Un sistema en el banquillo

En los últimos días, dos escenas graficaron la actualidad de la corrupción estructural que ha dañado la economía, la sociedad y las instituciones de nuestro país.

Una de ellas mostró al exministro de planificación, Julio de Vido, apurando el paso para evitar los flashes mientras se entregaba para cumplir su condena a cuatro años de prisión por la tragedia de Once. Horas después, desde prisión, debió conectarse por Zoom para asistir como imputado en la causa Cuadernos. La semana pasada, en esta causa, el presidente del tribunal obligó a varios acusados, incluyendo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a mostrarse en cámara durante la audiencia.

Se trata de dos casos icónicos sobre las negativas consecuencias sociales de la deshonestidad en el ejercicio de la función pública.

La tragedia de Once ilustró que “la corrupción mata”, como señala María Luján Rey, familiar de uno de los 52 fallecidos en el siniestro ferroviario en febrero de 2012 y una de las querellantes en la causa. La falta de inversiones y controles de seguridad a las concesionarias en el sistema de trenes se mantiene hasta hoy, como mostró el descarrilamiento esta semana de una formación del tren Sarmiento, la misma línea del fatal siniestro, a la altura de la estación de Liniers.

La causa Cuadernos ilustra como ninguna el entramado estructural de relaciones espurias que permitió durante décadas convertir decisiones políticas sobre recursos públicos en financiamiento ilegal de la política y en beneficios privados, tanto para los funcionarios corruptos como para los empresarios que abonaban las coimas.

Como señala el periodista de la Nación que destapó el caso, Diego Cabot, el sistema funcionó durante décadas y trascendió las pertenencias partidarias porque “allá arriba, donde se hacen los negocios, no hay grieta” entre macristas y kirchneristas. Los escándalos que también ha sufrido el gobierno de Milei en su corta trayectoria, que recién empiezan a investigarse, indican que hay dinámicas oscuras y falencias de controles que se mantienen.

Los fiscales de la causa Cuadernos aseguran que hay evidencias concretas de cómo, desde la expresidenta y exfuncionarios a empresarios y contratistas del Estado, armaron un aceitado entramado de desvíos de fondos y sobornos a cambio de contratos con sobreprecios de obras públicas, algunas de las cuales nunca se hicieron.

Reuniones en ministerios, hoteles, domicilios privados de ejecutivos y políticos; bolsos repletos de dinero que circulaban a cambios de contratos que se adjudicaban en procesos amañados y sin controles; fondos que terminaban en las campañas y en los bolsillos personales. De allí el meteórico ascenso social de varios imputados, que pasaron de ser oscuros funcionarios de clase media a millonarios dueños de estancias, medios de comunicación o emprendimientos inmobiliarios de lujo en el país y el exterior.

Una de las novedades de la causa es que se juzgará también el otro lado del mostrador: 65 ejecutivos de empresas privadas estarán en el banquillo, algunos como “arrepentidos”. La Justicia desestimó el argumento de que eran obligados a “jugar según las reglas del juego” ya que su participación en el esquema les dio enormes ganancias y ventajas competitivas frente a otros empresarios que sí cumplían las leyes. Tampoco les permitió eludir responsabilidades aportando dinero.

Sin dudas el que irá a juicio es todo un sistema que desvió recursos públicos que debían destinarse a mejorar rutas, escuelas, hospitales y viviendas; que generó distorsiones económicas, ya que permitió a unos pocos enriquecerse injustamente en perjuicio de las grandes mayorías; y al mismo tiempo deterioró el funcionamiento y la confianza en las instituciones.

En una medida acertada, la Cámara Federal de Casación y la Corte Suprema consideraron excesivos tres años para tramitar el juicio y le exigirán al tribunal acortarlo a un año y con varias sesiones presenciales por semana.

Este y otros procesos debieran significar no sólo el fin de la impunidad para conductas socialmente muy dañinas y el recupero de los millonarios fondos robados, sino también sentar las bases para construir un Estado austero, justo y transparente, con organismos de control fuertes. Y transformar una cultura de la informalidad y arreglos tras bambalinas, donde la ética pública deje de ser discurso y sea práctica cotidiana de los argentinos.