Alarma de vecinos de Neuquén por el desalojo en el nuevo paseo costero
Los vecinos pidieron la asesoría legal e intervención de la Defensoría del Pueblo ante la llegada masiva de intimaciones de abandonar las viviendas.
En Tronador al fondo, desde Boer hasta el río Limay 25 familias recibieron notificaciones judiciales de una demanda de desalojo (foto Yamil Regules)
Unas 25 familias, asentadas hace muchos años en la zona de Tronador al fondo, recibieron la semana pasada una notificación judicial que los alarmó porque involucra una intimación de desalojo. Se trata del sector anegable, lindante al río Limay, que en este año cotiza en alza con la terminación del paseo de la Costa, entre Linares y Obrero Argentino.
“No somos una toma; hay familias que están de hace 25 ó 30 años acá y es un barrio de 150 casas, aproximadamente. Se acuerdan de nosotros siempre para las inundaciones, pero ahora nos dicen que hubo una subasta en 2.015 y que tenemos que salir, éste es nuestro barrio”, sostuvo Jaqueline Sepúlveda, una de las vecinas que recibió la notificación de la jueza García Fleiss.
Desde la Justicia se informó que la notificación que recibieron los vecinos, no fue la intimación al desalojo, sino la notificación de una causa en su contra que busca desalojarlos. «No hay una orden de desalojo, se ordenó el traslado de la demanda de desalojo, el proceso está en su etapa inicial, no se ha tomado una definición», señalaron los voceros judiciales.
Sepúlveda especificó que antes de la notificación judicial, hubo un operario de Tierras de la provincia que los amenazó para que dejaran de hacer mejoras y les dijo que se tenían que ir del lugar. Jaqueline hizo la denuncia por el cariz mafioso de la advertencia y luego de eso hubo una reunión, dijo, con Marcos Zapata que se comprometió a averiguar la situación del sector.
Actualmente Zapata es el titular del Instituto Municipal de Tierras y Urbanismo (IMUH), quien ayer emitió un comunicado en el que se hizo conocer a la opinión pública que la municipalidad de Neuquén no había solicitado el desalojo.
Pero no se hizo mención a la intervención anterior en el barrio que, aparentemente, recibió masivamente un planteo de desalojo. Según las primeras averiguaciones de los vecinos, los supuestos compradores de esa franja costera (en una subasta que se habría realizado en 2.015), no tuvieron en cuenta la presencia del barrio.
Desde la oficina judicial de prensa, se transmitió además que aún está en proceso la notificación, es decir, que podría haber más de 25 afectados por la demanda de los particulares que compraron esas cotizadas tierras costeras, ahora que está iluminada y asfaltada la ribera del Limay a pocos metros.
Alarmados porque no quieren perder sus casas y viviendas, acudieron a la Defensoría del Pueblo para solicitar asesoramiento legal e intervención.
El sector de viviendas de material está ubicado al fondo de la calle Tronador, donde no llega el colectivo, ni el servicio de recolección, ni agua, ni la luz eléctrica. Al lugar se llega por una calle sin nombre que sale hacia el río y el este, desde la planta municipal de recepción de residuos sólidos.
“Todas las casitas hacen como una L hasta el fondo, como bordeando lo que ahora es el Paseo (costero); tenemos entendido que fue una subasta pero ¿ cómo sería posible si aquí hay gente de más de 30 años viviendo?”; se preguntó Jaqueline.
El movimiento de tierra en la zona costera del Limay para la construcción del paseo desde hace más de un año, redundó en mejoras. En efecto, como se levantó el terreno, es poco probable que la zona ahora se inunde como en años anteriores.
Ante el aviso de la jueza, la primera situación que les llamó la atención a los vecinos fue no sólo el conocimiento de que sus casas habían entrado en una subasta, sino la vigencia de la medida nacional de suspensión de desalojos durante la pandemia, como una definición de orden público para evitar la propagación del virus.
Si bien en el lugar son más de 150 según los damnificados, 25 personas aseguran haber recibido la notificación de la justicia. La medida «sigue en notificación de la demanda», por lo que llegarían más notas de las que alarmaron a los pobladores de esta zona de Confluencia rural.
“Vamos a solicitar ayuda y aprovechar a pedir los servicios, pero la gente no quiere irse ni perder sus casas después de tantos años. Estamos esperando conseguir documentación y pedimos asesoramiento en la Defensoría, tenemos 10 días y lo que hacemos es dar a conocer esto”, finalizó.
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