El juicio contra la exintendente Martini en Bariloche entró en la recta final

El cotejo entre las certificaciones de obras de vivienda que realizaron el municipio y las empresas ejecutoras del programa Techo Digno y las que efectuó luego el IPPV se convirtió en el punto de análisis clave para el tribunal que debe determinar si la exintendente María Eugenia Martini y el exinspector Alfredo Milano cometieron el delito de administración fraudulenta.

La acusación fiscal da por hecho que ambos funcionarios firmaron constataciones exageradas, que no se condecían con el verdadero avance de los trabajos, en algunos casos con diferencias superiores del 45%. Y habilitaron así pagos indebidos a las empresas contratistas.

El juicio oral seguido contra Martini y Milano ventila hechos registrados entre 2013 y 2015 y luego de cinco jornadas entró en la instancia decisiva. Los alegatos de fiscalía y defensa fueron programados para el viernes.

Entre los testigos de mayor peso en la jornada de hoy estuvo el ingeniero Eric Badé, quien a pedido del Ministerio Público Fiscal efectuó un minucioso estudio comparativo entre las certificaciones emitidas por el municipio para el plan Techo Digno durante la gestión Martini y los relevamientos de las mismas obras que realizó el IPPV antes del traspaso de los contratos a la provincia. Allí saltaron las primeras alarmas.

El programa Techo Digno, en el caso de Bariloche, comprendió la construcción de 825 viviendas repartidas en dos paquetes y un total de nueve licitaciones.

Según Badé su primer abordaje consistió en revisar los criterios aplicados por los técnicos verificadores en uno y otro caso, y comprobó que la ponderación de cada “item” o capítulo respecto de la obra completa en el contrato original no coincidía con los que aplicó el IPPV. Por ejemplo, en los contratos la parte de hormigón armado representaba entre un 15% y un 17% y para el organismo provincial esa proporción era del 9%.

Certificaciones erradas por hasta un 45%

El ingeniero explicó que su tarea consistió en ajustar esos desvíos y cumplida esa corrección determinó que el municipio había emitido certificaciones excedidas en todos los casos, con diferencias sobre los avances “físicos” de las obras que variaban entre un 6,85 y un 45,07%.

Señaló como casos extremos el capítulo de “mampostería” en la licitación 1, por la cual el municipio certificó el 100% ejecutado y “solo se comprobó la colocación de tabiques secos en 35 de las 95 viviendas”. En la licitación 3 se certificaron trabajos de pintura cumplidos al 100% cuando ninguna vivienda estaba pintada.

Para el fiscal Martín Lozada, esas determinaciones son suficiente prueba de que hubo una práctica sistemática de sobrevaluación para favorecer a las empresas Oriente y Alusa, que recibían los pagos con el dinero girado por Nación.

La pericia sobre los pagos indebidos

Otro de los testigos que declaró hoy ante el tribunal integrado por Romina Martini, Marcos Burgos y Víctor Gangarrosa fue el perito contablen Ignacio Chiarenza. En una larga y detallada exposición enumeró también cada una de las licitaciones, con lo pagado de más por el municipio, que en valores actualizados a abril de 2024 superó los 2.000 millones de pesos, según refirió.

También señaló que hubo saldos de la cuenta conformada con envíos de Techo Digno que no fueron aplicados a las obras y se les dio otro destino, por ejemplo el pago de proveedores. Brindó incluso un listado de esas facturas.

El fiscal señaló que la contundencia y el rigor de esos datos alcanzan para demostrar la defraudación y no fueron contrastados por la defensa con ningún informe técnico que los desmientan.

Otra referencia surgida de la audiencia de este miércoles fue la existencia de un juicio contencioso administrativo iniciado ante la Justicia Federal en 2022, durante la presidencia de Alberto Fernández, para que el municipio de Bariloche restituya los fondos de Techo Digno no aplicados y tampoco rendidos.

Así lo refirió la abogada de planta del Ministerio del Interior y Obras Públicas de Nación Elena del Potro, quien dijo que al menos hasta comienzos de 2025 -según le consta-“la expectativa de recupero por parte del Estado nacional seguía vigente”.

El último testigo fue el exsubsecretario de Hacienda del municipio durante el gobierno de Martini Horacio Brucellaria, quien se refirió al empleo de fondos específicos de manera temporal para cubrir otros gastos. Dijo que esa resignación se puede hacer mientras se compense dentro del ejercicio económico y “si fuera algo delictivo no habría funcionario que no estuviera complicado”.

Brucellaria también defendió la constitución de plazos fijos con parte de ese dinero mientras está inmovilizado y señaló que es una herramienta de “preservación” de los fondos a la que está obligado cualquier secretario de Hacienda.

La audiencia fue la quinta del juicio contra Martini y Milano, que se extenderá por lo menos hasta el viernes. Para ese día están programados los alegatos. Este jueves será el turno de los tres últimos testigos y posiblemente declaren también los imputados.