Pileta con mármol y una cascada: las refacciones de Adorni en el country y los US$800.000 bajo la lupa en su patrimonio

La Justicia avanza en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti. Las recientes declaraciones testimoniales arrojaron luz sobre un crecimiento patrimonial vertiginoso y gastos millonarios en dólares que, a primera vista, no encontrarían respaldo en los ingresos declarados por el funcionario durante los últimos meses.

El dato más rutilante de las últimas horas surgió de la declaración de Matías Tabar, el contratista encargado de llevar adelante las remodelaciones en la vivienda que el matrimonio adquirió en el exclusivo country Indio Cua, ubicado en Exaltación de la Cruz.

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Las refacciones VIP: jacuzzi, cascada y mármol travertino

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Según consta en el expediente judicial al que accedió La Nación, Adorni contactó directamente a Tabar vía WhatsApp en agosto de 2024 para evaluar reformas en un lote de 400 m². Aunque la propiedad estaba estructuralmente sana, el matrimonio invirtió una fortuna para adaptarla a sus exigencias.

El contratista se presentó en los tribunales de Comodoro Py con un pormenorizado archivo Excel que detalla cómo el presupuesto original, pactado inicialmente en unos US$ 95.000, escaló abruptamente hasta alcanzar los US$ 245.929.

Entre los ítems más llamativos y costosos de la obra se destacan:

• Una pileta climatizada que demandó una inversión de US$ 9.000, sumado a un equipo de «bomba de calor» por US$ 9.780. El fondo de la piscina original fue rellenado y revestido con piedra Bali y mármol travertino.
• La construcción de una cascada en el jardín por US$ 3.500.
• Un sector de relajación que incluyó la compra de dos apoyacabezas para el jacuzzi a razón de US$ 90 cada uno.
• Aberturas premium (Ventanas Renthaus) por US$ 33.000 y una isla de cocina por US$ 4.900.
• Pedidos extra de carpintería a medida que, sumados, superaron los US$ 34.000.

Más allá del lujo, lo que encendió las alarmas de los investigadores judiciales fue el modus operandi de los pagos. Tabar declaró bajo juramento que la totalidad de los US$ 245.929 fueron abonados íntegramente en efectivo, en dólares y al margen de cualquier registro fiscal.

El mecanismo, según testificó, consistía en entregas en mano de sumas redondas (US$ 30.000 o US$ 40.000) por parte del propio Adorni, sin que mediara la emisión de facturas o recibos formales.

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Denunciarán a Adorni por «apretar a un testigo»

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Para agravar la situación judicial del funcionario, el contratista reveló que poco antes de su declaración en tribunales, Adorni intentó contactarlo telefónicamente mediante mensajes temporales de WhatsApp para «ofrecerle ayuda».

Asesorado por sus abogados, Tabar rechazó el ofrecimiento para evitar quedar implicado en un presunto encubrimiento.

Esta maniobra derivó en que la diputada Marcela Pagano (LLA) sumara una nueva denuncia contra el jefe de Gabinete por supuesto apriete a un testigo clave.

Acabo de solicitar la detención de @madorni por apretar a un testigo a través de WhatsApp y ofrecerle beneficios a cambio de tergiversar su declaración. Esto es un claro entorpecimiento de la investigación y debe aplicarse la doctrina IRURZUN. pic.twitter.com/Yzl7iqWr8h

— Marcela Pagano (@Marcelampagano) May 4, 2026

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Un patrimonio bajo la lupa: los números que no cierran de Manuel Adorni

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La remodelación en Indio Cua es solo la punta del iceberg de una causa que busca desentrañar el origen de los fondos del vocero presidencial devenido en jefe de Gabinete. Desde que asumió en la función pública, la Justicia calcula que Adorni acumuló compromisos y gastos que superan los US$ 800.000.

El principal interrogante de los investigadores radica en cómo el funcionario pudo (y podrá) afrontar esos millonarios pagos en divisa extranjera, teniendo en cuenta que su salario bruto oficial estuvo congelado en $3,5 millones hasta enero de 2026 (cuando un decreto presidencial lo elevó a $7,1 millones, menos de US$ 5.000 mensuales).

El abultado listado de compromisos incluye:

• Pagos ya realizados: US$ 245.000 al contratista en efectivo; US$ 185.000 en operaciones inmobiliarias (US$ 120.000 por la casa de Indio Cua y US$ 60.000 vinculados a un lujoso departamento en Caballito); y gastos superiores a US$ 33.000 en viajes y estadías familiares en Bariloche, Aruba y Punta del Este.
• Deudas vigentes: El funcionario deberá afrontar el pago de abultadas hipotecas en un corto plazo. Mantiene una deuda de US$ 70.000 (más intereses) por una primera hipoteca sobre la casa en el country, otorgada al 11% anual por dos mujeres policías. Además, adeuda US$ 200.000 por una segunda hipoteca (a nombre de dos jubiladas) vinculada al departamento en el barrio de Caballito, a lo que se suma un «acuerdo de palabra» por otros US$ 65.000 con un desarrollador inmobiliario amigo de la familia.

Los cálculos preliminares de la fiscalía que lidera Gerardo Pollicita exponen inconsistencias temporales. Al cierre de 2024, el jefe de Gabinete había declarado tener US$ 48.720 (entre efectivo y cuentas). Sin embargo, a los pocos meses afrontó gastos en efectivo por turismo y cancelaciones hipotecarias parciales que rozaron los US$ 75.000, superando ampliamente el capital declarado previamente.

Con el secreto bancario y fiscal ya levantado, la Justicia avanza en el análisis exhaustivo de cuentas y consumos mensuales (que en el caso de las tarjetas de crédito del matrimonio llegaron a rozar los $25 millones de pesos de deuda), buscando desentramar la verdadera arquitectura financiera de uno de los hombres más fuertes del gobierno nacional.