“30 años, 1.774 leyes y los monopolios”

Durante la última dictadura militar se sancionaron 1.774 leyes de la cuales quedan en vigencia 1.627. La sancionada ley de Medios vino a reemplazar una de las 1.774 leyes de la dictadura que le permitía a medios de prensa convertirse en los monopolios que hoy son. Ya se han dicho –y se seguirán diciendo– muchas cosas sobre esta última ley sancionada (que seguramente es perfectible), pero es bienvenida por aquellos que entendemos que nada conveniente se escondía detrás de cada ley que sancionaba en aquellos oscuros años, y menos aún en una ley que le dio a un pequeño grupo el manejo casi absoluto de la opinión publicada, con todo lo que ello significó y significa actualmente. Todavía recuerdo a un familiar diciendo: “lo leí en Clarín”, “lo leí en Nación”, “lo leí en la Nueva Provincia”, y por el sólo hecho de haberlo leído allí no había más discusión. Ésa era la verdad. Actualmente, la misma noticia sin matices ni discusión se emite por más de 500 medios al mismo tiempo. Si esto no es un lavado de cabeza, entonces será un enjuague… Si hay algo que puede hacer sucumbir a una sociedad ante las minorías son los monopolios de cualquier tipo. Un monopolio estatal o privado tiene la potestad de decidir por nosotros hacia dónde nos encaminamos, no da chance alguna al ciudadano y se hace lo que él quiere que hagamos. Todos recuerdan las privatizaciones de los ‘90, y claro está que muchos veníamos de monopolios estatales (Entel) y de golpe pasábamos a manos privadas como Telefónica y Telecom. La fuga de divisas, las ventajas dadas, el maltrato posterior con tarifas que se situaban entre las más altas del mundo, fueron sólo algunas de las consecuencias de pasar de un monopolio estatal a uno privado. Estos temas de abusos de las compañías telefónicas a los usuarios persisten hoy en día, y son motivos de cientos de miles de quejas diarias. Los mismo pasó con YPF, Gas del Estado, Energía Eléctrica, el Agua, Aerolíneas… todo se privatizó (se regaló) –y ni qué hablar de la destrucción del sistema de transporte ferroviario–. Realmente creo que ni los privados ni el estado deben obtener el manejo mayoritario de nada que luego pueda ser usado para manejar nuestra libertad. Un término medio me parece lo más adecuado: empresas estatales y privadas compitiendo con reglas de juego claras para cada una de ellas y los ciudadanos con la potestad de poder decidir por unos u otros. Finalmente, debe ser el estado quien regule y evite los abusos que se producen contra los ciudadanos. Y la frutilla del postre sería una justicia que se dedique a eso, a impartir justicia y no beneficiar , como casi siempre lo hace, al poderoso de turno. Hay temas irrenunciables del estado como la salud, la educación y la justicia. Estos temas son y deben ser tomados como estratégicos, al igual que un tema casi tabú como lo es la distribución de la renta nacional. Quedan aún 1.627 leyes de la última dictadura militar para dar de baja: ley de entidades financieras, de hidrocarburos, de marcas, código aduanero, pesca con uso del pabellón nacional, salarios de magistrados, salud mental, sindicatura general de empresas públicas, etc. Luego de 30 años parece que estas leyes tienen más fuerza que todos los gobiernos que pasaron, ya no pudieron o no quisieron hacer mucho más al respecto. La clase política está en deuda con toda una sociedad que sin saberlo padece muchos males provenientes de seguir vigentes estas leyes que regulan nuestra vida diaria. Quisiera poder compartir con todos la algarabía de cumplir 30 años de democracia. Claro que me alegra, pero me parece que si existen aún 1.627 leyes de la última dictadura militar deberíamos enojarnos un poco y exigir que nuestros diputados y senadores hagan el esfuerzo de trabajar “un poco más”, y entonces festejaríamos no sólo por los 30 años de democracia, sino también por un país que no responde a leyes creadas por un gobierno que nos dejó una sociedad destruída y diezmada, una deuda externa impagable, la destrucción del aparato productivo nacional, y miles de muertos que hasta el día hoy claman por justicia. Jorge L. Fernández Avello DNI 12.862.056 – Bariloche

Jorge L. Fernández Avello DNI 12.862.056 – Bariloche