Causa sobresueldos: las defensas irán a la Corte Suprema
El miércoles vence el plazo para presentar los recursos. El reconocido abogado Cúneo Libarona se sumó a la defensa del exministro Barbeito.
Las condenas estuvieron vinculadas al manejo de recursos del Estado provincial, destinados al pago de adicionales salariales sin control. Foto: Marcelo Ochoa.
La causa de los sobresueldos de Río Negro –con condenas recién ratificadas por el STJ– irá a la Corte Suprema de Justicia, según adelantan las defensas. El plazo para presentar esas acciones vencerá el próximo miércoles.
Los distintos defensores trabajan en los recursos, que inicialmente pedirán la admisión del proceso extraordinario al máximo tribunal rionegrino y, frente a su posible rechazo, lo seguirá una queja para llegar finalmente a la Corte. En cualquier caso, esta etapa requerirá –como mínimo– de un año y medio a tres años, según admiten las partes, a partir si el STJ acepta o no su traspaso.
La semana pasada, el Superior Tribunal de Justicia confirmó –por mayoría– condenas de peculado para ocho exfuncionarios, entre ellos, siete exministros, vinculados al manejo de recursos del Estado rionegrino, entre el 2004 y 2010, y destinados al pago de adicionales salariales, sin control y en forma indiscriminada. Así, se ratificaron penas de tres años y medio para César Barbeito y Francisco González mientras que se convalidaron dos años y medio para los ex ministros Omar Contreras, Cristina Uría, Juan Accatino, Alfredo Pega y Diego Larreguy, como también para el extesorero, José Ongaro.
El abogado Damián Torres defiende a Barbeito y se sumó el letrado Mariano Cúneo Libarona. Oscar Pandolfi y Cecilia Cardela representan a González, Larreguy, Contreras, Accatino y Ongaro mientras que Juan Carlos Chirino lo hace por Pega y Uría.
El Superior Tribunal de Justicia confirmó –por mayoría– condenas de peculado para ocho exfuncionarios, entre ellos siete exministros rionegrinos.
El voto mayoritario de ratificación correspondió a los jueces Ricardo Apcarían, Rita Custet y Adrián Zimmermman, mientras Sergio Barotto y Enrique Mansilla plantearon la nulidad de la resolución del tribunal de justicia, con fuertes cuestionamientos a la elevación y acusación fiscal.
El escrito de Barotto será el principal anclaje de los defensores, que consideran “fundamentados y ligados a los preceptos de las garantías constitucionales”, con lineamientos requeridos por la Corte para aceptar un análisis de una causa provincial.
En su fundamentación, Barotto compartió censuras iniciales de los defensores y criticó la elevación a juicio por las “deficiencias en la descripción de los hechos –cuya existencia la Cámara reconoció expresamente como las relativas a la calificación”– y entendió que “perjudicaron el derecho de defensa de los imputados”.
Pese al cuestionamiento inicial a la acusación fiscal, el vocal del STJ –que luego respaldó Mansilla– después la hizo extensiva a la Cámara porque trató la cuestión de manera superficial” porque “al no reparar en la trascendencia de las imprecisiones y omisiones denunciadas por las defensas y dejando de lado además el texto de la ley procesal, que contempla expresamente la sanción de nulidad en supuestos como el analizado”.
Agrega que “la requisitoria de elevación a juicio” presenta, en primer lugar, algunas omisiones serias –no meras desprolijidades– que resultan incomprensibles en una causa cuya complejidad (por la índole del delito y el período de tiempo investigado, más la cantidad de personas involucradas) e inocultable relevancia social demandaban una especial diligencia funcional de parte del Ministerio Público Fiscal”.
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