Viveza criolla

La Legislatura ha dado el primer paso para convertir a Las Grutas en un municipio autónomo. Pero la controversia no cesa sino que aumenta. Desde hace años, todo Río Negro y sus fuerzas políticas han opinado e intervenido en el tema, por la particular condición de afectar al balneario más frecuentado de la Patagonia. Política, autonomía municipal, poder, tierras, dinero y participación ciudadana han confluido para hacer de esta cuestión un culebrón de máximo interés. El jueves, el bloque de Juntos Somos Río Negro apeló a la viveza criolla para lograr la media sanción del proyecto que plantea la municipalización de Las Grutas para escindirla del municipio de San Antonio Oeste. A la audacia se la denomina viveza criolla cuando tiene una buena proporción de trampa, de fullería, de pasar por encima de las normas. Eso la diferencia de otros procedimientos similares, tales como la capacidad para dar vuelta una situación adversa generando consensos o una estrategia de calidad. Desde el punto de vista político, la operación del oficialismo tuvo dos elementos: uno válido y el otro no tanto. Fue legítimo aprovechar la ausencia de cuatro legisladores, dos de ellos –Doñate y Horne– en campaña por ser candidatos a diputado nacional en los comicios del próximo 25. En este punto, el bloque del Frente para la Victoria debió estar más atento y tener a sus integrantes sentados en las bancas. La viveza criolla tiene más efecto cuando sus oponentes responden a aquella otra frase: “El buey lerdo toma el agua turbia”. En cambio, no fue válido que Juntos forzara el tratamiento sobre tablas del proyecto municipalizador alterando la decisión que la propia Legislatura había votado en una sesión anterior, disponiendo que la iniciativa volviera a ser analizada en Labor Parlamentaria hasta encontrar una alternativa. Ese tratamiento no existió, como lo prueba el hecho de que no tuviera despacho de esa comisión, ni modificación en el texto y que llegara a la sesión “sobre tablas”, un excepcional procedimiento para tratar en forma inmediata cuestiones en la misma sesión en que son planteadas. El proyecto de María Liliana Gemignani para crear el municipio de Las Grutas ya había sido planteado y resuelto: el 23 de septiembre, a propuesta de Adrián Casadei y como modo de resolver la contradicción entre lo que establecen la Constitución provincial y la Carta Orgánica del municipio de San Antonio Oeste, se resolvió por unanimidad que el proyecto volviera a Labor Parlamentaria. La propuesta original de Casadei –apoyada por la presidenta del bloque oficialista, Roxana Fernández, y el titular del bloque radical, Darío Berardi– incluía que el presidente de la Legislatura pidiera una declaración de certeza sobre la cuestión al Superior Tribunal de Justicia, aunque eso no se especificó finalmente. Más allá de las formas, la cuestión de fondo sigue más o menos igual: La Constitución dice que los municipios son autónomos y que la Provincia no puede vulnerar esa potestad. Y dice también que, en caso de escisión de una parte de un municipio, deben decidir sobre el tema los electores de la porción que quiere escindirse. Ambas cláusulas abordan un objeto único y se contradicen. ¿Cómo podrían votar solo los grutenses si, como sucede en este caso, la Carta Orgánica y la autoridad municipal de San Antonio Oeste hablan de consultar a toda la ciudad? La misma Constitución prevé que, ante un conflicto de normas, prevalece la local. El tema es interesante, y podría sentar precedente para casos similares. Hasta el viernes, el plebiscito convocado por el Municipio –que debía realizarse hoy– había sido suspendido por el juez del STJ Ricardo Apcarian, en el marco de un amparo. En él, la legisladora Gemignani pidió declarar inconstitucional el artículo 5 de la Carta Orgánica de San Antonio, que dispone que todos los electores del ejido se pronuncien sobre una escisión del territorio. Apcarian –el más “albertista” de los miembros del STJ– consideró verosímil la petición y, previo a resolver la cuestión de fondo, suspendió el plebiscito mediante una medida cautelar. Su decisión fue llamativa y jurídicamente endeble: es que la ley nacional 16986 que regula el amparo plantea expresamente que esa vía no es apta cuando se pida la declaración de inconstitucionalidad de alguna norma. Ese trámite judicial sigue, aunque su objeto podría ser declarado abstracto en virtud de que, el viernes, el Deliberante de San Antonio Oeste acató la suspensión del plebiscito y convocó otro, pero ya sin invocar el controvertido artículo 5 de la Carta Orgánica, sino el 172. Mientras tanto, el Municipio abrió otro frente, al invocar que la cuestión debe ser resuelta por la Justicia Federal. Citó como precedente el criterio manifestado por la Corte Suprema al analizar la resistencia del Municipio de San Luis a un proyecto del gobernador Rodríguez Saá de dividir la ciudad capital en tres comunas. En el plano parlamentario, el interrogante es si la Legislatura conseguirá aprobar en segunda vuelta la iniciativa municipalizadora. Buscando aplicar más viveza criolla, el bloque de Juntos Somos Río Negro intentará demostrar que en segunda vuelta ya no se necesitan los dos tercios de los votos de la Legislatura. Como si un alumno, en lugar de estudiar para aprobar con 7, planteara que con un 4 es suficiente. La Constitución exige la mayoría especial para modificar la división administrativa y política de la Provincia. Y lo hace sin distinguir entre un voto en primera o segunda vuelta. Mientras tanto, y por las dudas, la estrategia de los integradores apunta a reforzar el padrón de Las Grutas, sumándole la gente que tiene casa allí, que está entre los fundadores del balneario pero, por tradición, mantiene su domicilio electoral en San Antonio. Así, buscarían equiparar a quienes, siendo del Alto Valle y habiendo construido casa de veraneo, estarían en mejores condiciones de votar en un plebiscito que ellos mismos. Un dilema con final abierto… En tanto, otro tema convulsiona a la provincia, y especialmente a Viedma. Después de una larga y silenciosa investigación, el incendio en el edificio central de Tribunales que afectó al Juzgado Penal 4 parece encaminarse hacia el esclarecimiento. Los allanamientos y detenciones abonan la hipótesis del accionar de delincuentes comunes, con la finalidad de destruir pruebas o amedrentar al juez. Se diluye la hipótesis de una maniobra ligada a la política. Pero esta semana estará marcada por el ritmo político y, especialmente, en los nueve municipios rionegrinos que votan autoridades municipales en simultáneo con la elección presidencial. Son Allen, Fernández Oro, Catriel, El Bolsón, Río Colorado, Chichinales, Chimpay, Belisle y Ñorquinco. Cada ciudad, un mundo. En cada una, las fuerzas políticas tejen, prometen y apelan para lograr el respaldo electoral.

alicia miller amiller@rionegro.com.ar

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