El desafío electoral

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

El discurso del presidente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, durante su visita a la provincia, apuntó a un tema de gran relevancia. El mendocino hizo notar que, más allá del “relato” político que se elija, son los hechos los que cuentan a la hora de calificar la gestión del representante de una provincia ante el Congreso Nacional. “¿Quién es mejor senador? ¿El que vota por el reparto 50 y 50 de los recursos entre Nación y provincias o el que tiene que hacer gestiones para que la Nación tape los descubiertos de su provincia y se puedan pagar los sueldos?” En campaña, dirigió su cuestionamiento hacia el senador del Frente para la Victoria Miguel Pichetto: “Las gestiones que hace para conseguir obras, recursos, no serían necesarias si el kirchnerismo hiciese lo correcto. Son fondos de los rionegrinos, que les corresponden a los rionegrinos, no un favor que le hace la presidenta a la provincia”, dijo. Con su frase, el precandidato a presidente por el radicalismo para el 2015 reveló dos certezas: la primera es que, si bien vino a apoyar la lista que –con miras a las PASO– propone a Fernando Chironi para el Senado nacional, su intención es orientar el debate hacia la elección general de octubre. La segunda es más dolorosa: Sanz puso en evidencia hasta qué punto las prácticas perversas de la política de los últimos veinte años han erosionado las creencias y conceptos ciudadanos. A partir de percibir, en dosis cotidianas, acciones contrarias a las normas –a modo del repique constante de la campana de la realidad, del “ser”–, hemos dejado de oír la voz de la Constitución, del “deber ser”. Hoy, una encuesta acerca de la legalidad o ilegalidad de prácticas políticas habituales arrojaría sorpresas respecto de que no pocos considerarían aptas conductas prohibidas por la Constitución, el Código Electoral e, incluso, el Penal. El aprovechamiento proselitista de los actos de gobierno, identificar una obra pagada por el Estado con el nombre del funcionario que la inaugura, considerar la entrega de netbooks, becas o subsidios como una dádiva del funcionario, presionar a un intendente o a un gobernador para lograr su adhesión a cambio de asignar fondos u obras a su jurisdicción, centrar las posibilidades electorales de un candidato en la foto con la presidenta o algún funcionario con poder sobre las asignaciones presupuestarias… Todas estas prácticas son, por un lado, pequeñas banalizaciones de la política. Por otro, reflejo de la inseguridad de los candidatos en su propia capacidad para convencer al electorado de la solidez de la propuesta. Peor aún, varias constituyen violación a normas de diferenciación de Estado y partido que están vigentes y son imprescindibles para una administración sana. No todo el partido de Ernesto Sanz está libre de culpas, como lo muestran los excesos cometidos por gobiernos de ese signo en ésta y otras provincias. Tal vez por eso, resultó llamativo el pronunciamiento del bloque de legisladores radicales rionegrinos, que –en razonable crítica al gobierno nacional– afirmó: “La Constitución no puede ser un traje a medida, sino el límite a las intemperancias del Poder Ejecutivo. (…) Lo que debe hacerse es cumplirla y no querer modificarla ‘a piacere’ a fin de que no se perpetúe en el poder ninguna facción política de turno”. Por alguna razón, también ciertos jueces se han acostumbrado a soslayar el análisis jurídico de prácticas políticas. Es de uso, para ello, la muletilla de evitar su “judicialización”. ¿No implica eso, en ocasiones, promover el “todo vale” en el ámbito del debate público? ¿En qué momento dejamos de considerar repudiable que se use el dinero del Estado –es decir de todos– para mejorar las posibilidades electorales de un partido o de sus candidatos? Esta licuación virtual de las normas por el desuso o la indiferencia generalizada tiene su correlato en ciertas decisiones judiciales. Esta semana, la Justicia Federal de Viedma avaló la candidatura de dos extrapartidarios en listas radicales para las PASO, pese a no haberse cumplido la exigencia de que la Convención, “por mayoría absoluta”, las autorizara. En fin, los partidos han definido ya sus candidatos y comienzan a jugar sus acciones proselitistas hacia las PASO del 11 de agosto y las parlamentarias nacionales del 27 de octubre. En Río Negro, el oficialista Frente para la Victoria definió sin internas sus candidatos al Senado y a Diputados. Ese trámite rápido le evitó a la agitada alianza provincial incrementar desacuerdos intestinos. Pero podría ocasionarle un efecto colateral indeseado. Es que el radicalismo, que sí usará la instancia de agosto como interna, presenta tres listas que disputarán las candidaturas para octubre. Esta competencia incentiva la movilización de dirigentes y, más notable, de militantes. Afiliados que se habían alejado hace tiempo de la política activa encuentran, en la diversidad de opciones, motivación para asistir a actos, participar y concurrir a las urnas. La posibilidad de que esto se traduzca en que las tres listas radicales sumen más votos que el Frente para la Victoria desvela hoy al oficialismo, consciente de la dificultad para generar acuerdos locales entre dirigentes de sectores internos del peronismo y entre éstos y el Frente Grande. Esta inquietud es mayor en Bariloche, ante la consolidación de que esas dos fuerzas competirán en la elección local para elegir intendente el 1 de septiembre. La rivalidad entre ambas y el rol institucional que tienen sus candidatos –la intendenta interina, la peronista María Eugenia Martini, y el concejal Carlos Valeri, del FG– tuvieron su punto álgido el jueves. La dirigencia local y provincial enmudecieron de ansiedad en espera de que la presidenta de la Nación “bendijera” con algún gesto o palabra a uno u otro. Tal señal no llegó y es posible que Cristina Fernández se haya cuidado muy bien de evitarla. Aun en la carencia, el gobierno provincial se las ingenió para discrepar: el secretario general de la Gobernación, Hugo Lastra, opinó que la foto junto a Martini constituía un respaldo presidencial. El gobernador Alberto Weretilneck, en cambio, señaló que la visita había sido sólo “institucional”. Pocos días separarán a las PASO del comicio en Bariloche, pero la atención se alterna entre ambas fechas. Ser la más grande de la provincia es una de las razones que le otorgan a la ciudad andina una preeminencia estratégica. Las otras son su notoriedad internacional a raíz de su atractivo turístico, sus contrastes sociales y económicos, y la reiteración, en los últimos años, de episodios de alta conflictividad. ¿Se plebiscitará la gestión provincial en agosto? ¿O será, como opina Sanz, la ocasión de votar a favor o en contra del gobierno nacional? Un poco y un poco. El oficialismo es, en ambos supuestos, el que enfrenta su más difícil desafío. Y el que muestra, por eso, una mayor inquietud.

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