Una cruzada costosa
Cuando del conflicto con los holdouts o “buitres” se trata, al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le resulta muy fácil acumular manifestaciones de solidaridad internacional ofrecidas por políticos y dignatarios eclesiásticos, comenzando con el papa Francisco, además de académicos y sindicalistas extranjeros. Es por lo menos factible que el apoyo moral así conseguido ayude a que el país logre alcanzar un arreglo satisfactorio con los acreedores a comienzos del año que viene, ya que hasta los “buitres” más resueltos entenderán que no sería de su interés enojar demasiado a la elite política mundial. Así y todo, aun cuando Cristina se sienta con derecho a cantar victoria luego de lo que toma por una batalla épica contra los fondos especulativos, los costos para el país seguirían siendo muy elevados. Mal que nos pese, este episodio, fruto de la impericia gubernamental, ha servido para instalar la idea de que sólo a los jugadores más empedernidos se les ocurriría arriesgar invirtiendo en la Argentina. Hasta economistas que han protestado con vehemencia contra el fallo del juez norteamericano Thomas Griesa, tratándolo como un disparate peligroso que pone en peligro el crónicamente precario sistema financiero internacional, se han sentido constreñidos a criticar en términos muy duros no sólo la conducta del gobierno actual sino también la presunta costumbre de la clase política nacional en su conjunto de burlarse de los derechos de los acreedores. En vísperas del default festivo de diciembre del 2001, los preocupados por lo que estaba por suceder advirtieron que reconciliarnos con los mercados de capitales después de una cesación de pagos nos tomaría años, tal vez décadas. Por desgracia, tenían razón. Si bien los inversores suelen ser relativamente olvidadizos y a menudo caen en la tentación de creer que países como el nuestro pueden cambiar de resultas de una experiencia desagradable, el gobierno kirchnerista se encargó de informarles una y otra vez que la Argentina se mantendría fiel a sus propias tradiciones en la materia. Pudo haberse limitado a subrayar que a fines del 2001 el país no tenía más alternativa que procurar “reestructurar” su deuda soberana pero, con el propósito de privilegiar el frente interno, decidió asumir una postura desafiante, como si a su juicio el default se debiera exclusivamente a las deficiencias del resto del mundo y que a éste le correspondía modificar drásticamente todas las reglas. Si bien a algunos contestatarios de otras latitudes les gusta la propuesta, por razones evidentes no incluyen en sus filas a los inversores mismos. Los dirigentes opositores que, conforme a las encuestas de opinión, por ahora cuentan con una posibilidad de suceder a Cristina en la Casa Rosada, confían en que su hipotético triunfo sería suficiente para convencer a “los mercados” de que la Argentina sí ha aprendido de la experiencia y que en adelante será desde el punto de vista de los acreedores un país tan seguro como cualquier otro. Pecan de optimismo. Al próximo gobierno no le será nada fácil persuadirlos de que la cultura política ha cambiado tanto que no correrían riesgo alguno de perder su dinero. A ojos de muchos, el enfrentamiento con “los buitres” ha servido para confirmar que la Argentina realmente es un país sui géneris en que escasean los dispuestos a respetar los derechos económicos ajenos. Al aprovechar tanto el tema para destacarse en foros internacionales, Cristina y otros voceros oficiales como el ministro de Economía Alex Kicillof están haciendo aún más difícil la tarea de sus sucesores, que tendrán que convertir el cambio de imagen nacional en una prioridad, ya que, en caso contrario, el país no podrá conseguir las inversiones en gran escala que necesitará para sacar provecho de sus recursos naturales. Convendría, pues, que el gobierno kirchnerista dejara de intentar encabezar una cruzada internacional contra el statu quo imperante, pero parecería que está tan convencido de que liderar una campaña en tal sentido le aportará beneficios políticos internos que, lejos de pensar en adoptar una actitud menos combativa a fin de evitar brindar la impresión de ser un defaulteador serial no por necesidad sino por principio, se ha propuesto hacer del asunto el eje de su política exterior.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Martes 23 de septiembre de 2014
Cuando del conflicto con los holdouts o “buitres” se trata, al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le resulta muy fácil acumular manifestaciones de solidaridad internacional ofrecidas por políticos y dignatarios eclesiásticos, comenzando con el papa Francisco, además de académicos y sindicalistas extranjeros. Es por lo menos factible que el apoyo moral así conseguido ayude a que el país logre alcanzar un arreglo satisfactorio con los acreedores a comienzos del año que viene, ya que hasta los “buitres” más resueltos entenderán que no sería de su interés enojar demasiado a la elite política mundial. Así y todo, aun cuando Cristina se sienta con derecho a cantar victoria luego de lo que toma por una batalla épica contra los fondos especulativos, los costos para el país seguirían siendo muy elevados. Mal que nos pese, este episodio, fruto de la impericia gubernamental, ha servido para instalar la idea de que sólo a los jugadores más empedernidos se les ocurriría arriesgar invirtiendo en la Argentina. Hasta economistas que han protestado con vehemencia contra el fallo del juez norteamericano Thomas Griesa, tratándolo como un disparate peligroso que pone en peligro el crónicamente precario sistema financiero internacional, se han sentido constreñidos a criticar en términos muy duros no sólo la conducta del gobierno actual sino también la presunta costumbre de la clase política nacional en su conjunto de burlarse de los derechos de los acreedores. En vísperas del default festivo de diciembre del 2001, los preocupados por lo que estaba por suceder advirtieron que reconciliarnos con los mercados de capitales después de una cesación de pagos nos tomaría años, tal vez décadas. Por desgracia, tenían razón. Si bien los inversores suelen ser relativamente olvidadizos y a menudo caen en la tentación de creer que países como el nuestro pueden cambiar de resultas de una experiencia desagradable, el gobierno kirchnerista se encargó de informarles una y otra vez que la Argentina se mantendría fiel a sus propias tradiciones en la materia. Pudo haberse limitado a subrayar que a fines del 2001 el país no tenía más alternativa que procurar “reestructurar” su deuda soberana pero, con el propósito de privilegiar el frente interno, decidió asumir una postura desafiante, como si a su juicio el default se debiera exclusivamente a las deficiencias del resto del mundo y que a éste le correspondía modificar drásticamente todas las reglas. Si bien a algunos contestatarios de otras latitudes les gusta la propuesta, por razones evidentes no incluyen en sus filas a los inversores mismos. Los dirigentes opositores que, conforme a las encuestas de opinión, por ahora cuentan con una posibilidad de suceder a Cristina en la Casa Rosada, confían en que su hipotético triunfo sería suficiente para convencer a “los mercados” de que la Argentina sí ha aprendido de la experiencia y que en adelante será desde el punto de vista de los acreedores un país tan seguro como cualquier otro. Pecan de optimismo. Al próximo gobierno no le será nada fácil persuadirlos de que la cultura política ha cambiado tanto que no correrían riesgo alguno de perder su dinero. A ojos de muchos, el enfrentamiento con “los buitres” ha servido para confirmar que la Argentina realmente es un país sui géneris en que escasean los dispuestos a respetar los derechos económicos ajenos. Al aprovechar tanto el tema para destacarse en foros internacionales, Cristina y otros voceros oficiales como el ministro de Economía Alex Kicillof están haciendo aún más difícil la tarea de sus sucesores, que tendrán que convertir el cambio de imagen nacional en una prioridad, ya que, en caso contrario, el país no podrá conseguir las inversiones en gran escala que necesitará para sacar provecho de sus recursos naturales. Convendría, pues, que el gobierno kirchnerista dejara de intentar encabezar una cruzada internacional contra el statu quo imperante, pero parecería que está tan convencido de que liderar una campaña en tal sentido le aportará beneficios políticos internos que, lejos de pensar en adoptar una actitud menos combativa a fin de evitar brindar la impresión de ser un defaulteador serial no por necesidad sino por principio, se ha propuesto hacer del asunto el eje de su política exterior.
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