Neuquén sorteará funcionarios para realizarles el narcotest: cómo serán los controles
La primera tanda deberá hacerse el examen en abril, según el decreto reglamentario. Abarca desde el gobernador hasta el fiscal de Estado. Qué pasará en la Legislatura, el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura.
El IJAN tiene 24 horas para remitir al ministerio de Salud el listado de personas que serán testeadas. Foto Matías Subat.
Cuatro veces al año el Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN) sorteará a un grupo de funcionarios y funcionarias de Neuquén que deberá realizar el examen toxicológico obligatorio, como requisito para continuar en el cargo. Esto incluye al gobernador y su gabinete, directivos de organismos autárquicos, el fiscal de Estado y la asesora General de Gobierno. Negarse equivale a un resultado positivo y habilita sanciones.
La letra chica de la reglamentación, aprobada este mes, establece cómo se tomarán las muestras, las contrapruebas y qué datos se difundirán públicamente.
De acuerdo al decreto 234, el gobierno provincial enviará al IJAN el listado de las personas alcanzadas por la ley 3531. A partir de esa base se harán los sorteos trimestrales los meses de enero, abril, julio y octubre.
En cada oportunidad se seleccionará una cantidad de personas equivalente al 12,5% del universo de sujetos alcanzados. Quienes hayan salido en un sorteo no se incluirán en el siguiente. Al cabo de dos años el proceso se iniciará nuevamente con la totalidad del listado.
El IJAN tiene 24 horas para comunicar al ministerio de Salud, que es la autoridad de aplicación, la nómina de testeados de ese mes.
La muestra se tomará en los laboratorios y centros médicos autorizados, por fuera de la capital, serían los hospitales cabecera.
Las sustancias que se buscan en estos «narcotest» sorpresivos son: metabolitos de opioides, de cannabinoides, de cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, MDMA y MDA, benzodiacepinas y barbitúricos. El ministerio puede actualizar la lista. Afuera queda el alcohol.
Negativo y contrapruebas
Los exámenes se realizan sobre muestras de orina. Las pruebas rápidas consisten en un screening de drogas que detecta la presencia de sustancias psicoactivas prohibidas o fármacos recetados, buscando no solo la droga sino también sus metabolitos (productos de su descomposición) e indicando un consumo reciente.
Si la persona cuenta con prescripción médica sobre alguna sustancia tiene que presentarla dentro de las 48 horas de tomada la muestra.
La negativa injustificada es considerada un resultado positivo y activa el procedimiento que puede terminar con la expulsión.
El costo del examen está a cargo de la persona testeada y se descuenta de los haberes. El dinero deberá ser transferido a la cuenta de recupero financiero de los servicios de salud.
En el caso de que el examen dé positivo, hay una ventana de 24 horas para la contraprueba en un laboratorio distinto y puede contar con un perito bioquímico de parte, a su exclusivo cargo.
La ley no fue pensada para brindar un acompañamiento integral de salud a un usuario de drogas, sino que la finalidad es «garantizar la ética, idoneidad, integridad, responsabilidad y transparencia» en el ejercicio de la función pública, asegurando que se desarrolle sin relación «con el narcotráfico».
El resto de los poderes
Esta reglamentación es de aplicación en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial, administración central, organismos autárquicos, descentralizados, empresas del Estado y sociedades con participación estatal mayoritaria.
En la Legislatura, los narcotest comprenden a diputados y diputadas y autoridades de la Cámara. Allí la presidenta del cuerpo, Zulma Reina, tiene que definir si adhiere o crea un mecanismo propio. Lo mismo para el Consejo de la Magistratura y los intendentes que aprobaron ordenanzas similares.
En cuanto al Poder Judicial, deberá ser testeado el Tribunal Superior de Justicia, jueces, fiscales y defensores de todas las jerarquías y fueros. El presidente, Gustavo Mazieres, dictó ayer un decreto en el que le encomendó al Departamento de Salud Ocupacional delinear un protocolo para la implementación de los exámenes, en el que se incluyan los sorteos.
Difusión de los resultados
La confidencialidad y privacidad son principios rectores de este procedimiento, sin embargo, los funcionarios que se han sometido a los test -como el propio gobernador- difundieron luego los resultados.
Está claro que no es lo mismo filtrarlo que exponerlo voluntariamente, pero si todos lo hacen, la regla se convierte en la publicidad. Esta presión aumenta para quienes son elegidos por el voto popular y su silencio puede sonar sospechoso.
La ley obliga al ministerio a remitir un reporte anual a la Legislatura con indicadores generales de cumplimiento, resguardando la identidad y publicando una versión con datos despersonalizados en el sitio web oficial.
Queda por ver si, ante una remoción, se informará que el origen fue un examen positivo de drogas.
Cuatro veces al año el Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN) sorteará a un grupo de funcionarios y funcionarias de Neuquén que deberá realizar el examen toxicológico obligatorio, como requisito para continuar en el cargo. Esto incluye al gobernador y su gabinete, directivos de organismos autárquicos, el fiscal de Estado y la asesora General de Gobierno. Negarse equivale a un resultado positivo y habilita sanciones.
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