Una propuesta disparatada

Con el propósito evidente de anotarse algunos puntos más a costa del Poder Ejecutivo, distintos parlamentarios opositores se han puesto a reclamar que se celebre una consulta popular sobre el 82% móvil. Como maniobra política destinada a obligar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a asumir una postura muy pero muy antipática, la propuesta tendría sus méritos, pero la idea de que sea posible solucionar problemas tan complicados como el planteado por el caótico sistema previsional dejándolos en manos de la gente es francamente absurda. ¿A quién en sus cabales se le ocurriría negar que los jubilados, sobre todo aquellos que durante toda su vida activa aportaron al sistema, merezcan percibir más, mucho más? Si sólo fuera una cuestión de la voluntad popular, todos los jubilados ya estarían cobrando sumas muy superiores a las previstas por los impulsores del 82% móvil. También tendrían salarios más altos los empleados, el país contaría con servicios públicos gratuitos y eficaces y la clase política que efectivamente existe se hubiera visto reemplazada hace tiempo por otra mucho mejor. Por desgracia, mientras que querer algo bueno y procurar conseguirlo aprobando leyes o declarándolo un derecho es fácil, hacer lo necesario para que sea más que una aspiración respetable no lo es en absoluto. Una razón por la que gastamos los miles de millones de pesos anuales que nos cuesta el Congreso nacional, además de sus equivalentes provinciales y municipales –los que por motivos nunca aclarados son tan caros en nuestro país como en Estados Unidos y las partes más prósperas de Europa–, consiste precisamente en la necesidad de contar con instituciones que deberían servir para reconciliar la voluntad popular con la realidad a menudo deprimente. A los funcionarios gubernamentales les corresponde administrar recursos que siempre serán limitados y a los legisladores controlarlos y plantear alternativas. Según los primeros, si bien les encantaría aumentar las jubilaciones mínimas, no pueden hacerlo como están exigiendo los partidarios del 82% móvil porque provocaría la quiebra del Estado; contestan los legisladores que podrían hacerlo si el gobierno dejara de usar el dinero aportado por los contribuyentes para subsidiar las tarifas de servicios públicos penosamente deficientes, empresas ruinosas y, desde luego, las agrupaciones clientelistas politizadas que se han habituado a depender de “la caja” kirchnerista. Así las cosas, el gobierno podría proponer otra consulta popular para que los ciudadanos decidieran si están dispuestos a pagar mucho más por el transporte, el gas y la electricidad que consumen, además de condenar a la bancarrota inmediata a empresas como Aerolíneas Argentinas, apostando a que la mayoría repudiara con indignación tales alternativas. En ciertas circunstancias, la “democracia directa”, con “consultas” periódicas y plebiscitos, puede resultar apropiada, pero cuando se trata de temas económicos las consecuencias casi siempre serán desastrosas porque, como es natural, la mayoría propende a privilegiar sus propios intereses sin preocuparse demasiado por los ajenos. Si todo dependiera de la voluntad mayoritaria, el país no tardaría en precipitarse en una nueva crisis hiperinflacionaria que sería atribuible, como las anteriores, a la pusilanimidad de una clase política reacia a comprometerse con medidas que podrían costarle votos. Asimismo, los problemas económicos suelen ser tan complejos que ni siquiera los especialistas más prestigiosos logran ponerse de acuerdo sobre lo que convendría hacer. Suponer que en el caso actual deberían decidir millones de personas que no tienen la menor idea de lo que está en juego porque los legisladores opositores se sienten frustrados es irresponsable, en el sentido recto de la palabra, porque, les guste o no, es responsabilidad indelegable de los representantes elegidos del pueblo encargarse de dicha tarea. Es por eso que les paga. Si están realmente convencidos de que es urgente que el gobierno nacional modifique radicalmente “el modelo” para que los jubilados perciban mucho más, y otros menos, tendrían que aprovechar mejor el poder constitucional que les ha otorgado el electorado para forzar a los Kirchner a llevar a cabo los cambios precisos.