Ataque a RÍO NEGRO: los primeros identificados están «borrados»
La Policía no consigue ubicar a los cinco individualizados por la violenta irrupción del martes. Presentaron un proyecto para que la Legislatura repudie formalmente las agresiones.
La irrupción del martes, luego de la formulación de cargos contra Báez por abuso sexual.
Los primeros identificados por el violento ataque a RÍO NEGRO están “borrados” de sus domicilios. La Policía intenta notificarlos desde ayer sobre el inicio de la causa penal y hasta este mediodía no podían encontrarlos. Si en las próximas horas no aparecen, se librarán órdenes de captura, para trasladarlos a una sede judicial y notificarlos oficialmente sobre esas actuaciones.
La información fue aportada por fuentes de la fuerza de seguridad, que busca cumplir con las instrucciones emitidas por el Ministerio Público, luego de que individualizaran a los primeros cinco sospechosos por la irrupción del martes al mediodía en la sede central del diario, en Roca.
Entre esas personas hay dos hijos del referente de la Organización de Desocupados en Lucha, Miguel Báez.
Además, un hombre de apellido Parra también integra la lista de los primeros identificados como protagonistas de los graves hechos ocurridos luego de la formulación de cargos a Báez, quien fue denunciado el año pasado por el delito de abuso sexual, que habría cometido contra una empleada de la organización que conduce.
Las fuentes consultadas este mediodía por RÍO NEGRO indicaron que las primeras notificaciones intentaron realizarse ayer y que si esta tarde continuaban sin encontrar a las personas buscadas, se pedirían las autorizaciones correspondientes al Poder Judicial, para realizar allanamientos y tratar de dar con los sospechosos en esos operativos.
“Que se siente posición desde el Estado”
Por otra parte, esta mañana ingresó a la Legislatura provincial un proyecto formal para repudiar la irrupción de los integrantes de ODEL -organización que forma parte de la CTA Autónoma de Río Negro- al edificio del diario.
La iniciativa fue presentada por el legislador de Juntos por el Cambio, Juan Martín, quien consideró que “los hechos del 23 de marzo revisten una gravedad que va más allá del daño material ocasionado y de las amenazas a determinadas personas”.
“Lo que quisieron hacer los manifestantes de la CTA Autónoma fue presionar a un medio periodístico frente a la publicación de determinadas informaciones”, sostuvo el legislador roquense.
Martín afirmó que “claramente, esto constituye un ataque a la libertad de expresión, uno de los derechos fundamentales de la forma republicana de gobierno garantizada por nuestra Constitución Nacional”. Y luego recordó que “la agrupación ODEL de la CTA Autónoma, y particularmente su líder Miguel Báez, tienen una larga historia de episodios violentos”.
“Sin embargo, pese a estos extensos antecedentes, la Justicia se ha mostrado extremadamente pasmosa a la hora de sancionar de manera efectiva a los dirigentes e integrantes de esta organización, que incluso cuenta con el reconocimiento y aval del gobierno a través del manejo de planes sociales y subsidios”, agregó.
Ante ese escenario, el legislador reclamó “un fuerte pronunciamiento institucional” de la Legislatura, “que siente una posición por parte del Estado y marque claramente que el pueblo rionegrino no está dispuesto a tolerar y mucho menos apoyar la violencia de grupos de delincuentes camuflados como organizaciones sociales”.
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