Alteraciones radicales

Obstinación y debilidad son trastornos impuestos hoy en el oficialismo. La terquedad gubernamental por la reforma constitucional y la confluencia de aspiraciones electorales para el 2011 entrelazan componentes para la desintegración radical. Poco importaría si no fuera que son los mismos hombres que deberían gobernar y gestionar el Estado de Río Negro, que equivale a manejar casi 5.000 millones de pesos. Las acciones políticas e institucionales se suceden. Pero ninguna altera el rumbo adoptado por el gobernador Miguel Saiz, que tiene hoy un solo objetivo: la consulta popular. La persistente resistencia está alojada en la Legislatura, dominada por el vicegobernador Bautista Mendioroz y radicales censores. Cada acto en ese Poder está comprometido con el derrumbe de aquel plan de Saiz. Ya hay dos iniciativas que buscan habilitar el proceso constitucional. Ambas son opositoras y proponen la elección de convencionales para después del comicio provincial del 2011. El diseño del PJ y el alentado por los radicales disidentes expresan sólo diferencias menores. Tienen un único centro de decisión. Una conversación de Mendioroz con el jefe del PJ, Carlos Soria, que se extendió al presidente del bloque justicialista, Ademar Rodríguez. Ese inicio conjunto concluirá con un proyecto consensuado, la obtención de los 29 votos y su próxima sanción en la Legislatura. Los firmantes totalizan 27 diputados. Faltan dos votos, voluntades que serán recolectadas entre seis legisladores fustigadores: la arista Magdalena Odarda, los dos del Foro Rionegrino y los tres diputados del Frente Grande. Esta barrera rebelde a Saiz confía en que cualquier “ley de necesidad” se transforme en un vaciamiento argumental al proceso del gobernador. ¿Qué quedará por consultar si la Legislatura aprueba esa norma?, dicen. Obviamente, los plazos fijados están rezagados frente a las urgencias pretendidas por Saiz. Mendioroz –un militante del rechazo– logrará esa valla legislativa, pero no detendrá el frenesí “reformista” de Saiz. “No habrá sanción a tiempo porque no llegarán a la segunda vuelta” antes del 27 de junio, sentenció Saiz. Expresó así que no habrá respuesta legislativa que cambie su marcha. También promete el veto, repitiéndose en su porfía con sus ex socios radicales. “Quieren chicanas, las van a tener”, insiste, molesto porque sus opositores contradicen su prisa. Esta enumeración de las tretas enuncia la obstinación de Saiz. Su oposición interna nunca calibró exactamente que el gobernador somete esta discusión a una cuestión personal, cuya resolución no concluirá en una salida acordada. Un empeño inusual dedica Saiz a esa pulseada. Brindó una desacostumbrada cortesía al intendente Jorge Ferreira y, además, se reunió con el jefe de los orgánicos, Fernando Chironi. Ambos gestos se dieron para obtener respaldos suficientes en el Plenario radical para su consulta y reforma constitucional. Logró ese apoyo partidario, pero la erosión fue importante. Requirió de alianzas internas para conseguirlo. Un esfuerzo extravagante en una estructura oficial que siempre veneró y respetó el mando del gobernador, y destinado esta última semana a doblegar el poderío de los guardianes de la estructura de la UCR, comandada por Jorge Pascual, ferviente paladín hoy de Mendioroz. Chironi fue el mayor accionista de Saiz en esa embestida. El ex diputado nunca vaciló, sólo retardó esa postura frente a la incomodidad de los suyos. Reubicó al sector orgánico en el debate interno y, además, se posicionó personalmente entre los potenciales candidatos del gobernador. Esta perspectiva explica el recelo que la irrupción de Chironi originó en el ministro César Barbeito y el intendente Ferreira, los otros aspirantes cercanos al mandatario. El emprendido camino de vuelta demandó una laboriosa faena del ex diputado nacional para persuadir a los suyos. Lo logró y montó una situación para explicar ese acuerdo. Exigió un texto partidario que se anexará al borrador constitucional. Sus tres puntos prevén que se elimine la reelección para todos los cargos provinciales y municipales, ceder la jefatura de la Fiscalía de Investigaciones a la primera oposición y exigir la comparecencia en la Justicia de todos los funcionarios con proceso. Chironi llegó con esas exigencias y amarró la redacción definitiva con el secretario general Francisco González. Poco desvelo puso Saiz en esa imposición “orgánica”. Ofrece poco apego y menos convicción. El proyecto oficial ya planeaba para la oposición el mando de los órganos de control. Nula atracción deposita el gobernador en la concurrencia a la Justicia. Una creencia real en ese juramento constitucional derivaría en que una hilera de funcionarios suyos marcharan a los estrados, desde el fiscal de Estado, Alberto Carosio, al ministro Omar Contreras, pasando por el secretario Osvaldo Mildenberger. Todos reiteradamente confirmados por Saiz, a pesar de las imputaciones penales en su contra. Los dos últimos fueron recientemente denunciados por el fiscal Pablo Berraz. Hay razonable suspicacia por la oportunidad de esas presentaciones. La lógica malicia radica en la conjunción política entre Berraz y Mendioroz. Esta evidencia no opaca la colección de innumerables irregularidades que complican penalmente a Mildenberger y a Contreras. Obcecado con el sostenimiento de sus hombres, terco con su objetivo de la modificación constitucional. Un aporte o un límite pondrá el STJ a la hoy anulada consulta del 27 de junio. El gobernador confía en un fallo favorable, aun con un ajuste del diseño electoral. Saiz conversó oportunamente de la convocatoria con los jueces Alberto Balladini y Luis Lutz. Fueron cautelosos, pero escucharon sus deseos. El lunes 31 de mayo, media hora antes del anuncio, el mandatario recibió en su despacho a Lutz. Aquél negó que esa reunión hubiera girado en torno a la consulta. ¿Qué otra inquietud pudo anidar Saiz en esas horas? No había otras. ¿O sí? Hay una vacilación judicial que sí guarda Pablo Verani: la causa penal de las coimas en la Lotería. El ex gobernador permanece sospechosamente callado después de que habló con Saiz en Buenos Aires. ¿Aquél le habrá pedido alguna gestión ante el STJ y, en contrapartida, ofreció su apoyo político, rápidamente ejemplificado con el aval a la renovación de las concesiones petroleras? Puede ser. Verani se desvaneció del espacio público y es la mejor contribución al gobernador. El STJ evalúa el expediente penal de las coimas de la Lotería, con condenas –que podría derivar en prisión– contra allegados a Verani: el ex interventor Miguel Irigoyen y el ex basquetbolista Andrés Santamaría, amigo de Emilio Verani, hijo del ex gobernador. La sentencia se leerá el 7 de julio, en pleno furor del Mundial. ¿Existe un retroceso institucional? Hasta ahora, Saiz computaba un logro al desatender los lazos habituales del Ejecutivo con la Justicia, incluso el STJ se quejaba por los desaires. ¿Otra etapa exigirá su retirada? Parece que sí. Saiz renueva retos complejos y esta semana, seguramente, sumará otro: presentará en la Legislatura su programa de renovación de las concesiones petroleras, que tiene el rechazo mayoritario de los diputados radicales. Un nuevo combate con múltiples y vagos intereses internos, inservibles al resto de los rionegrinos.

ADRIÁN PECOLLO adrianpecollo@rionegro.com.ar