Un posteo de Bahía Creek y los deberes de los funcionarios
La denuncia de Falca tiene entidad por su "estado judicial", producto de su jubilación privilegiada. Perez Estevan tiene la obligación de vindicarse frente a una acusación.
El domingo, el ex fiscal Ricardo Falca publicó en Facebook, aludiendo a “residentes de Bahía Creek”, que el ministro de Seguridad, Gastón Pérez Estevan fue el sábado al balneario a “pescar y comer un asado con amigos”, “violando cuarentena”.
La denuncia se viralizó, seguida por notas periodísticas y pedidos de renuncia por parte de dos legisladores opositores: Juan Martín (Juntos por el Cambio) y José Luis Berros (FdT).
El gobierno provincial se incomodó pero, en principio, se resistió a una respuesta oficial, desacreditando su difusión en las redes sociales. Los llamados telefónicos se multiplicaron. Y Falca, simultáneamente, borró su acusación.
No fue un posteo más. El ex fiscal tiene una carga pública, pues la ley 24018 -que permitió su jubilación privilegiada- garantiza condiciones especiales -como cobrar el 82% móvil de lo que cobra un activo- pero, en contraposición, impone el “estado judicial”. ¿Qué significa? Conserva su condición y se lo puede convocar nuevamente a cumplir tareas judiciales. Sobran casos donde el STJ reclutó a magistrados jubilados para camaristas. Esa condición de Falca es lo que otorga identidad a su acusación pública, que después borra. Este repliegue vaticinaría que no formalizaría una denuncia, cuya obligación deviene de su estado judicial y carga pública.
Pérez Estevan respondió ayer, negando que estuvo “comiendo y pescando con amigos”. Explicó de sus recorridas y encuadró su presencia en Bahía Creek por sus “funciones”. Pero no detalló esa actuación oficial el sábado en ese pequeño poblado costero, a 100 kilómetros de Viedma -de camino mayormente de ripio- y caracterizado por su belleza marítima.
El ministro tiene también su carga pública: concurrir a la Justicia para “vindicarse”. El artículo 56 de la Constitución Provincial lo obliga a “acusar” cuando se le “imputa un delito” aunque, en su caso, tiene hasta seis meses para su presentación.
En concreto, el suceso de Bahía Creek no es un simple posteo, que se pretende ignorar con su borrado. Queda si integra la obligación pública de cada partícipe. Subsiste, además, el resguardo del Poder Judicial, que -por ahora- solo otea la situación.
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