“Volver al hogar”

Redacción

Por Redacción

La Constitución nacional de 1853 era no sólo una ley bella, armónica, con cadencia en lo formal, sino que en su substancia resultaba absolutamente coherente. En efecto, estableciendo el artículo 1 de la ley fundamental la forma de gobierno republicana como la elegida por los constituyentes para organizar y desarrollar el país, en su texto contaba con las prescripciones justas para que tal declaración no fuera una mera expresión de deseo ni fuera burlada. Así con minuciosidad rigurosa se establecía un sistema de división de poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, fijándo-se el rol de cada uno de los departamentos de manera que el Ejecutivo se encargara de gobernar realizando las leyes que dictaba exclusiva y excluyentemente el Legislativo bicameral, correspondiendo al Judicial aplicar en cada caso particular las normas que llegaran para su conocimiento y decisión, siendo además el último control de que este sistema de división de funciones se cumpliera rigurosamente impidiendo, en última instancia, cualquier exceso de sus roles específicos por el Poder Ejecutivo y Legislativo. La prohibición de legislar al Poder Ejecutivo estaba impuesta en el artículo 83 inciso 4 (según el texto de la CN de 1853) que decía: “No podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Además el artículo 29 de la ley de leyes prescribía y prescribe: “No puede el Congreso conceder al Ejecutivo… facultades extraordinarias ni la suma del poder público… Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que lo formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”. La reforma de 1994 quebró el equilibrio de la CN originaria. En realidad convalidó el ejercicio de funciones legislativas que ejerció sin restricción el ex presidente Carlos Menem y luego su utilización sin límite provocó una auténtica crisis constitucional, una situación confusa e inadmisible que debe ser resuelta con medidas de fondo. Por lo dicho pienso que –apreciando los resultados– ha llegado el momento de abolir las irreverentes reformas hechas por cuestiones de contingencia y volver en su integridad al texto de la CN de 1853, seguir las enseñanzas de Alberdi cuando, refiriéndose a la ley fundamental originaria, decía que era la carta de navegación que nos permitiría superar todas las borrascas y llegar a puerto seguro. Es hora de actuar con desinterés, pensar en las generaciones futuras. Volver al hogar siempre es bueno. Héctor Luis Manchini DNI 7.779.947 – San Martín de los Andes


La Constitución nacional de 1853 era no sólo una ley bella, armónica, con cadencia en lo formal, sino que en su substancia resultaba absolutamente coherente. En efecto, estableciendo el artículo 1 de la ley fundamental la forma de gobierno republicana como la elegida por los constituyentes para organizar y desarrollar el país, en su texto contaba con las prescripciones justas para que tal declaración no fuera una mera expresión de deseo ni fuera burlada. Así con minuciosidad rigurosa se establecía un sistema de división de poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, fijándo-se el rol de cada uno de los departamentos de manera que el Ejecutivo se encargara de gobernar realizando las leyes que dictaba exclusiva y excluyentemente el Legislativo bicameral, correspondiendo al Judicial aplicar en cada caso particular las normas que llegaran para su conocimiento y decisión, siendo además el último control de que este sistema de división de funciones se cumpliera rigurosamente impidiendo, en última instancia, cualquier exceso de sus roles específicos por el Poder Ejecutivo y Legislativo. La prohibición de legislar al Poder Ejecutivo estaba impuesta en el artículo 83 inciso 4 (según el texto de la CN de 1853) que decía: “No podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Además el artículo 29 de la ley de leyes prescribía y prescribe: “No puede el Congreso conceder al Ejecutivo... facultades extraordinarias ni la suma del poder público... Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que lo formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”. La reforma de 1994 quebró el equilibrio de la CN originaria. En realidad convalidó el ejercicio de funciones legislativas que ejerció sin restricción el ex presidente Carlos Menem y luego su utilización sin límite provocó una auténtica crisis constitucional, una situación confusa e inadmisible que debe ser resuelta con medidas de fondo. Por lo dicho pienso que –apreciando los resultados– ha llegado el momento de abolir las irreverentes reformas hechas por cuestiones de contingencia y volver en su integridad al texto de la CN de 1853, seguir las enseñanzas de Alberdi cuando, refiriéndose a la ley fundamental originaria, decía que era la carta de navegación que nos permitiría superar todas las borrascas y llegar a puerto seguro. Es hora de actuar con desinterés, pensar en las generaciones futuras. Volver al hogar siempre es bueno. Héctor Luis Manchini DNI 7.779.947 - San Martín de los Andes

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