Una reforma muy polémica
Aunque sólo se trata de un anteproyecto, o sea de un borrador, la reforma del Código Penal que se ve impulsada por el gobierno kirchnerista ya está agitando el mundillo político nacional. Al decidir el precandidato presidencial Sergio Massa aprovechar lo que tomó por una oportunidad irresistible para diferenciarse de sus rivales proponiendo someter la reforma a un referéndum popular, se las arregló para provocar grietas en casi todas las agrupaciones opositoras, lo que desde su punto de vista habrá sido motivo de satisfacción ya que le ha permitido ubicarse nuevamente en el centro del escenario. Puede que las críticas que ha formulado el exintendente de Tigre sean tan rudimentarias y tan demagógicas como dicen sus adversarios, pero no cabe duda de que le han permitido destacarse. Puesto que Massa correría el riesgo de perder el terreno que conquistó el año pasado en el lapso que nos separa de las próximas elecciones presidenciales si se limitara a actuar como un legislador más, le es prioritario conseguir papeles protagónicos. Así las cosas, le ha venido de perlas la controversia desatada por su ofensiva contra la reforma del Código Penal que, por razones no muy claras, el gobierno quiere llevar a cabo antes de irse. Si bien pocos dirigentes políticos creen que sería apropiado pedirle a la ciudadanía decir sí o no a un conjunto necesariamente complejo de propuestas jurídicas, muchos coinciden con Massa en que algunos artículos del anteproyecto, obra de una comisión cuyo presidente es el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, son demasiado garantistas y que por lo tanto propenden a favorecer a los delincuentes a costa de sus víctimas. Por razones comprensibles, al grueso de la ciudadanía le parece aberrante la idea de que haya llegado la hora de reducir las penas para el tráfico de drogas, el homicidio y los abusos sexuales. Los defensores del borrador, entre ellos juristas nada oficialistas como el radical Ricardo Gil Lavedra y Federico Pinedo del PRO, que ayudaron a redactarlo, han intentado explicar que el tema no es tan sencillo como aventura Massa y que de admitirse las reformas propuestas los delincuentes seguirían recibiendo el castigo merecido, pero parecería que sus esfuerzos en tal sentido no han prosperado. Conscientes de que no les convendría brindar la impresión de simpatizar con asesinos, ladrones, narcotraficantes y violadores, radicales, macristas y otros no han vacilado en manifestar su desaprobación de lo que a su juicio tiene en mente el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Asimismo, está consolidándose la postura de los que, como el expresidente interino Eduardo Duhalde y el titular de la UCR, Ernesto Sanz, afirman que no es el momento adecuado para discutir una reforma muy complicada porque, insisten, el gobierno ya saliente debería concentrarse en asuntos más urgentes. Sea como fuere, hay una contradicción evidente entre la presunta voluntad de Cristina de que haya más control “popular” de la Justicia y la reforma penal que, según los políticos que es de suponer se han familiarizado con el texto del anteproyecto, es llamativamente garantista. En nuestro país como en virtualmente todos los demás, los preocupados por el crimen suelen querer penas mucho más draconianas –incluyendo la pena de muerte para los delincuentes más sádicos– que las recomendadas por los expertos. Será por este motivo que Massa ha elegido erigirse en paladín de la mano dura, enemigo declarado de la Justicia de “puerta giratoria” que supuestamente rige y que muchos atribuyen a la propensión de ciertos kirchneristas a tratar a los delincuentes como víctimas de una sociedad estructuralmente maligna. Según Gil Lavedra, la actitud asumida por Massa y otros se debe a que “hay una campaña electoral en ciernes y todos quieren sacar provecho político montándose en el miedo de la gente”. El jurista radical estará en lo cierto, pero, por ser la inseguridad mucho más que una mera sensación, entenderá que, para un político tan ambicioso como el tigrense, oponerse con vehemencia a cualquier cambio que parece subordinar los derechos de las víctimas del salvajismo delictivo a los de los delincuentes servirá para mejorar sus posibilidades de alcanzar la presidencia en cuanto termine la gestión de Cristina.
Aunque sólo se trata de un anteproyecto, o sea de un borrador, la reforma del Código Penal que se ve impulsada por el gobierno kirchnerista ya está agitando el mundillo político nacional. Al decidir el precandidato presidencial Sergio Massa aprovechar lo que tomó por una oportunidad irresistible para diferenciarse de sus rivales proponiendo someter la reforma a un referéndum popular, se las arregló para provocar grietas en casi todas las agrupaciones opositoras, lo que desde su punto de vista habrá sido motivo de satisfacción ya que le ha permitido ubicarse nuevamente en el centro del escenario. Puede que las críticas que ha formulado el exintendente de Tigre sean tan rudimentarias y tan demagógicas como dicen sus adversarios, pero no cabe duda de que le han permitido destacarse. Puesto que Massa correría el riesgo de perder el terreno que conquistó el año pasado en el lapso que nos separa de las próximas elecciones presidenciales si se limitara a actuar como un legislador más, le es prioritario conseguir papeles protagónicos. Así las cosas, le ha venido de perlas la controversia desatada por su ofensiva contra la reforma del Código Penal que, por razones no muy claras, el gobierno quiere llevar a cabo antes de irse. Si bien pocos dirigentes políticos creen que sería apropiado pedirle a la ciudadanía decir sí o no a un conjunto necesariamente complejo de propuestas jurídicas, muchos coinciden con Massa en que algunos artículos del anteproyecto, obra de una comisión cuyo presidente es el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, son demasiado garantistas y que por lo tanto propenden a favorecer a los delincuentes a costa de sus víctimas. Por razones comprensibles, al grueso de la ciudadanía le parece aberrante la idea de que haya llegado la hora de reducir las penas para el tráfico de drogas, el homicidio y los abusos sexuales. Los defensores del borrador, entre ellos juristas nada oficialistas como el radical Ricardo Gil Lavedra y Federico Pinedo del PRO, que ayudaron a redactarlo, han intentado explicar que el tema no es tan sencillo como aventura Massa y que de admitirse las reformas propuestas los delincuentes seguirían recibiendo el castigo merecido, pero parecería que sus esfuerzos en tal sentido no han prosperado. Conscientes de que no les convendría brindar la impresión de simpatizar con asesinos, ladrones, narcotraficantes y violadores, radicales, macristas y otros no han vacilado en manifestar su desaprobación de lo que a su juicio tiene en mente el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Asimismo, está consolidándose la postura de los que, como el expresidente interino Eduardo Duhalde y el titular de la UCR, Ernesto Sanz, afirman que no es el momento adecuado para discutir una reforma muy complicada porque, insisten, el gobierno ya saliente debería concentrarse en asuntos más urgentes. Sea como fuere, hay una contradicción evidente entre la presunta voluntad de Cristina de que haya más control “popular” de la Justicia y la reforma penal que, según los políticos que es de suponer se han familiarizado con el texto del anteproyecto, es llamativamente garantista. En nuestro país como en virtualmente todos los demás, los preocupados por el crimen suelen querer penas mucho más draconianas –incluyendo la pena de muerte para los delincuentes más sádicos– que las recomendadas por los expertos. Será por este motivo que Massa ha elegido erigirse en paladín de la mano dura, enemigo declarado de la Justicia de “puerta giratoria” que supuestamente rige y que muchos atribuyen a la propensión de ciertos kirchneristas a tratar a los delincuentes como víctimas de una sociedad estructuralmente maligna. Según Gil Lavedra, la actitud asumida por Massa y otros se debe a que “hay una campaña electoral en ciernes y todos quieren sacar provecho político montándose en el miedo de la gente”. El jurista radical estará en lo cierto, pero, por ser la inseguridad mucho más que una mera sensación, entenderá que, para un político tan ambicioso como el tigrense, oponerse con vehemencia a cualquier cambio que parece subordinar los derechos de las víctimas del salvajismo delictivo a los de los delincuentes servirá para mejorar sus posibilidades de alcanzar la presidencia en cuanto termine la gestión de Cristina.
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