Condenaron a la líder de una banda que vendía drogas en Huergo: cumplirá 5 años de domiciliaria

La Justicia Federal de Roca dictó sentencia contra los integrantes de una organización dedicada al narcomenudeo en Huergo, desarticulada tras una serie de allanamientos que permitieron el secuestro de cocaína, marihuana y dinero en efectivo. En una audiencia de acuerdo pleno, la principal responsable, Natalia Magalí Monsalve, fue condenada a una pena única de cinco años de prisión y declarada reincidente.

La investigación, que demandó dos meses de tareas de inteligencia, se originó a partir de llamados anónimos al 0800-Drogas. Según las pruebas presentadas por la fiscalía, la red operaba mediante la venta directa y la modalidad de «delivery», utilizando un domicilio particular como punto de expendio y una vivienda en el sector de bardas como centro de acopio y fraccionamiento.

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Acuerdo pleno y roles definidos

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Durante la audiencia presenciada por el juez federal Hugo Greca, el Ministerio Público Fiscal, representado por Sebastián Gallardo y Francisco Iglesias, detalló cómo funcionaba el entramado criminal. Se determinó que Monsalve detentaba el «dominio funcional» de la actividad, mientras que su pareja, Juan Carlos Salazar Zárate, y su hijo, Enzo Javier Flores, actuaban como partícipes secundarios facilitando la logística y la custodia de las sustancias.

«La hipótesis policial plantada en un inicio fue la que finalmente se pudo concretar con los allanamientos», explicó el auxiliar fiscal Iglesias, remarcando que el punto de venta principal se encontraba en el Pasaje Bouvier. En tanto, Salazar y Flores recibieron penas de tres años de prisión de ejecución condicional y recuperaron la libertad supeditada al cumplimiento de estrictas reglas de conducta. Por su parte, otra mujer quien también había sido imputada inicialmente, fue sobreseída al no poder acreditarse su participación en el hecho.

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El búnker de las bardas

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Los operativos, encabezados por la División Toxicomanía de Villa Regina, permitieron desmantelar lo que funcionaba como un búnker de seguridad. En el domicilio ubicado en el barrio Ceferino, se hallaron 654 gramos de cocaína y 787 gramos de marihuana. El lugar contaba con un sofisticado sistema de vigilancia compuesto por cámaras de seguridad y un DVR para monitorear los movimientos externos.

Además de la droga —parte de la cual estaba fraccionada y otra en forma de «medio ladrillo»—, los uniformados secuestraron 396.170 pesos en efectivo, balanzas digitales, teléfonos celulares y elementos de corte. La fiscalía solicitó el decomiso del dinero y la destrucción del material estupefaciente incautado.

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Prisión domiciliaria y razones «humanitarias»

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Pese a la gravedad del delito y a la unificación de penas por un antecedente previo de 2025, Monsalve accedió al beneficio de la prisión domiciliaria. El fiscal Gallardo fundamentó esta medida en «razones humanitarias» y en el «interés superior del niño», dado que la mujer tiene a su cargo a tres hijos menores de edad y un nieto.

«La señora Monsalve es la única que tiene un antecedente penal computable que vuestra señoría dictó sentencia condenatoria el 16 de septiembre del 2025 (una condena de tres años de prisión de ejecución condicional), y por eso también vamos a solicitar que sea declarada reincidente», explicó el fiscal Gallardo.

Por su parte, el abogado defensor de la condenada aceptó el acuerdo arribado sin objeciones: «Es una madre de familia de cuatro hijos menores que está muy agradecida con la fiscalía y la defensa por el acuerdo de esta modalidad de ejecución de pena».

Sin embargo, el juez Greca homologó el acuerdo y, si bien falta la sentencia -que se oficializará en los próximos días-, fue tajante respecto a las condiciones del acuerdo: «Si usted vuelve a estar ligada con la droga, el fiscal va a pedir que la trasladen a Santa Rosa, donde está la prisión de mujeres». Y agregó: «La regla es que las personas cumplan condena en establecimientos carcelarios. Entonces, esta es una excepción por sus hijos y el interés superior del niño».

Debido a la escasez de recursos técnicos, se dispensó el uso de la tobillera electrónica, aunque la condenada deberá someterse al control mensual del dispositivo de asistencia postpenitenciaria.