La Justicia reconoció que una joven «sana» murió tras recibir la vacuna Sputnik y ordenó indemnizar a la familia
Sentencia sin precedentes: La Cámara Federal de Córdoba acreditó el nexo causal directo entre la dosis de la vacuna rusa y el fallecimiento de Melín Sartori por una baja crítica de plaquetas. La OMS y la Conaseva revisaron el caso y detectaron un síndrome autoinmune excepcional que obligó al ministerio de Salud a admitir el daño.
La Cámara Federal de Córdoba reconoció formalmente la relación causal «directa» entre la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V y la muerte de Melín Agustina Sartori, una joven de 24 años que no presentaba patologías previas.
A través de esta sentencia, el tribunal ordenó al ministerio de Salud de la Nación y al Estado nacional ejecutar en un plazo máximo de 30 días la indemnización económica prevista por la ley para los casos de efectos adversos graves derivados de las dosis contra el Covid-19.
La ruta de una tragedia que empezó en el vacunatorio en Córdoba
Melín Sartori era estudiante de historia, trabajaba en centros de asistencia social y decidió vacunarse para proteger a las personas vulnerables con las que interactuaba. Su cuadro clínico avanzó con extrema velocidad:
- 15 de julio de 2021: recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V.
- 22 de julio de 2021: comenzó con dolores abdominales agudos.
- 24 de julio de 2021: presentó vómitos y un cefalea (dolor de cabeza) calificado como «insoportable». Inicialmente sospecharon de un contagio de Covid-19, pero la gravedad del cuadro forzó su internación.
- 29 de julio de 2021: murió en un centro de salud de Córdoba.
El giro científico que destrabó la causa judicial
La madre de la joven, Virginia Ruiz (quien además es médica), inició un reclamo administrativo que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo rechazó de forma inicial basándose en informes preliminares de 2021 que catalogaban el caso como «indeterminado». Sin embargo, el avance del conocimiento científico y una revisión clave en 2024 cambiaron el rumbo del expediente:
- Reclasificación oficial: la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (Conaseva) reevaluó el caso en 2024 basándose en nueva evidencia internacional y concluyó que existía «evidencia de causalidad con la vacuna», elevando el caso a la categoría de «Relacionado A1».
- La prueba hematológica determinante: los peritajes médicos detectaron en la sangre de la joven anticuerpos IgG anti factor plaquetario 4, un indicador inequívoco del síndrome de trombosis con trombocitopenia inducido por vacuna (VITT), una condición que desploma el conteo de plaquetas y genera coágulos.
- Sin otras causas: la hematóloga Ana Romina Montivero y la experta en farmacovigilancia Raquel Herrera Comoglio testificaron de forma contundente que, ante la ausencia de fármacos alternativos como la heparina, la conclusión médica era «sin duda alguna» que el fallecimiento obedeció al VITT desencadenado por la dosis.
«La discusión sobre el nexo causal, lejos de persistir, se encuentra técnicamente despejada», dictaminó la jueza Liliana Navarro en los fundamentos de la sentencia.
El Ministerio de Salud admitió el nexo pero retuvo el pago
El abogado de la familia, Martín Barbará, reveló un detalle polémico sobre la estrategia oficial del Estado durante el juicio. Cuando el Ministerio de Salud compareció ante el tribunal, reconoció la relación directa entre la vacuna Sputnik y la muerte de la joven, pero pretendió congelar la compensación argumentando que no correspondía pagar mientras existiera una causa judicial abierta.
La Cámara Federal rechazó de plano la postura del Gobierno, criticó los argumentos burocráticos de los organismos de control y remarcó que la ley no exige una «certeza absoluta», sino una «preponderancia de la evidencia», umbral que la familia superó holgadamente con los informes médicos presentados.
El fallo obliga a activar el Fondo de Reparación creado específicamente por la Ley Nacional 27.573 para cubrir los daños físicos causados por las vacunas de la pandemia.
- El monto: la normativa establece una compensación económica fija equivalente a 240 jubilaciones mínimas para los casos de incapacidad total o fallecimiento.
- El plazo: el Estado tiene 30 días corridos para liquidar el pago y finalizar el trámite administrativo.
Este dictamen sienta una jurisprudencia histórica para decenas de demandas similares que se encuentran frenadas en los tribunales federales de distintas provincias, al validar que los dictámenes iniciales de la época de la pandemia deben actualizarse con la evidencia médica actual.
La Cámara Federal de Córdoba reconoció formalmente la relación causal "directa" entre la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V y la muerte de Melín Agustina Sartori, una joven de 24 años que no presentaba patologías previas.
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