente a los errores cometidos por el gobierno que la economía está en caída libre. Puesto que a partir de diciembre del año pasado el gobierno había tratado de reconciliarse con los mercados de capitales indemnizando a Repsol por la confiscación de sus acciones en YPF y alcanzando un acuerdo presuntamente definitivo con los países del Club de París, es un tanto sorprendente que no procurara aprovechar a tiempo la actitud hacia los fondos buitre no sólo de los gobiernos de un centenar de países sino también de muchos economistas europeos y norteamericanos de impecables credenciales “ortodoxas”. De haberlo hecho, el gobierno pudo haberse ahorrado una crisis que amenaza con agravarse muchísimo en los próximos meses. Si bien los jueces norteamericanos están poco acostumbrados a dejarse influir por los argumentos esgrimidos por políticos o economistas, a esta altura Griesa no podrá sino haberse dado cuenta de que su fallo, por justificado que le pareciera en vista de la conducta despectiva hacia su investidura del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, podría tener un impacto devastador en millones de hogares. Sin embargo, al gobierno no se le ocurrió que sería de su interés intentar conseguir la ayuda de sectores nada contestatarios en su batalla contra los fondos buitre, acaso por suponer que no le traería beneficios políticos inmediatos. Aunque el panorama socioeconómico ya parecía sombrío antes de que los abogados de los holdouts más tenaces se las arreglaran para convencer a Griesa, y a la corte de apelaciones de Nueva York, de que sus clientes tenían derecho a cobrar los 1.500 millones de dólares que reclamaban, desde aquel momento se ha oscurecido mucho más. Además de caer en recesión la industria y los servicios, se ha desplomado el precio de la soja que, en lo que va del año, ha perdido casi una cuarta parte de su valor. También propende a acelerarse la inflación que, según el llamado índice Congreso, acaba de superar la “barrera psicológica” del 40% anual, lo que, desde luego, afecta negativamente el poder adquisitivo de la población y, por lo tanto, el consumo. No todo es culpa de los “buitres” o de la Justicia norteamericana, pero de no haber sido por el revés, para muchos imprevisto, que el gobierno sufrió en el despacho de un juez neoyorquino, el país estaría en condiciones de acceder a los créditos internacionales que tanto necesita.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA - Domingo 14 de septiembre de 2014


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