Acusaciones mutuas
ROCA.- La defensora oficial de Sansuerro, Mariana Serra, alegó que de los Viales que se inscribieron para el primer plan sólo seis cumplían el requisito de residencia en Roca y justificó así la adjudicación de las restantes 14 casas a “trabajadores de otras organizaciones”. Igualmente, achacó al IPPV y al exsecretario de Acción Social del sindicato, Alberto Felipe Hinter, la responsabilidad ante cualquier irregularidad. Por esa misma causa, vale recordar, están procesados Vicente Pili y Aurora Isla por “omisión de deberes” como exfuncionarios del instituto de vivienda. Sobre la acusación por el segundo plan, recalcó que “Iturburu, en quien Sansuerrro confiaba plenamente, falsificó su firma, abusó de su confianza y firmó los convenios en su nombre”. Así, lo resposabilizó por la sobreventa de lotes. “Su pecado fue confiar en su exhijastro, quien casualmente tiene un antecedente penal por estafa”, dijo la defensora. Carina Tesán, abogada de Iturburu, lo desvinculó del plan de las 20 viviendas alegando que sólo hizo “un trámite circunstancial” por esas casas. Sobre las 167, afirmó que su cliente se limitó a cumplir las tareas para las que había sido contratado por Sansuerro, al cual atribuyó la dirección de toda la operatoria “apañado por el IPPV”. También pidió que no sean considerados como damnificados de la supuesta estafa los compradores de lotes que fueron adjudicados, los que declararon ante la justicia al ser citados por la fiscalía pero no iniciaron acciones individualmente, los que “renunciaron” al plan cuando comenzó el conflicto y los que usurparon las casas terminadas.
