Techo Digno: constructoras aportan datos y se desmarcan

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La Cámara de la Construcción de Río Negro enviará una misión a Buenos Aires, para presentar documentación ante la Justicia, pero también para pedir explicaciones por las inhibiciones a cinco empresas de la provincia en el marco de la investigación por el manejo de fondos del plan de viviendas Techo Digno.

“Ni siquiera sabemos de qué nos acusan. Se nota cierto tufillo político en un contexto electoral, en el que nosotros no tenemos nada que ver”, explicó ayer el dueño de una firma del Alto Valle que participó de la reunión realizada por la entidad el martes por la noche en Roca.

Cinco empresas tienen bloqueadas sus cuentas por el momento. Se trata de ECA, Oriente, Urban, Alusa y Construcciones Normalizadas. De acuerdo a los datos surgidos desde el sector, entre todas concentran a unos 800 de los 3.000 obreros con empleo en la provincia.

Los representantes del sector privado se defienden recordando que los planes licitados durante la gestión kirchnerista fueron administrados por los municipios, cuyos intendentes “eran los que ponían las condiciones”.

“Hubo valores sin modificar por plazos de hasta cinco años. Para el Estado cada casa seguía costando 166.900 pesos, cuando la inflación había llevado los precios mucho más arriba. Entonces aparece la distorsión: el gobierno contabilizaba partidas que representaban el 90% del presupuesto original, pero en realidad con ese dinero sólo se llegó a construir el 50%”, ejemplificó el vocero consultado por “Río Negro”.

“La idea es ir a Buenos Aires, aclarar todo, pero también buscar que alguien nos explique por qué desde el actual gobierno nos pidieron seguir adelante con las obras y después presentaron estas denuncias, por las que nos vemos perjudicados sin saber de qué nos acusan”, completó el empresario.

Continuidad “garantizada”

Por su parte, el ministro de Obras Públicas de la provincia, Carlos Valeri, aseguró ayer que “está garantizada la continuidad de las obras del plan Techo Digno” porque “la Provincia mantiene el pago administrativo para la continuidad de todos los planes”.

“Tenemos los fondos girados desde el gobierno nacional para poder pagar los certificados de obra, lo que significa que las obras tienen continuidad, más allá de informaciones respecto a inhibiciones de cuentas bancarias que han sufrido algunas empresas constructoras por cuestiones del pasado”, sostuvo Valeri.

Puestos en riesgo