Amenazas de bombas falsas: provincia demandará a los padres

Lo anunció el gobierno provincial. Presentarán acciones civiles para reclamar por los daños y perjuicios ocasionados por los operativos que se hicieron y los trastornos causados.



En la Escuela Secundaria 46 de Bariloche hubo varias amenazas de bombas falsas que provocaron suspensiones de clases. (Archivo)

En la Escuela Secundaria 46 de Bariloche hubo varias amenazas de bombas falsas que provocaron suspensiones de clases. (Archivo)

El gobierno provincial anunció que iniciará demandas civiles contra los padres de los adolescentes que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como los autores de las amenazas de bombas falsas que se multiplicaron en los días últimos en Roca y, sobre todo, en Bariloche.

La Provincia pretende con las demandas que los padres se hagan responsables por los daños y perjuicios ocasionados a raíz de las amenazas.

Desde el gobierno provincial difundieron este viernes un comunicado en el que informaron que tras “confirmar un modus operandi de amenazas falsas de bombas en escuelas públicas y privadas”, focalizado en Bariloche y Roca, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro “identificó a una decena de menores no punibles como autores de llamadas”.

En Bariloche acumulan 36 casos de amenazas de bomba en escuelas y la última semana el Consejo Escolar Zona Andina resolvió cancelar las clases en la Escuela Secundaria Rionegrina 37, donde se registraron 16 llamadas falsas.

Cada amenaza de bomba obligó a las autoridades a desplegar un amplio operativo de seguridad de acuerdo al protocolo. (Archivo)

“Esto le permitirá al Estado provincial iniciar acciones civiles contra los representantes legales de los menores involucrados”, adelantaron.

Provincia indicó que alrededor de “una decena de denunciantes falsos” de bombas en establecimientos educativos ya fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal, entre quienes sólo uno tendría edad para ser imputado.

“Para el resto, la demanda recaerá sobre los padres, madres y tutores legales de los menores, tal como ya se implementó en el caso del incendio intencional que arrasó con la ESRN 9 y el CEM 86 de Roca, hoy completamente reconstruido”, informaron.

“Es intención del Gobierno iniciar las acciones civiles correspondientes contra los representantes legales de los menores, a fin de reclamarles la totalidad de los daños ocasionados ante las reiteradas amenazas falsas de bombas en escuelas”, destacaron en el comunicado.

“En todo este tiempo, se ha producido un grave daño a la comunidad educativa y un gasto enorme en operativos al Poder Ejecutivo”, enfatizaron.

Recordaron que cada operativo en Bariloche por una amenaza de bomba falsa al 911 demandó un costo de 50.000 pesos, según datos del área de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Informaron que el Ministerio de Educación y Derechos Humanos “seguirá trabajando, junto al Ministerio Público Fiscal en el marco de su competencia, para avanzar en la investigación para determinar la autoría material de las amenazas, registradas este último tiempo en distintos establecimientos escolares”.


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