Una pulseada política de efectos imprevisibles
En el Capitolio de Washington reina una calma inquietante: mientras los canales muestran grandes relojes para contar las horas que restan para que el gobierno estadounidense se quede sin fondos, en el Congreso las salas de reuniones permanecen vacías, las luces apagadas, los teléfonos mudos. El Senado, donde cuentan con mayoría los demócratas del presidente Barack Obama, no dio señales de que estuviera debatiendo una ley para continuar financiando por un tiempo determinado las arcas estatales. El proyecto de ley aprobado el viernes por la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, que incluye dos enmiendas al borrador original, fue rechazado ayer por la cámara alta. El tiempo sigue corriendo. Los dos partidos se han vuelto a enfrentar por el presupuesto, algo frecuente en los últimos años. Las numerosas crisis hicieron que se volviera costumbre trabajar con presupuestos transitorios en lugar de un presupuesto anual. En general son acordados a último minuto después de nerviosas negociaciones. Pero esta vez es diferente. Para Obama la actual disputa se convirtió en una cuestión personal. Los republicanos demandan que se postergue su reforma sanitaria. Pero esta ley es el orgullo del presidente, su legado para los libros de historia, por eso el mandatario dejó claro que no negociará al respecto. Anoche, no había señales de la dinámica habitual de las horas previas a un colapso financiero. En lugar de hablar con los líderes republicanos, Obama se reunió solo con sus empleados, preparándose para la paralización del gobierno. A la vez, dejó en manos de ambas cámaras del Congreso intentar llegar a una solución entre ellas . Si esto no tiene éxito, a partir de hoy el 40% de los 2,1 millones de empleados públicos tendrán vacaciones forzadas no remuneradas. El gobierno podrá gastar dinero únicamente en servicios públicos esenciales como la salud y la seguridad. Y una violación de esta medida será considerada un delito. Los expertos creen que no sería una catástrofe una paralización transitoria de la administración pública. Desde 1977 esto se produjo en 17 ocasiones, las últimas a fines de 1995 y comienzos de 1996. El “cierre” del gobierno duró en total 26 días. Lo peligroso sería que los trámites permanezcan demasiado tiempo abiertos, o que se dejara de pagar los salarios de cientos de miles y pensiones a millones de veteranos. Los economistas advierten que después de varias semanas la economía podría sufrir daños severos. De hecho, la posibilidad de que esto ocurra tiene inquietos a los mercados. (DPA)
En el Capitolio de Washington reina una calma inquietante: mientras los canales muestran grandes relojes para contar las horas que restan para que el gobierno estadounidense se quede sin fondos, en el Congreso las salas de reuniones permanecen vacías, las luces apagadas, los teléfonos mudos. El Senado, donde cuentan con mayoría los demócratas del presidente Barack Obama, no dio señales de que estuviera debatiendo una ley para continuar financiando por un tiempo determinado las arcas estatales. El proyecto de ley aprobado el viernes por la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, que incluye dos enmiendas al borrador original, fue rechazado ayer por la cámara alta. El tiempo sigue corriendo. Los dos partidos se han vuelto a enfrentar por el presupuesto, algo frecuente en los últimos años. Las numerosas crisis hicieron que se volviera costumbre trabajar con presupuestos transitorios en lugar de un presupuesto anual. En general son acordados a último minuto después de nerviosas negociaciones. Pero esta vez es diferente. Para Obama la actual disputa se convirtió en una cuestión personal. Los republicanos demandan que se postergue su reforma sanitaria. Pero esta ley es el orgullo del presidente, su legado para los libros de historia, por eso el mandatario dejó claro que no negociará al respecto. Anoche, no había señales de la dinámica habitual de las horas previas a un colapso financiero. En lugar de hablar con los líderes republicanos, Obama se reunió solo con sus empleados, preparándose para la paralización del gobierno. A la vez, dejó en manos de ambas cámaras del Congreso intentar llegar a una solución entre ellas . Si esto no tiene éxito, a partir de hoy el 40% de los 2,1 millones de empleados públicos tendrán vacaciones forzadas no remuneradas. El gobierno podrá gastar dinero únicamente en servicios públicos esenciales como la salud y la seguridad. Y una violación de esta medida será considerada un delito. Los expertos creen que no sería una catástrofe una paralización transitoria de la administración pública. Desde 1977 esto se produjo en 17 ocasiones, las últimas a fines de 1995 y comienzos de 1996. El “cierre” del gobierno duró en total 26 días. Lo peligroso sería que los trámites permanezcan demasiado tiempo abiertos, o que se dejara de pagar los salarios de cientos de miles y pensiones a millones de veteranos. Los economistas advierten que después de varias semanas la economía podría sufrir daños severos. De hecho, la posibilidad de que esto ocurra tiene inquietos a los mercados. (DPA)
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