Golpe a la democracia
Negarle a la ciudadanía el derecho de enterarse de que un presidente tiene un hijo extramatrimonial es una forma de atentar contra la democracia.
En los países democráticos, tanto los dirigentes políticos como los jueces suelen dar por descontado que cuanto más poderoso sea un individuo determinado, mayor es el derecho de los demás a familiarizarse con los detalles pertinentes de su trayectoria profesional y de su vida privada. Cuando es cuestión de un político, no sólo es un derecho sino también una necesidad. No se trata de una concesión al morbo o a la curiosidad de «la gente». Tampoco tiene que ver sólo con la libertad de expresión, porque en todas partes es habitual que haya límites legales a lo que sea legítimo difundir sobre la vida privada de las personas aun cuando no existan dudas en cuanto a su veracidad. Es que a menos que la ciudadanía cuente con información que no haya sido distorsionada por los ubicuos «asesores de imagen» que aspiran a engañarla, no le será posible juzgar si un candidato a un puesto clave o un funcionario jerárquico realmente es tan «idóneo» como exige la Constitución o si le convendría confiar en su supuesta voluntad de anteponer el bien común a sus intereses privados o aquellos de sus amigos. Así, pues, negarle a la ciudadanía el derecho de enterarse de que un presidente de la República tiene un hijo extramatrimonial cuya existencia quisiera mantener oculta es una forma de atentar contra la democracia, sistema de gobierno que sin un mínimo de transparencia no puede sino degenerar en una farsa.
Claro está que este principio fundamental no es del gusto de los miembros de nuestra Corte Suprema, un cuerpo que, como nos recuerdan repetidamente las encuestas de opinión, está entre los más despreciados de la historia del país, en buena medida porque, además de las deficiencias como juristas de ciertos ministros, a juicio de muchos ha subordinado su compromiso con la ley y con la Justicia a su «lealtad» hacia los gobernantes de turno. Fiel a los valores poco democráticos de la cultura política en la que la mayoría de sus integrantes se formó, el tribunal acaba de obligar a la revista Noticias a indemnizar a Carlos Menem con 60.000 dólares por haber revelado que tenía un hijo no reconocido, Carlos Nair. Puesto que hoy en día la presunta personalidad de los políticos es considerada un tema de tanta importancia que casi todos basan sus campañas proselitistas en su supuesta sinceridad, en esta ocasión lo intolerable no es que la prensa haya «invadido la intimidad» de Menem sino que éste, con la colaboración de muchos, haya creído que le sería fácil mantener en secreto un dato de esta clase. Acaso sus esfuerzos por ocultar la verdad hubieran sido defendibles si Nair y su madre hubieran manifestado su deseo de conservar el anonimato, pero sucede que no han mostrado interés en impedir que otros se enteraran de su relación con el ahora ex presidente.
Es de suponer que los responsables del dictamen -Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Augusto Belluscio, Guillermo López y Eduardo Moliné- sienten nostalgia por los tiempos predemocráticos en que criticar a los poderosos o aludir a sus flaquezas estaba prohibido. Después de todo, un motivo para el desprestigio alarmante no sólo de la «clase política» en su conjunto sino también de «los jueces» consiste precisamente en que gracias a los medios de difusión la ciudadanía ha podido conocer mejor a sus integrantes y, es innecesario decirlo, no se ha sentido del todo impresionada por lo que han averiguado. Sin embargo, esto no quiere decir que la prensa haya sido responsable de la mala fama de sectores antes respetados, ni que los políticos y jueces se verían beneficiados si a raíz de fallos como el dirigido contra Noticias los medios de difusión se limitaran a colaborar con los asesores de imagen de los poderosos. Si éstos quieren recuperar el respeto de sus conciudadanos, tendrán que merecerlo, algo que nunca lograrán hacer tratando de reemplazar la verdad por mentiras, defendiéndose corporativamente o produciendo fallos destinados a intimidar a los medios de difusión para que los periodistas piensen dos veces antes de informarle al «soberano» que sus representantes no siempre se asemejan a los dechados de virtud que tantos afirman ser.
En los países democráticos, tanto los dirigentes políticos como los jueces suelen dar por descontado que cuanto más poderoso sea un individuo determinado, mayor es el derecho de los demás a familiarizarse con los detalles pertinentes de su trayectoria profesional y de su vida privada. Cuando es cuestión de un político, no sólo es un derecho sino también una necesidad. No se trata de una concesión al morbo o a la curiosidad de "la gente". Tampoco tiene que ver sólo con la libertad de expresión, porque en todas partes es habitual que haya límites legales a lo que sea legítimo difundir sobre la vida privada de las personas aun cuando no existan dudas en cuanto a su veracidad. Es que a menos que la ciudadanía cuente con información que no haya sido distorsionada por los ubicuos "asesores de imagen" que aspiran a engañarla, no le será posible juzgar si un candidato a un puesto clave o un funcionario jerárquico realmente es tan "idóneo" como exige la Constitución o si le convendría confiar en su supuesta voluntad de anteponer el bien común a sus intereses privados o aquellos de sus amigos. Así, pues, negarle a la ciudadanía el derecho de enterarse de que un presidente de la República tiene un hijo extramatrimonial cuya existencia quisiera mantener oculta es una forma de atentar contra la democracia, sistema de gobierno que sin un mínimo de transparencia no puede sino degenerar en una farsa.
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