Una inquietante pérdida de rumbo
PANORAMA NACIONAL
La pandemia avanza en América Latina. La región registra más de 90.000 muertos y cerca de dos millones de contagios, la mitad en Brasil, el país más afectado en el mundo después de EE. UU. La Argentina se aproxima a los 40.000 casos y ronda el millar de muertes. El epicentro es el Área Metropolitana de Buenos Aires, que concentra cerca del 90% de los contagios en el país. Es allí donde se desarrolla el drama.
El presidente Fernández evalúa llevar las cosas en el AMBA a marzo pasado: cuarentena rigurosa. El próximo domingo se cumplirá el período de tres semanas de aislamiento flexible anunciado por Fernández para las zonas donde hay circulación comunitaria del virus, que incluye ciudades de Río Negro, Resistencia, Gran Córdoba y Trelew.
La noche del viernes en La Plata el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, transmitieron una señal inequívoca en la misma dirección. Los contagios se duplicaron la última semana en ambos distritos. Los especialistas que asesoran al gobierno nacional hablan de una cuarentena general transitoria, con control en la movilidad, además de un aumento el nivel de testeos y rastreo de casos. Los contagios alcanzaron en los últimos días a figuras públicas, sobre todo de la política. Ha ayudado a que se amplifique cuáles son hoy los riesgos. Pero es una incógnita qué respuesta dará la sociedad a esta demanda.
Confinado en Olivos por recomendación de sus médicos, el presidente Fernández encadena otros desafíos igual de complejos. El presidente está enredado en el conflicto por la cerealera Vicentin. Fernández no encuentra cómo desandar una iniciativa en la que no tiene convicción.
En su resolución del viernes, el juez de Reconquista Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de Vicentin, evitó pronunciarse sobre la validez del decreto que dispuso la intervención de la empresa y su expropiación por ley. El juez planteó en cambio una cuestión de idoneidad: dijo que el patrimonio de la cerealera debe ser administrado por manos expertas, que aseguren su operatividad y una negociación exitosa con los acreedores. Para el juez, no son esas las manos del Estado: devolvió al directorio la administración de la empresa y redujo a la condición de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo.
No se trata de un expediente menor: sin cuestionarlo, el juez desconoció un decreto presidencial que tiene carácter de ley, aunque debe ser validado por el Congreso. No hay demasiados antecedentes al respecto. ¿Hubo algún guiño político? Incomprobable hoy. Pero el juez interpretó el clima adverso que rodea desde el primer día la decisión del gobierno, y que se expresó en la multitudinaria convocatoria de ayer del campo en rechazo a la intervención del Estado en el negocio agroexportador.
No se trata de un expediente menor. Sin cuestionarlo, el juez desconoció un decreto presidencial que tiene carácter de ley, aunque debe ser validado por el Congreso.
Que el proyecto no es una iniciativa de Fernández pareció quedar en evidencia la noche del viernes, cuando el gobernador Omar Perotti anunció en Olivos que el presidente había decidido “dejar de lado la expropiación”. Perotti anticipó que Fernández acompañaba una propuesta de Santa Fe para la intervención judicial de Vicentin en el marco del concurso de acreedores. Está en manos del juez.
Perotti tiene un frente abierto con los productores de su provincia. Sin embargo, como había hecho tras la reunión que compartieron con la empresa, el presidente volvió a enmendar al gobernador y dijo horas más tarde que si el juez rechaza la propuesta santafesina, “el único camino es la expropiación”.
El caso Vicentin, la situación en torno a Latam y la extenuante negociación por la deuda revelan también la crisis del sistema de toma de decisiones de la coalición peronista.
Cuando se aproxima el pico de la pandemia, la Argentina está sumergida en una profunda crisis económica, de destino incierto. El caso Vicentin, la situación en torno a Latam y la extenuante negociación por la deuda revelan también la crisis del sistema de toma de decisiones de la coalición peronista. A seis meses de la llegada al poder, los conflictos desnudan una inquietante pérdida de autoridad presidencial.
