Inician las audiencias por la Ley de Glaciares: con 200 oradores en la primera jornada, se abrió el debate por la reforma

La Cámara de Diputados abre el debate público por la reforma de la ley de Glaciares, el proyecto que ya cuenta con la media sanción del Senado. La primera jornada de las audiencias públicas se desarrollará este miércoles e iniciará a las 10 con la presencia de 200 oradores, el jueves 25 se concretará la segunda jornada y será de manera virtual, también con 200 oradores.

Se abre el debate por la reforma de la ley de Glaciares

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Las audiencias públicas tuvieron gran convocatoria: hubo más de 100 mil inscriptos, pero La Libertad Avanza diseñó un esquema mixto de participación y redujo el número de oradores a 400. El resto tendrá que hacerlo a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video.

La oposición presentó cautelares para suspender las reuniones públicas, pero la Justicia las rechazó. De igual manera quedó otra en suspenso que fue presentada por organizaciones ambientalistas, hasta este miércoles la cautelar no tenía resolución.

La limitación de los oradores y la cantidad de asesores por bloque, es un tema de polémica debido a que tanto Provincias Unidas como Unión por la Patria y la izquierda expresaron su intención de reclamar la extensión de las audiencias.

Sobre las audiencias, se informó que las exposiciones presenciales estarán a cargo de quienes fueron notificados por correo electrónico. Los oradores no podrán extenderse más de cinco minutos. La actividad será transmitida por los medios oficiales de la Cámara de Diputados.

Ley de Glaciares: cuáles son los cambios que se debaten

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La iniciativa busca redefinir los límites de protección ambiental mediante una transferencia de facultades hacia las provincias, permitiéndoles identificar y catalogar las zonas aptas para el desarrollo extractivo bajo el amparo del artículo 124 de la Constitución Nacional.

El eje del debate se centra en la modificación del criterio de protección para el ambiente periglacial, el cual pasará de una redacción considerada «laxa» a una que exige demostrar un aporte hídrico «relevante» y «comprobable» a la cuenca.

La propuesta radica en que las jurisdicciones provinciales sean las encargadas de identificar y catalogar las zonas aptas para el desarrollo extractivo. Este cambio se fundamenta en el artículo 124 de la Constitución Nacional, reafirmando que el dominio originario de los recursos naturales pertenece a las provincias.

Aunque el Inventario Nacional (ING) seguirá bajo la órbita del IANIGLA, la decisión final sobre el impacto ambiental y la gestión quedará en manos de los estados provinciales.

A su vez la reforma busca corregir lo que los impulsores consideran una redacción «laxa» del ambiente periglacial que genera parálisis preventiva. El nuevo texto introduce un requisito técnico específico: para que un área sea protegida, deberá demostrarse un aporte hídrico «relevante» y «comprobable» a la cuenca.

Esto permitiría obtener factibilidad ambiental en zonas donde se certifique que la actividad no compromete significativamente la reserva de agua dulce.

El Gobierno sostiene que esta adecuación es la llave para destrabar proyectos de escala global, principalmente de cobre.

La urgencia responde a la necesidad de atraer divisas y generar empleo en las provincias cordilleranas, evitando que la ley funcione como una barrera burocrática en formaciones geológicas que no poseen un valor hidrológico real.