Una licitación con pocos beneficiarios

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TRIBUTOS MUNICIPALES NEUQUINOS

En muchos casos, esas transacciones son de dudosa legalidad y legitimidad, pero si avanzan -como ocurre casi siempre- generan dividendos extraordinarios y sin riesgo para los privados, en detrimento -por lógica consecuencia- del patrimonio público y de las cuentas de los contribuyentes.

Uno de estos casos se está discutiendo estos días en la capital neuquina. El Órgano Ejecutivo Municipal (que ejerce el gobierno de la ciudad) avanza -a través de la licitación 17- en la contratación de un diseño, gerenciamiento, gestión para la reforma y fortalecimiento del sistema tributario y de todas las áreas que generen ingresos.

Sólo un grupo empresario ha presentado propuestas. Y si las acciones políticas y judiciales que se han encarado no prosperan o no llegan a tiempo, seguramente lograrán convertirse en los verdaderos recaudadores, administradores y auditores de los fondos municipales, ya sea en concepto de tasas por servicios, coparticipaciones impositivas, regalías u otros recursos. Manejarán la caja.

El municipio neuquino es buen recaudador; en los discursos y propaganda gubernamental permanentemente se remarca esa condición. Pero siempre se puede ser mejor. Y ése parece ser el justificativo por el cual se apela a este recurso, mas típico de las políticas gubernamentales de los años 90 que de esta segunda década del siglo XXI.

Este argumento es fácilmente rebatible. La contratación de especialistas o capacitadores para mejorar la calidad del aparato recaudador (tecnología y capacitación de personal) hubiera sido el camino más práctico y económico. El resto lo harían la capacidad política para persuadir al cumplimiento de las obligaciones vecinales y la responsabilidad del contribuyente que siempre responde cuando observa que sus aportes son volcados para mejorar el pueblo o la ciudad.

Al potencial socio del gobierno municipal se le quiere dar siete años de trabajo continuo con la posibilidad de ampliarlo en tres más. Como pago cobrará hasta el 5% de los valores que excedan el piso de las recaudaciones que hubiera al momento de firmarse el respectivo acuerdo.

El socio -según el pliego de condiciones de la licitación 17- sólo aporta la supuesta experiencia, aparentemente acopiada en otras provincias, no muchas. El municipio pone todo el resto: el padrón cautivo de contribuyentes y las fuentes de financiamiento externo (coparticipaciones provinciales y nacionales), toda la información necesaria (obliga a los funcionarios a ponerse a disposición del privado), todo el equipamiento existente, los espacios físicos que necesite para su personal, líneas telefónicas para servicios al contribuyente y todo el personal en el área de Recaudaciones y el que hiciera falta, pudiéndoselo trasladar desde otros sectores.

Las condiciones anteriores forman parte del pliego licitatorio, no son interpretaciones que pudieran tener doble sentido. Y hay otras que transforman a este contratista en una especie de interventor, como la de “intervenir y controlar cualquier área que genere ingresos municipales tributarios y no tributarios”, supervisar servicios y prestaciones de la Secretaría de Economía y Hacienda y proponer estudios de abogados para la cobranza judicial.

Hay un punto que representa una especie de “autoincriminación” para el propio gobierno contratante. Se le asigna a la contratista tareas para “mejorar la transparencia de las cuentas públicas” o “mejorar la transparencia de las transacciones cobradas”. La transparencia es un valor absoluto. Se es o no se es transparente. No se la mejora ni se la empeora. Y si se busca “mejorar la transparencia”, significa que el intendente sospecha de sus secretarios y demás funcionarios. ¿Pero acaso un privado, con la historia que hay en la Argentina al respecto, puede garantizar semejante objetivo?

Toda esta iniciativa llama la atención: el momento (se han cumplido dos tercios de una gestión), la extensión de la concesión (siete años, prorrogable a tres más, que involucra a por lo menos dos administraciones futuras), las condiciones del eventual contrato y el desigual aporte de recursos de las partes; la preocupación de quienes lo organizaron de no “hacer olas” con el emprendimiento, nada de promoción.

Lo poco que no llama la atención son algunas empresas de la UTE que aspira a quedarse con el trabajo. Son viejos conocidos de las autoridades municipales, no solamente por ser vecinos de la ciudad sino porque participan en otros emprendimientos -como el discutido sistema de estacionamiento medido y pago- y otros vinculados con el negocio de la tierra pública y privada.

Desde nuestro bloque de concejales de la CC-ARI hemos analizado con detenimiento y profundidad el pliego de bases y condiciones y realizado planteos ante el intendente, organismos de control y el defensor del pueblo, para evitar que se avance en el proceso de adjudicación.

Entendemos que: a) no se están respetando los artículos 118, 119 y 126 de la Carta Orgánica Municipal; b) la base de datos de los contribuyentes quedan a disposición de un privado, con todos los riesgos que ello implica; c) las tareas de fiscalización, verificación y regulación de tributos las debe ejecutar el Estado y no las puede delegar en un privado; d) la empresa contratista es un potencial poder privado dentro del gobierno municipal, con fuerte degradación hacia éste o algunas de sus secretarías; e) hay antecedentes judiciales que prohíben, por inconstitucional, la tercerización del cobro tributario; f) la facultad para elegir grupos de abogados para gestionar cobranzas también es un punto que debe ser analizado con preocupación y podría fortalecer lo que se explica en el punto d).

Nuestra preocupación ha sido compartida por la Defensoría del Pueblo, Acipan, Caecyp y otras entidades de la ciudad.

Las respuestas que nos han dado tanto el intendente como el secretario de Hacienda no son satisfactorias. El primero, fiel a su nuevo estilo agresivo, descalifica y se enoja, y el secretario nos ha dado una explicación muy débil.

Ante esta situación estamos usando todos los recursos políticos e institucionales para evitar que se avance en este procedimiento, que al vecino lo tiene como simple espectador y rehén de una maniobra claramente orientada a favorecer a un grupo empresario. El objetivo de mejorar la recaudación puede hacerse con los recursos existentes, mejorándolos si hiciera falta y evitando tener un socio privilegiado que se llevará fondos que hacen falta para servicios básicos. Paralelamente, el Órgano Ejecutivo debería preocuparse por hacer más eficiente la asignación de partidas y su uso en beneficio de los vecinos, que sufren a diario la mala calidad de los servicios que recibe del municipio, para cuyo pago ahora quieren ponerle una especie de carcelero implacable y muy bien pago.

KARINA MONTECINOS, ANAI GUILLEM Y JUAN JOSÉ DUTTO – Concejales Coalición Cívica ARI Neuquén