La justicia inalcanzable
Un nuevo aniversario, el vigésimo, del atentado contra la sede de la AMIA en que murieron más de ochenta personas y otros tres centenares quedaron heridas pasó como todos los anteriores: con reclamos, que no serán oídos, de que por fin haya justicia. Muchos dan por descontado que no sólo en Irán o en una de las bandas islamistas que pululan en Oriente Medio sino también en nuestro país hay quienes saben los nombres de los autores intelectuales y los directamente responsables de la más cruenta atrocidad terrorista de la historia argentina, pero no están en condiciones de probarlo. Los esfuerzos por investigar la conexión local, la pista siria, la libia y, desde luego, la iraní no han llevado a conclusiones incontrovertibles. Por lo demás, no ha sido posible interrogar a los principales sospechosos, que incluyen a miembros poderosos del régimen islamista iraní que, claro está, nunca ha tenido la más mínima intención de colaborar con la Justicia de un país de cultura tan diferente de la suya como la Argentina, razón por la que aquel absurdo acuerdo con Irán firmado por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a instancias del canciller Héctor Timerman para crear una “comisión de la verdad” sólo ha servido para sembrar más confusión. Tal y como están las cosas, para que hubiera justicia sería necesario que cayera el régimen revolucionario iraní, lo que por lo menos permitiría que se llevara a cabo una investigación exhaustiva de los vínculos entre sus jefes y los distintos grupos terroristas que lo apoyan por motivos religiosos o a cambio de dinero, armas y entrenamiento. Aunque muchos iraníes están hartos del fanatismo islámico –según algunas encuestas, una proporción sustancial, tal vez una mayoría, querría que su país tuviera relaciones amistosas con el “gran satán” estadounidense y “el pequeño satán” israelí–, el eventual desplome de la teocracia beligerante que se ha propuesto erigirse en una gran potencia regional, cuando no mundial, no parece inminente. Lo que sí debería ser posible sería que los investigadores consiguieran identificar a los colaboradores locales de la presuntamente culpable organización terrorista Hezbollah, “el partido de Dios”, en opinión de la cual, como confirman con frecuencia sus voceros más truculentos, todos los judíos merecen morir. Sin embargo, hasta ahora los intentos en tal sentido se han visto frustrados. Para presionar con más éxito a los iraníes, la Argentina necesitaría contar con la ayuda decidida de Estados Unidos y los países de la Unión Europea, además de Israel, pero hay amplios sectores, algunos relacionados con el kirchnerismo, que se oponen al “imperio”, a la Europa supuestamente decadente y al “ente sionista”. Asimismo, en el submundo de las pequeñas agrupaciones de la ultraderecha y de los servicios vinculados con la dictadura militar abundan individuos de mentalidad extremista que sienten más simpatía por los islamistas que por sus víctimas. Ayudados por la ineficiencia propia de todos los organismos estatales del país, los resueltos a dificultar la labor de los investigadores auténticos han logrado su propósito. Lo mismo que en julio de 1994, hay muchas teorías conspirativas, algunas bastante convincentes, pero pocas certezas. Lo único que sabemos es que hace veinte años la Argentina fue blanco de un atentado terrorista devastador pero que a partir de entonces ni la Justicia nacional ni los servicios de inteligencia de otros países han podido identificar a los responsables. Reclamar justicia es natural pero, para que sea algo más que una expresión de deseos o de la frustración lógica que tantos sienten ante la impotencia de las autoridades nacionales que, por razones acaso legítimas, apenas han avanzado un centímetro en la búsqueda de la verdad, el país tendría que perseguir a los autores del atentado con la misma implacabilidad que caracterizó a los norteamericanos en los días que siguieron a la destrucción, el 11 de septiembre de 2001, de las Torres Gemelas de Nueva York y un ala del Pentágono en Washington, cuando ellos sufrieron en carne propia lo que la Argentina había experimentado siete años antes. De más está decir que no contamos con los recursos policiales, económicos, militares y diplomáticos necesarios, razón por la que la justicia que tantos están pidiendo tardará en llegar.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Domingo 20 de julio de 2014
Un nuevo aniversario, el vigésimo, del atentado contra la sede de la AMIA en que murieron más de ochenta personas y otros tres centenares quedaron heridas pasó como todos los anteriores: con reclamos, que no serán oídos, de que por fin haya justicia. Muchos dan por descontado que no sólo en Irán o en una de las bandas islamistas que pululan en Oriente Medio sino también en nuestro país hay quienes saben los nombres de los autores intelectuales y los directamente responsables de la más cruenta atrocidad terrorista de la historia argentina, pero no están en condiciones de probarlo. Los esfuerzos por investigar la conexión local, la pista siria, la libia y, desde luego, la iraní no han llevado a conclusiones incontrovertibles. Por lo demás, no ha sido posible interrogar a los principales sospechosos, que incluyen a miembros poderosos del régimen islamista iraní que, claro está, nunca ha tenido la más mínima intención de colaborar con la Justicia de un país de cultura tan diferente de la suya como la Argentina, razón por la que aquel absurdo acuerdo con Irán firmado por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a instancias del canciller Héctor Timerman para crear una “comisión de la verdad” sólo ha servido para sembrar más confusión. Tal y como están las cosas, para que hubiera justicia sería necesario que cayera el régimen revolucionario iraní, lo que por lo menos permitiría que se llevara a cabo una investigación exhaustiva de los vínculos entre sus jefes y los distintos grupos terroristas que lo apoyan por motivos religiosos o a cambio de dinero, armas y entrenamiento. Aunque muchos iraníes están hartos del fanatismo islámico –según algunas encuestas, una proporción sustancial, tal vez una mayoría, querría que su país tuviera relaciones amistosas con el “gran satán” estadounidense y “el pequeño satán” israelí–, el eventual desplome de la teocracia beligerante que se ha propuesto erigirse en una gran potencia regional, cuando no mundial, no parece inminente. Lo que sí debería ser posible sería que los investigadores consiguieran identificar a los colaboradores locales de la presuntamente culpable organización terrorista Hezbollah, “el partido de Dios”, en opinión de la cual, como confirman con frecuencia sus voceros más truculentos, todos los judíos merecen morir. Sin embargo, hasta ahora los intentos en tal sentido se han visto frustrados. Para presionar con más éxito a los iraníes, la Argentina necesitaría contar con la ayuda decidida de Estados Unidos y los países de la Unión Europea, además de Israel, pero hay amplios sectores, algunos relacionados con el kirchnerismo, que se oponen al “imperio”, a la Europa supuestamente decadente y al “ente sionista”. Asimismo, en el submundo de las pequeñas agrupaciones de la ultraderecha y de los servicios vinculados con la dictadura militar abundan individuos de mentalidad extremista que sienten más simpatía por los islamistas que por sus víctimas. Ayudados por la ineficiencia propia de todos los organismos estatales del país, los resueltos a dificultar la labor de los investigadores auténticos han logrado su propósito. Lo mismo que en julio de 1994, hay muchas teorías conspirativas, algunas bastante convincentes, pero pocas certezas. Lo único que sabemos es que hace veinte años la Argentina fue blanco de un atentado terrorista devastador pero que a partir de entonces ni la Justicia nacional ni los servicios de inteligencia de otros países han podido identificar a los responsables. Reclamar justicia es natural pero, para que sea algo más que una expresión de deseos o de la frustración lógica que tantos sienten ante la impotencia de las autoridades nacionales que, por razones acaso legítimas, apenas han avanzado un centímetro en la búsqueda de la verdad, el país tendría que perseguir a los autores del atentado con la misma implacabilidad que caracterizó a los norteamericanos en los días que siguieron a la destrucción, el 11 de septiembre de 2001, de las Torres Gemelas de Nueva York y un ala del Pentágono en Washington, cuando ellos sufrieron en carne propia lo que la Argentina había experimentado siete años antes. De más está decir que no contamos con los recursos policiales, económicos, militares y diplomáticos necesarios, razón por la que la justicia que tantos están pidiendo tardará en llegar.
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