“Un debate crucial que la sociedad viene postergando”
Una vez más, como viene siendo habitual desde hace un largo tiempo, los argentinos debemos enterarnos a través del periodismo de medidas gubernamentales que se rodean de un sospechoso sigilo. En este caso, se trata de una nota del embajador Martín Lousteau enviada a un congresal norteamericano en la que manifestaba el propósito del gobierno argentino de adquirirle a ese país una importante provisión de armamento bélico para las fuerzas armadas.
Teniendo en cuenta la situación económica de nuestro país y el costo tan significativo de esta compra que alcanzaría los $ 40.000 millones, la misma no parece estar razonablemente justificada.
Pero amén de la económica otras cuestiones invalidan el proyecto, tanto sea por la forma casi secreta de la solicitud como por las razones invocadas para justificar la adquisición-lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, sobre todo teniendo en cuenta la característica de los elementos requeridos (tanques de guerra, aviones de combate, misiles, entre otros), que no parecen ser los más idóneos para esas tareas. Por todo ello, la posible compra ha generado numerosos reparos en sectores preocupados al ver cómo se destina una enorme masa de dinero para algo que de ninguna forma constituye una real prioridad para la sociedad, sin que resulte válido argumentar que los militares nacionales carecen del material necesario para su actividad.
Ante estos cuestionamientos el gobierno, en lugar de enfrentar la verdad y explicar claramente las razones de su actitud, acude a un subterfugio, diciendo que no se trató de una compra sino de un pedido de donación al gobierno de EE. UU. de esos materiales militares.
Tanto en un caso como en otro el propósito carece de la más mínima razonabilidad. Si se trata de una compra, ese dinero puede tener destinos más útiles y ser usado para mejorar las condiciones de vida de poblaciones que viven en la pobreza, al ser invertido en educación, salud, pavimento, cloacas, viviendas, etc., o para adquirir elementos necesarios como aviones hidrantes para atender los constantes incendios de nuestros bosques y campos o barcos de patrullaje, ahora más necesarios ante la ampliación de la plataforma submarina y las constantes depredaciones de nuestra riqueza ictícola.
Y si de donación se trata, también merece objeciones porque de tal forma se termina afectando la soberanía nacional, ya que está históricamente demostrado que esos actos no son tan gratuitos como aparentan y siempre terminan condicionando y subordinando a quienes reciben “el beneficio”, a las decisiones de los países donantes, sin dejar de mencionar que por lo general el material “donado” es rezago de guerra casi siempre obsoleto.
Pero más allá de estos proyectos circunstanciales sobre el equipamiento militar subyace una situación de fondo: ¿para qué las fuerzas armadas? ¿Qué hacer con ellas? ¿Qué tipo de fuerzas armadas necesita el país? ¿Cuáles son las hipótesis de conflicto que se prevén? ¿Cuánto resabio de la perversa doctrina de la Seguridad Nacional anida aún en las fuerzas armadas? Éstos son algunos interrogantes de un crucial debate que la sociedad argentina viene postergando sine die desde el retorno de la democracia, sin animarse a tratarlo con la enjundia y la responsabilidad que corresponde, teniendo en cuenta el rol que esas fuerzas armadas han tenido en nuestra reciente historia nacional.
Carlos Segovia
LE 7.304.065
Carlos Segovia
LE 7.304.065
Una vez más, como viene siendo habitual desde hace un largo tiempo, los argentinos debemos enterarnos a través del periodismo de medidas gubernamentales que se rodean de un sospechoso sigilo. En este caso, se trata de una nota del embajador Martín Lousteau enviada a un congresal norteamericano en la que manifestaba el propósito del gobierno argentino de adquirirle a ese país una importante provisión de armamento bélico para las fuerzas armadas.
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