Subastas de terrenos estatales, la vía para financiar las Fuerzas Armadas: el anuncio de Adorni en medio de la polémica

Un reciente anuncio de Manuel Adorni sobre la venta de propiedades pertenecientes al Estado puso sobre la lupa las subastas de terrenos estatales. Esta semana, el jefe de Gabinete anticipó un mecanismo de financiación a las fuerzas armadas a través de fondos de privatizaciones. Cómo fue el antecedente con un edificio del INTA, cuyos fondos terminaron en el Tesoro y no en el organismo.

Este lunes 4 de mayo, el funcionario retomó sus conferencias de prensas en medio de la polémica por la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, y brindó detalles del Decreto 314/2026 que firmó el presidente Javier Milei.

Se trata del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA), que establece un nuevo esquema de financiamiento para defensa nacional.

«A partir de ahora, el 10% de lo recaudado por la venta, alquileres o privatizaciones de bienes del Estado será destinado al reequipamiento, modernización y recuperación de las capacidades de las Fuerzas Armadas«, señaló.

En este sentido, detalló que cuando se trate de bienes propios de las Fuerzas, «el 70% de lo recaudado se destinará -directamente- al sistema de defensa».

Adorni comentó que la medida se enmarca en un «proceso de fortalecimiento de las Fuerzas», para avanzar en la incorporación de nuevos sistemas y el desarrollo de las capacidades de vigilancia, control y apoyo logístico.

---

El Gobierno vendió un edificio estatal y derivó los fondos al Tesoro

---

El anuncio de Adorni trajo fuertes repercusiones, principalmente del sector agropecuario. A través de sus redes sociales, el periodista especializado Matías Longoni recordó tras el anuncio del plan ARMA que el Gobierno había prometido lo mismo con el INTA.

«No le crean. Lo mismo dijo Adorni cuando se anunció la venta del edificio de la Calle Cerviño del INTA, en diciembre de 2024, y a los pocos meses Milei firmó un decreto que dispuso que el dinero de todas las ventas de la AABE irían a Rentas Generales», advirtió.

Al momento de aprobarse la salida a subasta del inmueble, se encontraba vigente el artículo 57 de la ley 27.341, el cual establecía formalmente que el 70% del resultado de la operación (igual que figura en el plan para armar las fuerzas armadas) debía dirigirse al INTA y solo el 30% restante al Tesoro Nacional.

“El plan de modernización (del INTA) incluye la venta de edificios y tierras subutilizadas como el inmueble ubicado en Av Cerviño 3101, esquina Ortiz de Campo, en Palermo. Este edificio está valuado en USD 6 millones como precio base. Cuenta con más de 3.100 m2 de superficie cubierta para apenas 140 empleados. Además del mal gasto de recursos que implica, la propiedad presenta graves irregularidades como la construcción de una estructura por fuera de la disposición original del edificio. Y es importante aclarar que lo recaudado por la venta de este edificio quedará en manos del propio INTA, y será destinado a financiar lo que debe financiar el INTA, que son investigaciones”, dijo Adorni en conferencia de prensa, en ese entonces como vocero presidencial.

El inmueble ubicado en el barrio de Palermo, que disponía de más de 3.100 metros cuadrados de superficie cubierta, salió a remate el 23 de diciembre de 2024 partiendo de un precio base de US$ 6.378.968. Finalmente, el edificio fue adjudicado a la firma Julián Álvarez 1986 SRL por una suma ampliamente superadora de US$ 18,5 millones.

Sin embargo, el 70% de ese dinero, que representa unos US$ 13 millones, nunca ingresó a las cuentas del instituto agropecuario.

---

Irregularidades con el remate de edificios estatales: cómo hizo el Gobierno para redireccionar los fondos

---

Dos días antes de concretarse el remate millonario, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) había emitido un dictamen advirtiendo sobre irregularidades en las actuaciones del expediente.

La fiscalía especializada, tras intervenir a partir de cinco denuncias previas, señaló que la presunta subocupación del lugar o los elevados costos de mantenimiento esgrimidos eran apenas clichés utilizados para brindar una cobertura formal a la decisión política de vender el bien.

A pesar de que este crítico documento fue enviado a la Jefatura de Gabinete, a la Auditoría General de la Nación y a las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la operación de enajenación continuó su curso sin modificaciones.

A través de su informe enviado a la Cámara de Diputados el pasado miércoles 29 de abril, Adorni confirmó que los fondos de la venta de un edificio del INTA «pasaron íntegramente al Tesoro Nacional por un Decreto de Necesidad y Urgencia, el DNU Nº186/25, dictado el 12 de marzo de 2025″.

En el justificativo, el funcionario indicó que el cambio en el destino de los recursos obtenidos surgió «en el marco de la emergencia económica y financiera” con el fin de “atender las necesidades del Tesoro Nacional, en aras de mantener el equilibrio fiscal y el sostenimiento de las políticas económicas”.

En este marco, las representaciones gremiales del sector comenzaron a exigir explicaciones formales ante las autoridades.

Los referentes del Sindicato General del INTA (APINTA) y del gremio ATE-INTA presentaron recursos administrativos de reconsideración dirigidos al Consejo Directivo del organismo y a los directivos de la AABE.

«Cuando se aprobó la venta en una reunión del Consejo Directivo, el 29 de noviembre de 2024, estaba vigente una ley que decía que el 70% de lo obtenido volvía al Instituto. Pero después, el Gobierno dictó un decreto para que el 100% pase al Tesoro nacional. Un decreto no se puede aplicar retroactivamente”, dijo Mario Romero, secretario general de APINTA a Infobae.

Desde la AABE respondieron que el reclamo responde únicamente a una interpretación gremial y que, con la entrada en vigencia del DNU de marzo, la derivación de la totalidad de los fondos al Tesoro Nacional es un movimiento lícito dado que el INTA forma parte integral del Gobierno nacional.

Asimismo, la intensa polémica generada por el edificio porteño se enmarca en un contexto más amplio de denuncias sindicales por un presunto vaciamiento sistemático del instituto a nivel federal.

Los delegados alertaron sobre un profundo proceso de desfinanciamiento que incluye la cesión de 11.400 hectáreas de tierras experimentales a diversas provincias para saldar deudas. En contacto con Infobae, Julieta Boedo, delegada de ATE-INTA, detalló que fueron 1.660 ha en Formosa; 1.800 ha en Chaco; 2.400 ha; 2.400 ha en Bolsón, Río Negro; y 5600 ha en Santiago del Estero.

“En los tres primeros casos, fueron cedidos esos terrenos a las provincias; en el caso de Santiago, no lo sabemos”, señaló.

A esto, se suma que el INTA estableció la apertura de retiros voluntarios para reducir la planta a unos 950 empleados. En febrero de 2026, según el Indec, la dotación del organismo superaba los 6 mil trabajadores.

La apertura de retiros voluntarios en el organismo, a partir de mayo, con la intención de reducir, al menos, unos 950 empleados la planta. La dotación del INTA, a febrero de este año, era de 6.043 trabajadores, según el INDEC.

Por último, desde los gremios recriminaron la situación presupuestaria del INTA por su impacto «a las líneas de investigación, que no tienen financiamiento».